El Ayuntamiento de Yaiza niega que exista ''riesgo de derrumbe'' en el edificio desalojado en Playa Blanca

Cien personas fueron desalojadas este martes de un residencial abandonado en Playa Blanca, en el sur de Lanzarote. El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife dio la orden, atendiendo a una petición del Ministerio Fiscal, amparándose en un informe del arquitecto municipal de Yaiza. Este documento, según fuentes consultadas por esta redacción, concluía supuestamente que existía riesgo de derrumbe en la urbanización y que esta no reunía las condiciones mínimas para vivir. Sin embargo, el Ayuntamiento de Yaiza, a través de un comunicado, ha negado que su informe técnico recogiera que en el inmueble hubiera ''riesgo de ruina o derrumbe''.

La corporación sí sostiene que las viviendas no cumplían los requisitos de habitabilidad, salubridad y seguridad de utilización. Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Yaiza, 99 personas, entre las que había más de 20 menores, vivían en 34 viviendas sin terminar. En varios casos, tal y como pudo comprobar este periódico, las propias familias se encargaron de pintar las fachadas y de instalar puertas y ventanas en la edificación.

Un informe de los Servicios Sociales del municipio ya había alertado a la Justicia de que entre las personas que allí vivían había niños y niñas, personas con discapacidad, cinco mujeres embarazadas, personas mayores e incluso un enfermo oncológico. ''Ya existían solicitudes registradas en el Ayuntamiento por los propios afectados del lanzamiento pidiendo informe de vulnerabilidad'', añaden.

Yaiza apunta que ''como hecho casi que común'' los ocupantes de las viviendas carecen de estabilidad laboral porque están pendientes de ''culminar la tramitación de su residencia legal en España''. Según algunos testimonios a los que ha tenido acceso esta redacción, otra de las razones que han llevado a los afectados a vivir en este residencial es la falta de vivienda en Lanzarote. ''Tenemos capacidad económica para alquilar una casa o un piso, pero la vivienda vacacional se ha comido todos los pisos para alquilar a larga estancia'', contó un afectado.

Competencias

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, y la concejala de Servicios Sociales, Karina Centeno, mantuvieron contactos con el Cabildo de Lanzarote y con el Gobierno de Canarias para reubicar a las familias más vulnerables. Entre las opciones que propuso el Ayuntamiento fue la habilitación de las casas de Medio Ambiente de Yaiza, la residencia de la Escuela de Pesca situada en Arrecife, el albergue de La Santa y el albergue del Aula de la Naturaleza de Máguez.

Esta última ha sido la alternativa consensuada y el mismo martes el Cabildo de Lanzarote habilitó el establecimiento para acoger a siete menores y 15 adultos. Sin embargo, tal y como ha asegurado el consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, las personas declinaron la oferta.

Yaiza defiende que las competencias en materia de Vivienda corresponden a la comunidad autónoma, por lo que defiende que tiene ''escaso margen de actuación en un asunto tan sensible como de difícil solución por la escasez de vivienda de alquiler y sus precios desorbitados en Lanzarote''. ''Son factores determinantes que lastran la búsqueda de soluciones habitacionales inmediatas para las personas afectadas, de hecho, el gobierno de Yaiza indagó entre grandes propietarios de viviendas para abordar el alquiler de inmuebles por la vía de emergencia y no fue posible, porque incluso hay personas desalojadas que aseguraron estar en capacidad de pagar un alquiler'', afirman.

El Ayuntamiento solicitó desde octubre colaboración al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y al Cabildo de Lanzarote. ''El Instituto Canario de la Vivienda confirmó que dentro del programa Pro-hogar no contaba con alternativa habitacional alegando la falta de informes sociales de vulnerabilidad, que por supuesto fueron enviados. Yaiza remitió un informe adicional sobre cuatro familias concretas pedido por el ICAVI'', sostienen desde la corporación.

''El Cabildo por su parte expuso en noviembre que valoraría el modo de intervenir, como podría ser el pago de alquileres, pero advirtiendo la dificultad porque la mayoría de personas que han solicitado informe de vulnerabilidad se encuentran en situación administrativa irregular. Sin embargo, luego sí pidió información del número de familias con menores a su cargo y otras valoraciones socioeconómicas que el Ayuntamiento cumplió con enviar'', relata el comunicado. Entre tanto, Yaiza también gestionó ayudas de alimentos y ayudas económicas, informes sociales de beca escolar e informes de derivación al Cabildo de Lanzarote y Cáritas.

Por último, Yaiza recuerda que ya cedió una parcela de 42.000 metros cuadrados al Instituto Canario de la Vivienda para la construcción de viviendas sociales en Playa Blanca. El Ayuntamiento espera que el ICAVI saque a concurso la redacción del proyecto para ejecutar las primeras 126 viviendas destinadas al mercado de alquiler social. Asimismo, el Ayuntamiento propuso al Ejecutivo regional la compra de viviendas en una urbanización de Playa Blanca como medida rápida y efectiva para paliar la falta de vivienda, ''potenciada por el mercado vacacional''.