El acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, en tela de juicio por el Sahara Occidental
El acuerdo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos puede ser declarado ilegal si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene en cuenta la opinión de uno de los abogados generales de la corte, que concluyó que “no es válido” por aplicarse al Sahara Occidental y a las aguas adyacentes.
Según el letrado, al celebrar el acuerdo, la Unión “incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sahara Occidental a la libre determinación” y de “no reconocer una situación ilegal resultante de la vulneración de dicho derecho”.
También opinó que la UE no ha fijado “las garantías necesarias para asegurar que la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental redunde en beneficio del pueblo de dicho territorio”.
Aunque las opiniones de los abogados generales no son vinculantes, suelen marcar el camino que sigue el alto tribunal con sede en Luxemburgo en su sentencia.
El acuerdo pesquero vigente entre la Unión Europea y Marruecos, de 2006, ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013.
El pasado lunes la Comisión Europea pidió precisamente la autorización de los países de la UE para actualizar de nuevo el protocolo, que caducará el próximo 14 de julio.
La UE y Marruecos celebraron en 1996 un acuerdo de asociación, diez años después un acuerdo de pesca y en 2012 un acuerdo de liberalización en materia de productos agrícolas, agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca.
El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en diciembre de 2016 que los acuerdos de asociación y de liberalización entre las partes no se aplicaban al Sahara Occidental. No obstante, la corte no se pronunció sobre la validez del acuerdo de pesca.
Las conclusiones publicadas se refieren a una denuncia planteada con motivo del acuerdo pesquero ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y País de Gales por Western Sahara Campaign, una organización de voluntariado en el Reino Unido cuyo objetivo es promover el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.
Según esa organización, las autoridades británicas actúan ilegalmente cuando aplican dicho acuerdo y, concretamente, cuando dan un trato arancelario preferente a los productos originarios del Sahara Occidental que van certificados como originarios del reino de Marruecos.
La misma organización pone además en tela de juicio que las autoridades británicas tengan la posibilidad de otorgar licencias para pescar en las aguas adyacentes al Sahara Occidental.
En las conclusiones presentadas, el abogado general propone que el Tribunal de Justicia conteste que sí es competente para apreciar si son legales los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, que asociaciones como Western Sahara Campaign pueden cuestionar el acuerdo de pesca y que ese protocolo no es válido, por aplicarse al territorio y las aguas del Sahara Occidental.
La eurodiputada de IU Paloma López pidió a la UE “escuchar y acatar” las recomendaciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el acuerdo de pesca con Marruecos, para que “prevalezca la legalidad y la ética frente al expolio de los recursos del pueblo saharaui”.
Las conclusiones del abogado general del TJUE confirman que “resulta ilegal cualquier acuerdo sobre sus recursos”, según López.
Por su parte, el eurodiputado del grupo ecologista europeo Florent Marcellesi (Equo) valoró la opinión del letrado e indicó que deja claro que “el acuerdo vulnera el derecho internacional”.
“El abogado general confirma, otra vez, el absoluto fracaso legal, político y moral de la Comisión Europea y de la mayoría de los estados miembros en relación a este territorio y a su gente, y al derecho internacional”, dijo Marcellesi.
El eurodiputado pidió a la CE “que deje de negar lo evidente: Marruecos es el poder ocupante ilegal y la noción de poder administrativo de facto es una tomadura de pelo”.
En el mismo sentido, el portavoz en la Eurocámara de Podemos, Miguel Urbán, dijo “exigir una vez más a la UE que no reconozca ni apoye esta ocupación ilegal del Sáhara Occidental, que no anteponga sus intereses económicos y comerciales al legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo Saharaui”.
Según Urbán, “la CE debería suspender inmediatamente sus negociaciones de nuevos acuerdos de pesca y agricultura y llevar a cabo una revisión inmediata de todas sus relaciones con Marruecos para garantizar que se ajusten al derecho internacional en relación con el Sáhara Occidental”.
