La sentencia absolutoria que se le vuelve en contra a la presidenta del PP de Fuerteventura

A Águeda Montelongo, la presidenta del PP de Fuerteventura, se lo advirtieron desde el primer momento: no presumas mucho de esta sentencia porque está cogida con alfileres. El TSJ de Canarias la absolvía por sorpresa el pasado mes de diciembre de 2015, en plena campaña electoral, de los delitos por los que se sentaba en el banquillo: prevaricación, falsedad documental y malversación. Montelongo había ordenado pagar con dinero del Patronato de Turismo de Fuerteventura diversos agasajos (hoteles y coches de alquiler, básicamente) a varios altos cargos de su partido de visita a la isla. Era una condena de libro, pero milagrosamente tanto ella como los otros dos acusados resultaron absueltos.

Pasado un tiempo que ella debió creer prudencial, Águeda Montelongo se olvidó de los sabios consejos y, probablemente empujada por su imprudente abogado, Eligio Hernández, desempolvó la sentencia y la presentó ante el Cabildo de Fuerteventura para que le fuera abonada la minuta de su letrado, nada menos que 15.000 euros. Fue una mala idea porque esa exigencia dineraria ha provocado el efecto que trataron de evitar sus buenos asesores: que recordemos esa sentencia y algunos de sus aspectos más llamativos.

1) ¿Quiénes formaron el tribunal que absolvió a Águeda Montelongo? Fueron tres magistrados. Lo presidió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a quien acompañaron el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo alto órgano y el polémico magistrado Salvador Alba Mesa, investigado ahora por corrupción judicial, miembro de la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la salsa de todos los platos, el juez que últimamente aparece en todos los casos de corrupción de resonancia mediática.

2) ¿Pero quién llevó el peso del juicio? Salvador Alba Mesa fue el magistrado que se remangó durante el juicio del caso Patronato, especialmente para acorralar al principal testigo de cargo que tenía Águeda Montelongo: Santiago Santana, trabajador del Patronato de Turismo colocado allí por el Partido Popular. A Santana el PP trató de endosarle en la fase de instrucción toda la responsabilidad de lo ocurrido con las cuchipandas a dirigentes del partido (lo ratificaron en el juicio dos testigos más), pero sólo confesó que la orden provino directamente de Águeda Montelongo cuando fue interrogado ante el tribunal. Fue precisamente esa contradicción entre lo que dijo en la fase de instrucción y lo que dijo en la vista oral lo que valió al tribunal para dudar de su testimonio, y en gran medida absolver a la presidenta del PP canario y diputada regional.

3) ¿Qué hace en el TSJC el magistrado Alba? Salvador Alba Mesa se presentó voluntario a formar tribunal para este juicio, como hace habitualmente para sustituir a jueces en todas las jurisdicciones de la provincia de Las Palmas. A pesar de estar siendo investigado por corrupción judicial por haber participado supuestamente en una conspiración contra la magistrada Victoria Rosell, ex diputada de Podemos, sigue actuando con absoluta normalidad. Este mismo martes se conoció la sentencia del caso Calero, en cuyo tribunal también se sentó Alba. Igualmente ha sido designado como ponente para presidir el primer juicio de relieve del caso Unión, la investigación por corrupción más grave jamás detectada en la isla de Lanzarote.

4) ¿Qué dicen los “hechos probados” de la sentencia? “Es posible (y probable) que esta orden, indicación o sugerencia [de Águeda Montelongo conduciendo a que se pagaran con fondos públicos los gastos de sus invitados], aconteciera tal y como sostiene la acusación pública, pero este grado de probabilidad deviene insuficiente para concluir a la Sala a la convicción necesaria para fundamentar una condena penal”. Es decir, se da por sentado que la orden, indicación o sugerencia (escójase el verbo que más apetezca) provino de la señora Montelongo, pero como ocurriera con el también diputado del PP Jorge Rodríguez, igualmente absuelto por el TSJC, el árbitro pitó “peligro”. Ya se sabe: para que se pueda condenar a un dirigente de ese partido la cosa tiene que estar mucho más clara. Es decir, el cuchillo chorreando sangre en sus manos y la víctima convenientemente decapitada en el momento de irrumpir en el escenario del crimen la autoridad competente.

5) Es que eran cinco años, tú. Efectivamente: la Fiscalía Anticorrupción pedía para la presidenta del PP de Fuerteventura una condena de cinco años y ocho meses de prisión, estimación seguramente resultante de la acumulación de esos tres delitos. Algo que debió parecer una exageración al tribunal, que optó por dar por buenos los hechos pero no lo suficiente. Volvamos al caso de Jorge Rodríguez: su absolución (por otro tribunal) se debió a que el tráfico de influencias que se dio por cometido no fue lo suficientemente grave, no sacudió de manera irreversible los cimientos del Estado democrático como para condenarlo. En el caso Montelongo, el ponente recuerda que a) las facturas no estaban giradas a nombre de los invitados del PP (naturalmente, porque se camuflaron con nombres de periodistas y actrices para justificar el cargo); b) la acusada firmaba muchas facturas como para poder percatarse de esas en concreto, y c) al fin y al cabo estamos ante “una magra cantidad” de 1.346 euros, que fue exactamente lo que se detectó.

 

El Cabildo no pagará a Eligio

Pues bien, con este pedazo de sentencia se presentó la señora Montelongo ante el Cabildo de Fuerteventura, donde ejerce como portavoz del PP (en la oposición), para reclamar que le pagaran los honorarios de su abogado, casualmente Eligio Hernández, el mismo que en estos momentos trabaja para José Manuel Soria -mira tú qué casualidades que tiene la vida- en connivencia con el magistrado Salvador Alba, anda, otra casualidad, que tiene como letrado defensor en su causa por corrupción judicial al otro abogado de Soria, Nicolás González-Cuéllar. Pero a lo que íbamos: los servicios jurídicos de la Corporación aceptaron inicialmente la petición de la reclamante Montelongo porque la norma admite el pago siempre que el funcionario o cargo público resulte absuelto. Pero tras leerse con detenimiento la sentencia y comprobar los hechos probados, que confirman que efectivamente la señora reclamante ordenó, sugirió o indicó que con fondos públicos se pagaran cuchipandas privadas, los letrados del Cabildo dieron marcha atrás y dejaron en manos del pleno de la Corporación tomar la decisión política. El pleno se reunió este lunes y acordó por mayoría aplastante rechazar la petición de Águeda Montelongo. Sólo hubo un voto a favor, el del único consejero del PP que se constituyó en el acto. Se abstuvieron Nueva Canarias y el partido del marqués de las Dunas. El grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y el PSOE, se opuso.