La importación de arena saharaui, un expolio que pasa desapercibido
Hace casi un año, el 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló que la entrada de productos agrícolas y pesqueros saharauis en la Unión Europea no puede hacerse sin el acuerdo del pueblo saharaui y no puede beneficiarse de ninguna de las preferencias acordadas en el marco de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, ya que este carece de cualquier tipo de soberanía sobre los territorios ocupados en el Sáhara Occidental. Medio año antes de esta sentencia llegaba al Puerto de Arinaga dos veces cada semana el buque de bandera neerlandesa DC-EEMS cargado de arena saharaui con un destino: la playa que Anfi remodelaba en Tauro y que hoy en día, a pesar de que los trabajos ya se acabaron, no está abierta debido a la suspensión de la concesión administrativa de la Demarcación de Costas tras encontrarse varias irregularidades a la hora de otorgarse a la empresa los permisos. Según señalan desde la empresa del sector turístico, aunque en un principio en el proyecto se preveía arena de la playa de Las Canteras, tras ver que esta no cumplía con las garantías, decidieron en el proyecto se preveía arena de la playa de Las Canterasencomendarle la búsqueda de la misma a la empresa Galway Marine, que la trajo desde el desierto africano.
Mientras que los políticos canarios han pasado este expolio de arena por alto, fuera de las Islas el tema está llegando a diferentes cámaras tanto nacionales como internacionales. En el Senado el senador Iñaki Bernal, de Unidos Podemos, registró el pasado mes de julio una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que pedía explicaciones por la utilización de esta arena registró el pasado mes de julio una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que pedía explicaciones por la utilización de esta arenay que todavía no está respondida. Igual suerte ha corrido la europarlamentaria de Izquierda Unida Paloma López, quien a mediados de septiembre dio entrada en la Comisión Europea a varias cuestiones que tampoco han sido respondidas en las que, entre otras cosas, ponía el ojo en las medidas que exigirá la Comisión ponía el ojo en las medidas que exigirá la Comisión para asegurar que las autoridades nacionales impidan el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui, ante el incumplimiento de la legislación internacional y la sentencia del TJUE. Sin embargo, no solo políticos nacionales se han preocupado por el caso de la arena de Tauro ya que desde la Embajada de los Países Bajos en España se pusieron en contacto en verano con la Guardia Civil, a raíz de una investigación realizada por a raíz de una investigación realizada por The Guardian que tuvo repercusión en la tuvo repercusión en la prensa del país, para poder responder a una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al por entonces ministro de Exteriores, Bert Koenders, debido a que el barco DC-EEMS pertenece a la empresa neerlandesa EemsWerken. La respuesta de Koenders, en líneas generales, indicaba que el Ejecutivo no tenía constancia de ninguna denuncia sobre violación de la legislación del país, española o europea, y que desde los Países Bajos se recomienda no hacer negocios en el Sáhara sin que se beneficie a la población original.
Para Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo, con el expolio de arena saharaui existen dos prismas que se deben aplicar, por un lado el jurídico y por otro el político. Sobre el jurídico entiende que aunque la sentencia del TJUE está relacionada con los productos agrícolas y pesqueros, y por tanto la arena queda fuera de ella, sí se han marcado precedentes y jurisprudencia que se deben aplicar al punto de vista político y ético “para recordar que según el TJUE el Sáhara Occidental no es un territorio marroquí, es un territorio distinto y separado” y que por tanto cualquier acuerdo de asociación tiene que contar con el consentimiento explícito del pueblo de Sáhara Occidental. “No estamos hablando de beneficios, como se suele hacer, sino de consentimiento, es un asunto democrático y al mismo tiempo no hablamos de las poblaciones locales sino del pueblo saharaui, que es diferente porque con poblaciones locales podrían ser los colonos, hablamos del pueblo con derecho a decidir sobre el futuro del Sáhara Occidental”.
Pero Marcellesi también cree que este tema hay que tratarlo desde un punto de vista ético ya que “si entendemos esta jurisprudencia a cualquier tipo de producto que se extrae desde el Sáhara Occidental, como la sal, la arena o fosfato, desde luego tenían que contar con la misma jurisprudencia, es decir, por un lado el territorio del Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos, es un territorio no autónomo y en proceso de descolonización y por tanto no puede hacerse dentro de un marco de comercio entre la Unión Europea y Marruecos”, reclama, y subraya que en el caso de los áridos se trata de un comercio que desde el punto de vista internacional es ilegal porque es un expolio no consentido.
El político francés opina que las empresas encargadas de traer la arena para Tauro, es decir, Anfi y Galway Marine, son partes implicadas en el conflicto del expolio y pone de ejemplo una compañía danesa que decidió dejar de importar sal saharaui tras la sentencia. “No se puede decir que son los demás, no, una vez que se ha decidido comerciar con estas normas y reglas con el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, las empresas empiezan a ser parte de la ocupación marroquí”. Por tanto, llama a las compañías relacionadas con la arena de Tauro “a ponerse en contacto con el Frente Polisario y preguntarle y pedirles su consentimiento, si lo tiene podrán seguir adelante, si no fuera este el caso tendrán que retirarse para no ser parte del expolio del Sáhara Occidental”.
