Luz verde al plan contra incendios de Gran Canaria con medidas operativas y preventivas

El Consejo de Gobierno de Gran Canaria ha dado luz verde este lunes al Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la isla para 2025, que cuenta tanto con medidas para evitar los fuegos en el monte, así como otras de carácter operativo una vez la emergencia se desata.

Este plan, ha detallado el Cabildo de Gran Canaria en un comunicado, tiene su base en los estudios y valoraciones que se han efectuado sobre el riesgo que presenta el territorio insular en la actualidad y el previsible para el futuro, dado el aumento de la superficie forestal y la influencia que tiene el cambio climático en el desarrollo de este tipo de siniestros.

En la faceta preventiva, define las acciones encaminadas a evitar o reducir los incendios forestales y sus efectos, principalmente con la creación de áreas de baja carga y con programas preventivos específicos basados en investigaciones acerca de su causalidad y, en particular, de las motivaciones que puedan ocasionar fuegos intencionados, y se señalan medidas para prevenirlos, detectarlos y extinguirlos de manera coordinada.

En lo que se refiere al ámbito operativo, el propósito es regular la vigilancia, utilización, coordinación y movilización de los medios y recursos de los organismos públicos y privados que existen en Gran Canaria con la máxima eficacia posible, una vez se desata una situación de emergencia por fuego forestal en la isla.

Ello con la premisa de que la protección de la vida y la seguridad de las personas prevalecen frente a cualquier otro valor, resalta la corporación insular.

El plan establece tres épocas de peligro de incendios forestales: la temporada alta, que discurre del 1 de julio al 30 de septiembre; la media, entre el 1 y el 30 de junio y el 1 y el 31 de octubre, y la baja, que transcurre del 1 de noviembre al 31 de mayo, de modo que a cada una le corresponden diferentes acciones de carácter preventivo.

El documento, elaborado por técnicos insulares, contempla todas las variantes que condicionan los incendios forestales en Gran Canaria, para lo que se ha efectuado un análisis del territorio insular, tanto en cuanto a su fisiografía, a su vegetación, a los espacios naturales protegidos que posee y a su climatología.

Aborda, asimismo, la situación socioeconómica de Gran Canaria, junto a un estudio de los riesgos de incendio y la zonificación de la isla de acuerdo con ese parámetro, ahondando en que el abandono de los aprovechamientos y usos tradicionales forestales, de la actividad agrícola en la interfaz agrícola-forestal y de la ganadería extensiva controlada han favorecido la generación de matorrales en el medio forestal, que da lugar al aumento del combustible disponible en lugares de alto riesgo.

Además, pone de relieve que la cercanía de los núcleos urbanos a las zonas forestales y los cambios de usos y actividades en el monte favorecen el desarrollo de espacios de esparcimiento y disfrute más propias del sector servicios, que incrementan el riesgo de incendios accidentales o debidos a negligencias.

Igualmente, este documento aprobado por el Consejo de Gobierno de la isla incorpora un mapa de riesgo por incendios forestales en el que se reflejan ocho Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales, que alcanzan una superficie total de 64.488 hectáreas.

Se trata de los pinares de los macizos de Inagua, Pajonales y Tauro, los del macizo de Pilancones, los de la cumbre central, los del macizo de Tamadaba y Tirma, y los de los Moriscos, además de los palmerales de la cuenca de Tirajana y Fataga, los almendros y matorrales de leguminosas del barranco de la cuenca de Tejeda y la interfaz urbano-forestal de medianías del norte.

A ellas se unen las Zonas de Medio Riesgo Forestal (ZMRI), que tienen una superficie global de 3.415 hectáreas y que, en su mayoría, se reparten por las medianías de la isla.

Para describir el dispositivo general con el que se hace frente a las tareas de vigilar, prevenir y extinguir los incendios forestales, el documento ahonda también en el catálogo de los medios y recursos disponibles y de las infraestructuras existentes, e indica las medidas preventivas que se llevan a cabo, la regulación de usos y prohibiciones, y la planificación para el ámbito local.