La Fiscalía cuestiona el interés del expresidente del Cabildo de Lanzarote en desbloquear la bodega Stratvs

El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), ha declarado este lunes 17 de febrero como testigo en el juicio del caso Stratvs. La bodega se construyó e inauguró antes de su mandato. Sin embargo, una vez en el cargo, el político firmó dos informes periciales judiciales que estudiaron las posibilidades que tenía la bodega de ser legalizada. La técnica Joana Macías concluyó de forma desfavorable hacia el complejo del empresario Juan Francisco Rosa y San Ginés solicitó a la Asesoría Jurídica de la corporación insular la revisión del documento por “excesos” y “errores de contenido”, algo que no ha hecho con otros casos, según la Fiscalía. “No recuerdo si lo he hecho otras veces, pero me pareció lo lógico”, sostuvo el testigo.

San Ginés aseguró que tampoco recordaba haber declarado ante los medios de comunicación ni haber dicho en un pleno que la técnica Joana Macías “era un peligro para la institución” y que ponía al Cabildo “a los pies de los caballos”. La letrada de la acusación particular, Irma Ferrer, también preguntó al expresidente sobre la destitución de Leopoldo Díaz como consecuencia del informe. Algo que el político negó con rotundidad: “Fue cesado por voluntad política”. Finalmente, el Cabildo fue obligado a restituirlo.

Con el propósito de “demostrar el delito de tráfico de influencias” que se imputa a Juan Francisco Rosa con motivo de sus posibles relaciones de interés con miembros de las administraciones públicas de Lanzarote, Ferrer también preguntó a San Ginés sobre su presencia tanto en la inauguración de Stratvs como en la boda de una familiar del empresario. “Fui a la apertura, como muchísima gente”, apuntó. Muchas de las cuestiones planteadas por la acusación particular fueron desestimadas por el tribunal, ya que “el delito de tráfico de influencias afecta no solo al influyente sino a quien se deja influir, por lo que podría suponer la imputación del testigo”, tal y como explicó el presidente de la sala, Emilio Moya.

Consejero de Agricultura y trabajador de Juan Francisco Rosa

Francisco Fabelo, exconsejero de Agricultura y también de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote ha testificado este lunes. Antes de su puesto en la corporación trabajó para el empresario Juan Francisco Rosa como promotor y director de Finca de Uga. Cuando pasó a formar parte de la administración, Fabelo reconoce que “no dejó el contacto con él, aunque no estaba contratado”.

El testigo señaló que, entre sus competencias como consejero figuraban la concesión de ayudas y la imposición de sanciones a cuestiones relacionadas con la agricultura, la ganadería, la Denominación de Origen, y el sector primario de la Isla en general. Interrumpida de nuevo por el tribunal, la letrada de la acusación particular señaló que “por la mañana, Fabelo aprobaba cuestiones muy relacionadas con la labor que desarrollaba Rosa, y por la tarde trabajaba para él”.

Una finca por 6.000 euros

José Juan Negrín Ramos, hijo de uno de los propietarios de la finca donde Rosa levantó la bodega, afirmó que el empresario solo se puso en contacto con ellos una vez antes de 2018, año en el que finalmente pagó el terreno. “Unos ocho años antes nos ofreció 6.000 euros con pagarés de 1.000 euros y yo lo rechacé. Quería el dinero junto, no con pagarés”, recuerda el testigo. La madre de Negrín, Olga María Ramos, también declaró en el juicio el pasado 12 de febrero, asegurando que Rosa les dijo que “no tenía dinero” para comprarles la finca, por lo que les ofreció formar parte de sus sociedades.

Ramos insistió en su declaración en que la obra comenzó sin autorización de los propietarios. Este lunes, Negrín añadió que acudió a la oficina catastral del Ayuntamiento de Yaiza para saber lo que estaba pasando con la finca con la copia de la escritura en la que mostraba que era de su propiedad. Sin embargo, el acusado Blas Noda, funcionario del catastro municipal, no le permitió acceder a la documentación sobre el terreno. La defensa de Noda planteó que no puede darse información a quienes, aunque aparezcan como titulares en el registro, no figuren de esta forma en el catastro. Una afirmación que confirmó el testigo Fernando Alexis Melián, que también fue personal laboral del catastro de Yaiza en 2011. “Es por una cuestión de protección de datos”, matizó.

En la sesión también testificaron un agente de la Policía Local de Yaiza, que no recordaba nada del caso, la propietaria de una finca vendida a Rosa en Uga, Sebastiana Medina, y Eulalia Merino, técnica del área de Medio Ambiente del Cabildo insular. El juicio se reanudará el próximo 3 de marzo en Gran Canaria con las testificales de cinco agentes del Seprona.