Se abre el juicio del caso Icfem con penas mínimas y diez millones perdidos
Este jueves comienza a juzgarse en la Audiencia Provincial de Las Palmas el denominado caso Icfem, acrónimo del ya desaparecido Instituto Canario de Formación y Empleo del Gobierno de Canarias, un escándalo de presunta corrupción política de incalculables dimensiones cuando se destapó por parte de la Audiencia de Cuentas regional a finales de los años 90 del pasado siglo. Tanto, que acabó con el prestigio del Icfem por los suelos hasta cambiar su nombre por el actual Servicio Canario de Empleo, pero que 16 años después se desinfla hasta la nada más absoluta.
Era de suponer que la larga instrucción llevada a cabo en torno a las subvenciones públicas en materia de formación laboral por parte del Gobierno canario, que alcanzaba, como casi siempre ha pasado y se siguió haciendo en otras épocas y en otras instituciones españolas, a academias privadas y a escuelas vinculadas a sindicatos y patronales, acabaría destapando todo un modus operandi que cualquiera pueda imaginar, pero la causa que contó con decenas de imputados y acusaciones iniciales de la Fiscalía con penas de hasta cinco años de cárcel, no pinta para tanto.
En el banquillo de los acusados se sentarán, finalmente, solo tres ex altos cargos del Gobierno isleño de aquel periodo, durante las presidencias de Manuel Hermoso (1993-1999) y de Román Rodríguez (1999-2003). El exconsejero autonómico Víctor Díaz y los ex directores generales del Icfem Francisco Almeida y Diego León deberán responder a la acusación del ministerio fiscal por una veintena de supuestos contratos delictivos, no justificados por parte de las adjudicatarias de los mismos, empresas, sindicatos y patronales, por los que pide diez años de inhabilitación especial para Díaz y Almeida, y nueve para León. Ninguno de los tres ocupa ahora cargo alguno.
El caso Icfem ha dado tantas vueltas que esta misma semana la propia Audiencia Provincial ha eximido a otros dos ex directores generales de Empleo, Francisco Zumaquero y Tomás Quesada, de sentarse en el banquillo de los acusados este jueves. La Fiscalía no formuló acusación contra ellos en su segundo escrito de 2011, tras reformularse todo el caso a raíz de una nueva pericial que aseguró que los responsables públicos investigados no tenían responsabilidad alguna de la desparición de 10,5 millones de euros, concedidos a academias, durante el periodo investigado entre 1993 y 1998, pero sí mantuvo su acusación particular una academia de formación privada.
La semana pasada, la acusación particular quedó sin efecto al retirarse la academia del proceso, según han informado los periódicos de papel provinciales, y dado el principio acusatorio que rige en España, al no sostenerse acusación alguna, ambos ex directores generales se han librado de la denominada pena de banquillo. El juicio, en todo caso, más allá de la pérdida de sustancia que ha sufrido a lo largo de 16 años interminables de instrucción, tendrá algunas sesiones desde este jueves que pueden arrojar algo de luz a lo que se hacía, y cómo -y puede que así siga- a la hora de concederse subvenciones a patronales, sindicatos y academias para formar empleados.
Este jueves está reservado, en principio, a las cuestiones previas y el viernes toca interrogar a los tres acusados. Para las sesiones posteriores, ya la semana próxima y en julio, testigos que han significado mucho en la economía y la política canarias habrán de pasar por la Audiencia.
