Presupuestos, elecciones y confluencia

A nadie se le esconde que la esencia de la política, la que se oculta tras la oratoria y las declaraciones de buenas intenciones, se concentra en los presupuestos. Todos los discursos, todas las promesas, las supuestas diferencias entre unos y otros, se traducen inequívocamente en los desgloses presupuestarios.

El gobierno de Mariano Rajoy trasladó oficialmente al Congreso de los Diputados, el pasado 4 de agosto, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, obligando a que su debate y aprobación se realicen antes de finales de octubre, al tiempo que alarga la legislatura y aplaza hasta diciembre la convocatoria de elecciones generales.

Resulta obvio, por tanto, que el objetivo no es otro que el de apuntalar el presupuesto del próximo año al margen de quién gane las elecciones y atar de pies y manos al gobierno resultante, sea cual sea su color. Tan diligente ha sido, está siendo, el ejecutivo del PP, que pocos meses antes hacía llegar a Bruselas un Plan de Estabilidad 2015-2018 que supone la continuidad de las medidas austericidas desarrolladas a lo largo de estos últimos años y Rajoy, con este adelanto presupuestario, quiere garantizar la aplicación de al menos el primer tramo de ese plan, independientemente de lo que decidamos en las urnas.

Montoro se atreve a defender el proyecto de ley como “los Presupuestos de la recuperación” y se jacta definiéndolos como “profundamente sociales”. Parte de previsiones sobre-estimadas, como la de un crecimiento económico en torno al 3% del PIB y el consiguiente aumento de la recaudación de impuestos (dejando fuera del análisis que, al cierre de 2015, la recaudación de impuestos puede arrojar un desajuste de 3.800 millones inferior a lo presupuestado y que la previsión del 3% del crecimiento es difícil de asegurar, teniendo en cuenta la inestabilidad de la economía mundial -léase, por ejemplo, el seísmo económico que puede generar la caída en picado del gigante chino, o el anuncio por parte de la FED, Sistema de Reserva Federal de EEUU, de subir los tipos de interés en los próximos meses generando la posible huida de capitales hacia ese país-). Pero además, se marca el objetivo de reducir el déficit público del 4,2% hasta el 2,8% pactado con Bruselas, lo que requerirá un ajuste de 14.000 millones el próximo año, de los cuales 13.000 millones pretende alcanzarlos automáticamente a cuenta del señalado crecimiento por llegar y, como buen trilero, oculta que el presente ejercicio puede acabar con un déficit acumulado que podría suponer un nuevo reajuste de hasta 6.000 millones más, hasta alcanzar los 20.000 millones de euros que deberán salir de algún lado -adivine cada uno de donde-.

Por tanto, el envoltorio del regalo, las consideraciones de partida con las que se pretende hacer valer la viabilidad del proyecto de ley resultan, cuando menos, escandalosamente irreales. Pero, aún dando por buenas las cábalas del ministro de la sonrisa nerviosa, un somero análisis de la propuesta pone en evidencia que el gobierno del PP pretende vender latón como oro:

Frente al cacareado aumento social del gasto (pregonando a los cuatro vientos que, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad verá incrementada su partida presupuestaria hasta un 6% -en gran medida por la “Dependencia”-) se recortan las transferencias sociales a la autonomías, en las que recae la gestión de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, …) y se reduce, drásticamente, la financiación destinada a la atención a los desempleados. Sin embargo, si que aumenta -no podía ser de otra manera- la aportación económica encaminada a la amortización de la deuda y sus intereses, que para eso se modificó el artículo 135 de la Constitución.

Mención especial merece el estado de nuestra Seguridad Social y el Fondo de Reserva. Cuando Rajoy llegó a la Moncloa, la llamada Caja de las Pensiones disponía de 70.000 millones de euros y el sistema parecía garantizar la supervivencia de nuestro modelo y la cobertura de las necesidades para asumir y atender -en la próxima década- los gastos que en materia de jubilación supondrá la generación del Baby boom. En diciembre, la Caja contará con apenas 40.000 millones y, lo que es peor, el gobierno calcula que deberá volver a “sustraer” este nuevo año en torno a los 6.000 millones y dada la desviación entre las previsiones y la recaudación real en concepto de cotizaciones sociales, esta va a ser la tónica en los próximos ejercicios financieros. En estas condiciones, dedicando la hucha a la especulación financiera, a las ayudas sin contra prestación efectiva a ciertos ámbitos empresariales y a la propia cobertura de las pensiones actuales, el objetivo oculto se cumplirá antes de lo que podamos pensar – el sistema público resultará inviable y el servicio será entregado, a modo de negocio al modelo de los Fondos Privados de Capitalización.