Sobre una posible batalla judicial contra las dos empresas, el representante de Equo sostiene que el Frente Polisario debería valorarla “para recordar que hay una ley, una sentencia, que marca precedentes y que las empresas pueden acabar en los juzgados simplemente porque todas las empresas tienen que respetar el derecho internacional”. Por el contrario, el senador Iñaki Bernal estima que hasta que no se transponga la directiva europea al territorio español, algo que suele tardar años, acudir a la vía judicial es optar por un proceso “que sabes que no lo vas a ganar”. “Hasta que no se transponga esa normativa europea a territorio español no es de ejecución obligada, entonces [las empresas] se aprovechan del limbo legal”, advierte.
Por su parte, Paloma López recuerda que con la arena saharaui existe un “absoluto negocio, muchas veces oculto y de una forma muy irregular”. La eurodiputada recalca que está a la espera de la contestación para pedir responsabilidades sobre lo que está sucediendo y que afecta a la playa del suroeste grancanario y que, aunque sabe que la sentencia del TJUE es posterior a la construcción, avanza que estará atenta a lo que suceda en el futuro cuando esta necesite más aporte de áridos. También apunta que por ahora no existe ningún precedente de empresas que hayan sido sancionadas por comerciar con productos saharauis sin permiso del pueblo, pero en cambio sí que existen países que se han negado a descargar material proveniente del Sáhara.
López también se preocupó por otro caso ocurrido en España con arena saharaui de por medio. En mayo de este año en Baleares tuvo repercusión la llegada de un buque con 35.000 toneladas de áridos destinados a tareas de mantenimiento de un campo de golf en Calvià. En este caso las preguntas registradas en la Comisión Europea sí fueron respondidas por Pierre Moscovici, actual comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas. El político francés señaló que las autoridades aduaneras, en caso de dudas razonables sobre el origen de los bienes, “deberán realizar investigaciones de conformidad con las disposiciones de cooperación administrativa establecidas en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos” y que desde la Comisión se está trabajando “de la mejor manera” para dar aplicación a la sentencia del Tribunal, “teniendo en cuenta la duradera asociación entre la UE y Marruecos, así como los intereses de la población del Sáhara Occidental, y a fin de mantener los intercambios comerciales en un contexto de seguridad jurídica. Con tal propósito, el Consejo ha autorizado a la Comisión a negociar un acuerdo sobre la adaptación de los protocolos del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos”.
Precisamente esta negociación es la que preocupa ahora a los dos eurodiputados, quienes denuncian el ocultismo con el que se está haciendo. López manifiesta que el actual mandato de negociación es “confidencial” y por tanto no conocen cómo afectará a la sentencia del TJUE. “Nos tememos que se quiera bordear todo el tema de la sentencia que está establecida sobre los recursos del Sáhara”, acusa. Mientras, Marcellesi indica que Equo ha marcado varias pautas y piden transparencia en esta negociación “totalmente opaca”. “Hemos pedido que la Comisión Europea respete al dedillo la sentencia del TJUE, lo que supone reconocer que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado y que necesita por tanto un consentimiento del Sáhara Occidental, lo cual significa que la Comisión Europea se tiene que poner en contacto con Marruecos y con el Frente Polisario, que hasta el momento no ha sido el caso, es ahí donde más enfoque estamos haciendo”.
Las empresas ven normalidad en estas importaciones
Anfi, la empresa que promovió la transformación de la desembocadura del barranco de Tauro de una playa de callaos a una de arena rubia, lanza balones fuera sobre su responsabilidad a la hora de formar parte de este expolio. Así, recuerda que en el proyecto que sirvió de base para la concesión administrativa se incluía arena de Las Canteras o de procedencia externa “ se incluía arena de Las Canterassin concretar su origen exacto para que el contratista pudiera acudir al libre mercado, únicamente se explicaba el diámetro de la arena entre 0,25 mm y 1.0 mm de color claro”. Tras descartarse la arena de la capitalina playa, contrataron con la empresa Galway Marine el volumen de arena con las características del proyecto y esta “se encargó de comprarla en el mercado, sin tener nosotros nada que ver con ello”.
Anfi se defiende asegurando que “muchas playas de Canarias tienen el mismo origen y la Administración Pública no se ha manifestando en contra” y que en el Archipiélago la arena saharaui se emplea “no solo para regenerar playas sino para el sector de la construcción, donde es muy habitual su uso”.
Sobre lo que plantea Florent Marcellesi de ponerse en contacto con el Frente Polisario como representante del pueblo saharaui, desde la compañía aclaran no entender “por qué se debe” hacer “si su origen es legítimo” y que en todo caso lo tendría que hacer el contratista. “Es un problema político del país de origen de la arena, no nuestro”, sentencia.
En cuanto a Galway Marine, su responsable es el empresario Manuel Barreto. En declaraciones a Diario de Mallorca en mayo de este año, admitió que lleva 25 años desarrollando estas operaciones y que se trata de una actividad “legal” ya que cuentan “con la autorización de la autoridad, que en estos momentos es la autoridad marroquí”.
En esas declaraciones al diario balear sostuvo que “no hay nada que lo haga ilegal. Quien es competente es el Gobierno español y no lo prohíbe. Así que todo es absolutamente legal” y que la arena se compra a ciudadanos que “son marroquíes legalmente, pero hablo de familias saharauis”.
