La Justicia argentina condena, por primera vez, a ex directivos de una empresa privada por su participación en el secuestro y tortura de personas durante la dictadura militar
La justicia argentina ha vuelto a hacer historia al condenar, por primera vez, a dos ex altos cargos de empresas privadas vinculadas con la detención y tortura de personas durante la dictadura militar. El hito no es, ni mucho menos, menor. Esta condena –los fundamentos jurídicos se conocerán en marzo-, que inaugura la sanción de la responsabilidad de civiles en delitos de lesa humanidad vinculados con el Terrorismo de Estado, marca el camino para depurar las responsabilidades de muchos grandes empresarios en la dictadura argentina -los activistas prefieren el término cívico-militar para resaltar la participación de grandes empresas en el proceso-. Pedro Müller, ex jefe de Manufactura de la planta de la empresa Ford en la localidad bonaerense de General Pacheco –a escasos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires-, ha sido condenado a 10 años de prisión y Héctor Sibilla, ex jefe de Seguridad de la planta, a 12 al “considerarse probado que fueron partícipes necesarios” en el secuestro y tortura de 24 trabajadores de la empresa en 1976.
La condena, hecha pública este martes en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín también condenó a 15 años de prisión al que fuera jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Omar Rivero por su participación en los hechos. Todos los trabajadores eran delegados sindicales. Los tres acusados fueron condenados por los cargos de “detención ilegal” y “tormentos agravados”.
El marco en el que se produjeron estos gravísimos delitos fue el de la dictadura militar que gobernó a sangre y fuego la República argentina entre 1976 y 1983. Sólo un día después del golpe de estado (que sucedió el 24 de marzo del 76) los directivos de la empresa mantuvieron una reunión con los representantes de los trabajadores en la que se anunció la disolución de la Comisión Interna (órgano de representación de los trabajadores) bajo la excusa de que “la empresa Ford Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar”. La reunión, según explica una nota publicada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, acabó con una velada amenaza hacia uno de los sindicalistas. Guillermo Galarraga, gerente de relaciones industriales de la compañía, dijo: “Amoroso, dele saludos a Camps” –en relación al Coronel Ramón Camps, célebre represor durante el ‘proceso militar argentino’-. Al preguntar que quién era ese Camps, Galarraga respondió “ya se va a enterar”.
Esta condena es, sencillamente, histórica. “Hasta el momento ya tenemos unos 850 condenados por hechos relacionados con la represión y el terrorismo de Estado durante la dictadura: pero siempre son los que tuvieron a cargo la ejecución de los hechos, o quienes dieron las órdenes o los que pusieron los recursos para ello desde el ámbito militar”, explica Elizabeth Gómez Alcorta, abogada que ha participado en la causa y que investiga otros 25 casos similares. “Ahora queda demostrado que una empresa puede usar las estructuras de la producción y sus recursos para llevar adelante delitos de lesa humanidad contra los trabajadores”, añade. Aquí reside lo realmente novedoso. “Esto no lo habíamos visto nunca”.
La causa dio inicio en 2002. Y en todos estos años han pasado muchas cosas. Entre ellas la muerte de uno de los imputados –el ya mencionado Guillermo Galarraga- y de 12 de los 24 trabajadores que fueron secuestrados y torturados en su propio centro de trabajo. Y ahí está la clave de todo. Los gerentes implicados organizaron, en connivencia con las autoridades militares, un centro clandestino en la propia fábrica dónde los trabajadores señalados –por su militancia política o sus reclamos laborales- eran detenidos ilegalmente y torturados.
Carlos Propato era delegado sindical cuando lo secuestraron. “Aquel 13 de abril de 1976 me arruinaron la vida. Y más allá de los años de cárcel, y los destrozos físicos que me hicieron –en alusión a las torturas- lo peor que nos pasó es que nos marcaron con una cruz a fuego en la frente. Los trabajos no nos duraban más de 15 días y muchas familias quedaron totalmente destruidas. Yo vendía pan casero para poder sobrevivir”, rememora.
Hoy Propato ya es “un hombre grande” y no hay día que no recuerde el infierno que se inició en las instalaciones de la Ford en Argentina. Pero hoy es un día de celebración: “simples obreros han podido demostrar que una de las multinacionales más poderosas del mundo participó en la dictadura argentina. Estamos muy contentos y emocionados, porque fueron muchos años de trabajo y por el camino quedaron 30.000 compañeros”, sentenció el ex trabajador de Ford en alusión a los desaparecidos de la dictadura argentina.
Pero más allá de los años de condena, los fundamentos jurídicos del caso o las consecuencias que esto puede acarrear en el futuro, el fallo del tribunal bonaerense tiene un alto contenido simbólico. “Nadie está exento de la responsabilidad o está amparado por la impunidad si evita mancharse las manos de sangre”, señala la letrada Gómez Alcorta. “Lo novedoso y diferente del fallo es que se prueba la responsabilidad empresarial en la comisión de delitos de lesa humanidad y eso no había pasado antes en ninguna parte: ni en los Juicios de Nuremberg”. En esto, Argentina también marca el camino a seguir.
