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La marcha ‘La Palma tiene un límite’ reúne a unas 300 personas

Efe/La Palma Ahora

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Alrededor de 300 personas se han manifestado este domingo en Los Llanos de Aridane bajo el lema ‘La Palma tiene un límite’ para protestar en contra del modelo turístico desarrollado en Canarias. La marcha ha sido convocada por 15 colectivos de la Isla.

La manifestación ha cruzado Los Llanos de Aridane, tras salir desde la calle Calvario, atravesar la calle Real y llegar hasta la Plaza de España. Allí, Pablo Díaz, portavoz de 'Canarias tiene un límite' ha expresado las particularidades de la isla en sus reivindicaciones, y ha abogado por no repetir el mismo “modelo de masas que ha fracasado en el resto de islas”.

“Ya han proyectado dos campos de golf, hoteles dedicados a la salud de lujo, más carreteras... Están invadiendo también los espacios rústicos con vivienda vacacional y padecemos los problemas que ya están otras islas referido al acceso a la vivienda o los relacionados con la gestión del agua”, ha explicado Díaz.

Bajo el lema 'Canarias tiene un límite' y seis meses después de la última manifestación masiva el pasado 20 de abril, las movilizaciones han tenido lugar, en el caso de Tenerife y Gran Canaria, en Playa de las Américas y Maspalomas, epicentros del sector turístico desde hace décadas y donde miles de personas han marchado al ritmo de consignas como 'Canarias no se vende' o 'Marichal ponte tú a limpiar'.

El acto reivindicativo de este domingo pretende rechazar “un modelo turístico depredador del territorio y porque ese modelo ya está aquí. Cuando los responsables políticos de la Isla hacen creer lo contrario a la ciudadanía, cometen una enorme irresponsabilidad además de hipotecar nuestra tierra para las generaciones venideras”, advierten.

“Pasaron ya cinco meses desde las históricas manifestaciones del 20 de abril, y partidos políticos e instituciones, lejos de atender las demandas sociales y mostrar alguna señal de haber comprendido el gravísimo problema al que nos enfrentamos, siguen apostando por un modelo turístico insostenible y perjudicial para las personas y para la tierra. En La Palma también corremos ese riesgo”, afirman.

“Recientemente hemos visto cómo se aprueban y planean macroproyectos que perpetúan un modelo territorial completamente insostenible en el ámbito social y medioambiental en la isla de La Palma. Se trata de impulsar un modelo que consume recursos escasos como el agua, el suelo agrícola o la vivienda y que nos lleva a reproducir los mismos problemas que otras islas ya desbordadas. Intentar engañar a la población con la excusa de la urgencia de la recuperación tras el volcán invocando proyectos caducos e ilegales como única solución es un claro ejemplo de por dónde se quiere caminar desde las administraciones insulares y, todo ello, sin contar con la ciudadanía”, señalan.

“El aumento descontrolado de viviendas vacacionales y villas de lujo en suelo rústico para beneficio de capital extranjero o personas no residentes, en medio de un grave problema de acceso a la vivienda, la proyección de carreteras desproporcionadas como la prevista entre El Remo y La Zamora, la absoluta falta de planificación en cuanto a la ordenación del territorio tras la erupción del Tajogaite, con obras incomprensibles y de dudosa legalidad como la tubería en la nueva Fajana o el surrealista embarcadero de La Bombilla, son otros tantos ejemplos de que la apisonadora especulativa está ya actuando en La Palma”, detallan.

Exigen “un modelo de desarrollo para la isla que tenga en cuenta a las personas y el territorio donde viven, que tenga en cuenta que La Palma también tiene un límite y que es posible construir una nueva historia, con una economía a la escala de nuestro territorio, que ponga el sostenimiento de la vida y las personas en el centro. A pensar en cuestiones básicas como la soberanía alimentaria y energética, el acceso a una vivienda digna para las personas residentes, un uso eficiente y democrático del agua, una adecuada gestión de los residuos y las aguas residuales, el cuidado de nuestro suelo agrícola y los espacios naturales protegidos, fortalecimiento de los servicios públicos como la atención sanitaria y el transporte. Aspectos todos ellos que también generan economía, empleo y fortalecen el bien común, el interés general”, exponen.

Reclaman “lo que es de sentido común: fortalecer la isla apostando por modelos que no nos expulsen de nuestro propio territorio y destruyan nuestra casa y recursos comunes”.

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