El expresidente del Cabildo de Lanzarote y su amigo abogado insisten en que les investigue el juez Fiestras

Los principales acusados del caso San Ginés prefieren que les investigue el magistrado Ricardo Fiestras. El expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (CC) y su amigo el abogado Ignacio Calatayud se han opuesto al escrito de recusación presentado por el Consorcio de Agua de Lanzarote y la empresa pública Inalsa contra el nuevo instructor del caso. También han rechazado la recusación los investigados Pablo de la Vega Viñambres y Juan Luis Ceballos, administradores del concurso de acreedores de Inalsa, y la abogada Juana Fernández de las Heras.

Según el escrito de recusación, al que ha tenido acceso este periódico, el Consorcio e Inalsa entienden que Fiestras tiene “interés directo o indirecto en el pleito” por sus relaciones con Calatayud y por haber dictado, en contra de las instrucciones de la Audiencia Provincial, el sobreseimiento provisional de las diligencias previas 579/2016. Estas investigaban la contratación del abogado por su amigo San Ginés mientras era presidente de Lanzarote. En total, las cantidades pagadas al letrado ascienden a un millón y medio de euros.

El caso fue incoado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife. Su titular, Jerónimo Alonso, dirigió la investigación hasta hace unas semanas. La Audiencia de Las Palmas, a petición de Ignacio Calatayud, concluyó que el juzgado competente para investigar el proceso era el número 4, cuyo titular es Ricardo Fiestras.

Este polémico magistrado fue sorprendido en febrero de 2021 en una fiesta ilegal en una villa del sur de Lanzarote. Ricardo Fiestras vulneró todas las restricciones impuestas para controlar la pandemia de COVID-19 en esta fiesta en la que también estaba Fernando Becerra, condenado en el caso Unión, una de las tramas de corrupción más grandes de Canarias.  Becerra sobornó con 600.000 euros a un político para que autorizara la construcción de una urbanización en el municipio de Yaiza. 

Mientras tanto, el juez Jerónimo Alonso cuenta en la actualidad con protección policial, después de denunciar que había recibido amenazas del entorno de las personas investigadas en la causa. Fue en abril de 2022 cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó solicitar esta medida de seguridad al Ministerio del Interior. 

Una “persecución política” 

Una información publicada por este periódico desveló los lazos empresariales de Calatayud con la familia de Fiestras. El abogado asesora a un importante grupo empresarial de la isla, propietario, entre otras firmas, de Plus Car, una compañía de coches de alquiler sin conductor que opera en Canarias. Se trata de la empresa Aníbal y Germán S.L. La compañía tiene su sede en la nave 4 de la carretera de Playa Honda a Güime. En esa misma dirección figuran las sociedades Mayoristas Canarios del Automóvil, S.L. y Explotaciones Agrícolas y Ganaderas Los Bebederos S.L., que tienen como administradora única a la hermana del juez, Ana Isabel Fiestras. 

Desde hace tiempo, el juez Fiestras conduce un Mercedes de lujo que se vende en el mercado por más de 100.000 euros. Sin embargo, no figura a su nombre en la Dirección General de Tráfico (DGT). El coche aparece inscrito aún a nombre de la financiera del fabricante, Mercedes Benz Financial Service, y figura destinado al alquiler sin conductor, lo que significa que está cedido en renting para su explotación.

Ricardo Fiestras y Germán Díaz, el empresario asesorado por Calatayud, no esconden su amistad. Lanzarote es una isla pequeña de apenas 150.000 habitantes, por lo que no han podido evitar que muchas personas los hayan visto juntos en más de una ocasión relacionada con el ocio. A algunas de esas comidas se ha sumado el abogado investigado Ignacio Calatayud.

Estas relaciones fueron aportadas por el Consorcio. Los investigados, que no niegan estos lazos, apelan a la “presunción de imparcialidad” del juez. El abogado, además, ha tachado de “absurdos” e “infundados” los argumentos que justifican el interés del juez en el pleito. “Es preciso identificar algo más que el mero chascarrillo vecinal”, reza en su escrito. 

El escrito de recusación presentado por Inalsa también hace referencia a una comunicación entre el político y el letrado en la que hablan sobre las preferencias de Calatayud sobre los jueces del partido judicial de Arrecife. “Para mí es el mejor”, afirma el abogado en relación a Fiestras en estas conversaciones, según el documento.

Tanto él como Pedro San Ginés han insistido en que los hechos son consecuencia de una “persecución política” hacia el político por parte del actual equipo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, liderado por el PSOE con Dolores Corujo al frente. En esta trama, se le atribuye al dirigente de Coalición Canaria todo el catálogo de los delitos de corrupción. San Ginés está siendo investigado en esta trama por prevaricación, malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La complejidad del caso ha empujado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a exigir refuerzos urgentes en el juzgado que instruye el caso. El Tribunal ha pedido más funcionarios tanto para el caso San Ginés como para el caso Mediador, investigado en Santa Cruz de Tenerife.