Poner orden en la jungla inmobiliaria

“En Canarias no se está garantizando el derecho a una vivienda digna”.

Estas palabras, que llevan años siendo pronunciadas por la ciudadanía de las islas, salían recientemente de los labios del Diputado del Común del archipiélago, Rafael Yanes. Reconocía recientemente en una intervención que en 2022 había aumentado hasta en un 64% el número de quejas al Diputado del Común debidas a la situación de la vivienda.

A cualquiera que haya realizado una búsqueda de piso últimamente, esta intervención le aportará muy pocas novedades. No es noticia para nadie que el sector de la vivienda en Canarias es hoy una verdadera jungla.

Entre 2016 y 2021, Canarias fue la comunidad autónoma con mayor encarecimiento del alquiler de todo el Estado. Entre otras cosas, esto ha significado que la mayoría de las personas que pagan un alquiler en Canarias tienen que dedicar más del 30% de su sueldo para afrontarlo. En el caso de las personas jóvenes, la situación es bastante más grave: los menores de 30 años que se quieren emancipar deben dedicar hasta el 90% de sus salarios solamente para pagar el arrendamiento.

Por si esto fuese poco, nuestra Comunidad acumula un importante déficit en vivienda social. Como indicaba en su informe el Diputado del Común, Canarias necesita al menos el doble de las viviendas sociales de las que tiene actualmente para poder hacer frente a la necesidad existente entre la población.

Si a esto sumamos las tensiones que genera la especulación continua de capital extranjero y fondos buitre sobre el sector de la vivienda, o las que genera un alquiler vacacional completamente descontrolado, nos encontramos con que un derecho tan esencial como tener un techo bajo el que dormir se ha convertido en un espejismo.

Ante este escenario no cabe el inmovilismo. Urge adoptar soluciones desde el Gobierno de Canarias y urge hacerlo ahora, con medidas muy concretas:

1. Toca regular la venta de viviendas a grandes fortunas y empresas extranjeras que las usan para especular. Por ello hemos pedido al Gobierno estatal que Canarias cuente con una excepción insular que permita a nuestro Ejecutivo limitar la venta de casas a NO residentes. Canarias debe ser un lugar habitable para sus gentes, y no una partida de Monopoly para millonarios a costa del sufrimiento de nuestro pueblo.

2. La regulación de los alquileres no puede demorarse ni un minuto más. El PSOE debe entender de una vez por todas que el Gobierno de coalición se debe a la mayoría social, no a fondos buitre ni a patronales inmobiliarias como Asval (presidida por un antiguo ministro de este partido, lo cual quizá explique por qué Sánchez y los suyos siguen sin decidirse a meter mano en un mercado del alquiler totalmente disparatado).

3. Hay que devolver al mercado una parte importante de las más de 150.000 viviendas que actualmente se encuentran vacías en el archipiélago. Para ello, toca adoptar las medidas fiscales pertinentes: que tener casas vacías arbitrariamente no salga gratis, menos aún en una situación de emergencia habitacional como la que atraviesa Canarias actualmente.

4. Toca poner el mercado inmobiliario al servicio de la ciudadanía canaria. Para ello, hay que garantizar que al menos el 30% del suelo urbano consolidado se reserve para vivienda de protección oficial y alquiler social. 

5. Por último, y no por ello menos importante, es esencial regular estrictamente el alquiler vacacional para proteger el acceso de nuestra gente a la vivienda. Canarias no es un resort de lujo para turistas y el derecho a un techo de nuestra gente no es negociable.

Estas medidas no son solo ideas, sino políticas públicas que ya funcionan de forma exitosa a lo largo del globo: Canadá, Alemania, Países Bajos, México, Singapur, Barcelona. Incluso archipiélagos cercanos como las Islas Baleares, que ya son referencia de territorios que empiezan a tomar medidas contra la especulación para que la vivienda recupere el estatus que nunca debió perder: el de derecho humano básico que debe garantizarse.

Canarias debe sumarse a la ola del sentido común, y poner todos los mecanismos necesarios para que hasta la última familia del archipiélago tenga sus necesidades de vivienda cubiertas. El actual Gobierno autonómico cuenta con los números y los apoyos parlamentarios, políticos y sociales necesarios para hacerlo. A pesar de las presiones de los de arriba, es el momento de que las instituciones públicas demuestren que están de parte de la inmensa mayoría, para que su derecho a un techo digno sea una realidad. ¡Que no seamos el tablero de Monopoly de nadie!