Clavijo, Díaz, el cilantro y el perejil

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (de Coalición Canaria, claro), convocó de urgencia a la prensa tinerfeña a mediodía de este lunes para trasladarle eufórico el archivo de la denuncia interpuesta por la oposición municipal por el llamado caso Grúas. Díaz no dudó en reclamar disculpas públicas a los denunciantes por lo que él considera un nuevo patinazo judicial que, efectivamente, puesto en relación con otros, dejaría en evidencia a los denunciantes. Pero la euforia es mala consejera, y quizás el señor alcalde debió hacer más caso a la prudencia de los veteranos letrados que recomiendan a sus clientes esperar a que los trámites judiciales concluyan y los sobreseimientos provisionales se tornen definitivos. Porque siendo cierto que este lunes se conoció un auto por el que se archiva la denuncia contra él y su antecesor en la alcaldía, el señor alcalde-presidente de Canarias, Fernando Clavijo, igualmente cierto es que el auto en cuestión es más flojo que una ronda de unos y que, muy probablemente, no resista su ineludible paso por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Tiene muchos bemoles que una denuncia de este calado haya sido despachada por su señoría sin la mínima práctica de una prueba, sin recabar informes municipales, sin llamar a declarar a las partes implicadas, sin escuchar lo que pudiera opinar el Ministerio Fiscal y, en el colmo de los colmos, mezclando delitos que -en ningún caso, porque no es obligado- son enunciados por los denunciantes en su escrito. Cualquiera con unos mínimos conocimientos de Derecho se echaría las manos a la cabeza ante la lectura del auto porque confunde delitos como la prevaricación con la malversación y el tráfico de influencias como quien confunde cilantro con perejil, y resta cualquier atisbo de gravedad a la amistad de Clavijo con los trabajadores, luego “empresarios” que se quedaron manu militari con el servicio de grúas de La Laguna al considerar que el hecho de que solo tres de los siete socios tuvieran esa relación con el alcalde desmonta cualquier sospecha. Tres amigos que, un par de párrafos más adelante, se reducen a dos y que hubieran desaparecido del todo de haber durado un poco más el auto en cuestión.

Pero a los efectos políticos (y periodísticos), lo que califique penalmente un auto más o menos afortunado (recurrible por sus cuatro costados) pasa a ser secundario ante la evidencia de lo ocurrido en el Ayuntamiento de La Laguna durante la etapa de Fernando Clavijo como alcalde, y de su sucesor, José Alberto Díaz, como concejal de Seguridad. Porque en ese auto se dan por probados los hechos denunciados por los concejales de la oposición, es decir, que durante aquellos años de impunidad el Ayuntamiento de La Laguna promovió operaciones deplorables en torno al servicio municipal de grúas, operaciones consistentes en expulsar a las bravas al justo concesionario para que su lugar lo ocuparan algunos de sus empleados, a la sazón amigos de Fernando Clavijo, después de acontecimientos sospechosos como el desguace de vehículos custodiados por el consistorio y su venta por piezas, hechos que se investigan (ahí sí) en otro juzgado de la ciudad. Empleados convertidos en empresarios a los que el Consistorio dispensó un descarado trato de favor en forma de ampliación (ilegal) de la concesión administrativa y concesión (ilegal) de un préstamo de 120.000 euros del erario público. Todo ello con los reparos de la Intervención y de los técnicos municipales convenientemente levantados por el señor alcalde-presidente en unos hitos que la señora jueza considera tan naturales como la resolución de una discrepancia de criterio entre juristas ante la observación de un hecho.

Confundir la verdad judicial, que obligatoriamente ha de conducirse por los derroteros de las leyes y todos sus dobleces, con la verdad material conocida por todos y ni siquiera desmentida por los jueces, es el reverso tenebroso en el que se deslizan los que precisamente acusan a los adversarios de judicializar la vida política. ¿Judicializa más el que cumple con su obligación de denunciar delito o el que, amparándose en un archivo, trata de santificar su comportamiento reprobable?

Es preciso llegados a este punto recordar el papel de palanganero que en el caso Grúas ha desempeñado el Partido Popular, tapando las vergüenzas que ni siquiera Coalición Canaria supo tapar a lo largo de este proceso. La actuación del senador Alarcó, también concejal en La Laguna y presidente de la correspondiente comisión de investigación ad hoc, fue el primer síntoma de que los populares iban a bajarse los pantalones ante Coalición Canaria, como se está comprobando ahora en las negociaciones para formar gobierno conjunto en la Autonomía.

¿De verdad alguien de la oposición lagunera tiene que pedir disculpas? Pocas bromas con esto, por favor.