El déficit, que crece a pasos agigantados, no sólo tiene su origen en el dispendio, sino sobre todo y fundamentalmente, en las vergonzantes cifras de paro provocado, en la disminución de los salarios y en la maxi-flexibilización del mercado de trabajo resultante de salvajes reformas laborales, pero lejos de corregir esta tendencia, se huye hacia adelante apostando por más precarización del nuevo empleo y por la contención-reducción de la masa salarial -por mucho que se empeñe Montoro en destacar que el estado garantizará incrementos para los funcionarios y los pensionistas (1% y 0,25% respectivamente)-.

El gobierno llama a la tranquilidad argumentando que todo está bajo control y que, de hacerse necesario actuar para corregir un más que previsible déficit sobrevenido, siempre tendrá a mano eventuales incrementos de los impuestos indirectos, fundamentalmente el IVA. Vamos, la cuadratura del círculo; más presión añadida a los depauperados bolsillos de las y los ciudadanos.

En resumidas cuentas, la inversión publica realmente disminuye (algunos economistas hablan de en torno a un 40%), se desatiende a las autonomías y se aumentan los agravios comparativos entre los diferentes pueblos del estado, las prestaciones sociales se recortan y la seguridad social está en peligro de muerte.

Mientras tanto Bruselas, “muy atenta”, se muestra dispuesta a hacer la vista gorda frente a unos presupuestos que, aunque sean de risa, finalmente redundarán en una mayor dependencia del estado español de las tesis y estrategias del capital financiero. Al fin y al cabo, lo que más les preocupa es la “estabilidad política” y que nadie interfiera en la hoja de ruta. Los presupuestos serán revisados por la Comisión, pero si hay que hacer un guiño a Rajoy, se hará y si no gana las elecciones, que quién le siga no tenga fácil sacar los pies del tiesto.

En esta tesitura, la primera pregunta que surge es ¿por qué los partidos con representación parlamentaria han permitido, sin demasiadas resistencias, que el gobierno impusiera su calendario electoral? Al hacerlo han dado luz verde a la elaboración de unos presupuestos que condicionaran sobremanera al gobierno que salga de las urnas en los próximos comicios. Aceptar la farsa de su debate parlamentario, frente a una mayoría absoluta que lo impondrá, tendrá el paradójico efecto de su legitimación (por muchas críticas que se afane en mostrar la oposición) .

De poco sirve el anuncio de la dirección del PSOE proclamando su intención de presentar unos presupuestos alternativos en el caso de ganar las elecciones. En el hipotético caso de que así ocurriese y aún en el caso de que esa fuese su voluntad, automáticamente se encontrará de bruces con las presiones de los bancos y de la propia Troika. Los hechos demuestran que ninguna victoria electoral garantiza un cambio real de política y mucho menos si el actor que se promueve como sujeto de ese viraje, es quien ya ha demostrado que siempre termina asumiendo el mismo catecismo económico que aquel al que pretende desplazar.

Por otra parte, el ejemplo de lo acontecido en Grecia, confirma la sospecha de que, por si mismas, las “promesas” de una supuesta “izquierda rupturista” no son suficientes para hacer frente a la apisonadora de las estructuras de poder que dirigen la Unión Europea y estrangulan la soberanía de los estados.

Si de verdad se quiere estar en condiciones de revertir de manera efectiva el actual statu quo, se hacen necesarias dos condiciones indispensables -que además han de ir de la mano-.

De un lado, implementar los mecanismos e instrumentos necesarios para garantizar que se dispone de una opción electoral capaz de concentrar el apoyo de una mayoría social ávida de cambios reales. En este momento, sin duda, esto pasa por vencer el ancestral cainismo de la izquierda y “confluir”, con generosidad y amplitud de miras. Pasa por ofertar a la ciudadanía la posibilidad de aglutinar sus votos; en lugar de fraccionarlos para asistir nuevamente al triunfo del esquema bipartidista, es decir, continuidad o alternancia -al fin y al cabo, continuidad-.

La segunda condición, requiere que esa “confluencia” no se articule a modo de simple intercambio de cromos, limitándose a negociar “por arriba” las posiciones en las candidaturas electorales. Al decir verdad, debería ser éste el último elemento a abordar y no estaría de más que, a la hora de hacerlo, se echara mano de lo aprendido en las experiencias de conformación de las Candidaturas de Unidad Popular en las pasadas elecciones municipales.

Lo verdaderamente importante es que, de una vez por todas, seamos capaces de ofrecer una “concreción práctica y coherente de medidas diferenciadoras”; un PROGRAMA definitorio, que presente con claridad la viabilidad de una alternativa real al dictado de los mercados y la posibilidad de recuperar la soberanía de los estados, al tiempo que contribuir a la construcción de otra Europa -incluyendo la posibilidad de una eventual salida del euro y la re-estructuración del pago de la Deuda-.

Es necesario además que se adquiera el compromiso de explicarlo, con tanta sinceridad y valentía como pedagogía para hacerlo comprensible y creíble.