El Ayuntamiento de Mogán corre riesgo de disolución por incumplir la regla de gasto en año electoral
Los “hombres de negro” del Ministerio de Hacienda estarían tocando a la puerta del despacho de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), en 2020, si el jueves lleva a pleno y aprueba con su mayoría absoluta una modificación presupuestaria de 7,1 millones de euros. Incluso el Ayuntamiento de Mogán corre riesgo de una disolución de sus órganos de gobierno por comprometer más gastos de los fijados en su plan económico-financiero 2019-2020, y verse ante la imposibilidad legal de decretar la indisponibilidad de créditos para esos gastos ya comprometidos.
Así lo advierte el interventor de la corporación municipal del sur de Gran Canaria, Gonzalo Martínez Lázaro, en un informe sobre modificación presupuestaria y regla de gasto ante la pretensión de la alcaldesa de tirar de otros 7,1 millones de euros. El origen de las partidas, que este lunes pasan el trámite en la correspondiente comisión de Hacienda, sería a través del remanente líquido de tesorería. La mayor parte de esas partidas presupuestarias vacías son promesas electorales de Ciuca.
En su informe, el interventor municipal recuerda que en marzo de este año, con el PSOE en el pacto de gobierno con Ciuca y su concejal Artemi Artiles al frente de la Concejalía de Hacienda, el ayuntamiento aprobó un plan económico-financiero que abarca los años 2019 y 2020. Este ajuste en las cuentas se debió al incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto durante 2018. El plan estableció un límite de la regla de gasto de 34,4 millones de euros para este año, y de 34,5 millones de euros para 2020.
De este modo, según el estado vigente de ejecución del presupuesto a este mes de octubre, “se ha puesto de manifiesto un considerable aumento de las obligaciones reconocidas, especialmente en el capítulo 1 y el capítulo 2, lo que revela indicios de un riesgo de incumplimiento de la Regla de Gasto”, indica el interventor municipal.
En su informe, el fiscalizador de las cuentas dibuja dos escenarios posibles a 31 de diciembre, aplicando en el primero el grado de ejecución del presupuesto de 2018, y en el segundo, un grado de ejecución medio de los últimos ejercicios desde 2016. Así, de un lado prevé que en ambos escenarios se cumpla el objetivo de estabilidad, pero “con el escenario 1 cumpliríamos a duras penas la Regla de Gasto, mientras que con el escenario 2 incumpliríamos claramente, siendo necesaria la aplicación de las medidas coercitivas previstas” en la ley.
Estas medidas recogidas en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las entidades públicas a aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Ese acuerdo debe detallar “las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado”, es decir indicar qué recortes concretos llevará a cabo el grupo de gobierno municipal.
Además, el Ayuntamiento de Mogán se vería obligado a constituir, a petición del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito sería cancelado en cuanto se aplicaran las medidas que garantizaran el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y financieros marcados por la ley.
Estas medidas, de no cumplirse por parte de la administración pública, conllevaría “el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria”, los conocidos como “hombres de negro” que intervendrían las cuentas municipales según el grado de incumplimiento y de negligencia, hasta el punto de que “podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora”.
En sus conclusiones, el interventor advierte de ese grado de incumplimiento de la regla de gasto si se aprueba la modificación y la aplicación de esas medidas según la Ley 2/2012. Sin embargo, al tiempo que advierte de un claro riesgo de incumplir la regla de gasto y por tanto el plan económico-financiero 2019-2020, alerta de que si se adjudican esos contratos recogidos en esta nueva modificación de crédito 53/2019, sería imposible cumplir la exigencia legal de declarar la indisponibilidad de créditos, al quedar ya comprometidos mediante la aprobación en el pleno.
En su informe, así lo recoge y advierte sobre el riesgo de disolución de los órganos de la corporación municipal: “Una de las medidas coercitivas a tomar sería la declaración de indisponibilidad de créditos. Sin embargo, en caso de adjudicarse los correspondientes contratos, no sería posible declarar tal indisponibilidad [por ser ya un gasto comprometido], lo cual, en última instancia, podría llegar a considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, pudiendo llegar a implicar, incluso, la disolución de la corporación”.
Sin recursos para electricidad o asfaltado
La situación que ha llevado al Ayuntamiento de Mogán a tirar de 7,1 millones de euros de sus remanentes de tesorería se produce después de distintos informes de servicios municipales que declaran la insuficiencia de recursos económicos para poder afrontar determinados gastos. Una insuficiencia que en cada uno de esos informes de los servicios municipales es corroborada por el interventor: se han quedado sin dinero para poder seguir gestionando los servicios públicos.
Así, desde la Concejalía de Servicios Públicos se confirma a Intervención que ya no disponen de dinero para afrontar proyectos como la adquisición de vehículos para la Policía Local y Vías y Obras; la redacción de proyectos para nuevas instalaciones eléctricas de colegios y guarderías, de las oficinas municipales de Arguineguín, de los campos de fútbol de esta localidad y de Playa de Mogán, de la biblioteca o del archivo municipales. También declaran que no hay recursos para inversiones para paliar los malos olores de la estación de bombeo de Playa de Mogán, ni siquiera para hacer frente a los pagos de agua, luz ni telefonía pública.
En cuanto al departamento de Obras Públicas, se da cuenta también que no tiene créditos para afrontar una de las obras estrella promovida por la alcaldesa, Onalia Bueno, para este nuevo mandato: la obra de rehabilitación de la Playa de El Perchel en Arguineguín, que asciende a 1,8 millones de euros y es la mayor partida de esos 7,1 millones de euros que pretende aprobar el próximo jueves en el pleno. Obras Públicas también declara la imposibilidad de afrontar la construcción de los aparcamientos en el cementerio de Mogán casco, el saneamiento en el barrio del Cercado o la mejora del asfaltado de la cancha deportiva de Mogán.
Otra de las obras afectada por la falta de recursos económicos y que también fue una de las grandes promesas electorales en la campaña de mayo pasado es la de la construcción del centro socio-cultural de Mogán, iniciada y sin recursos para su finalización (la modificación prevé una partida nueva de 350.000 euros). Y otro de los grandes importes, por encima de los 900.000 euros, sería para el asfaltado de todo el municipio. También desde la Asesoría Jurídica se acredita la insuficiencia de recursos económicos para abonar facturas de abogados contratados para la asistencia jurídica del ayuntamiento en diversos pleitos.
El panorama que dibujan los diversos informes de los servicios municipales, antes incluso de la advertencia de disolución de la corporación por parte del interventor, pone en evidencia la ausencia total y absoluto descontrol del gasto realizado este 2019, año electoral. La solución que propone el gobierno municipal de Ciuca es que esos 7,1 millones de euros provengan del remanente de tesorería. En 2018, esos remanentes (dinero disponible en las cuentas municipales) ascendía a más de 31 de millones de euros. Tras las modificaciones ya ejecutadas al Presupuesto a lo largo de 2019, esa cantidad ha quedado por debajo de los 16 millones de euros. De aprobarse ahora una nueva modificación de crédito, el remanente no superará los 9 millones de euros, afectando a la sostenibilidad de los servicios públicos.
En la comisión informativa celebrada este lunes, el PP ha propuesto dejar sobre la mesa esta nueva modificación presupuestaria, ante las advertencias recogidas en el informe del interventor. La misma ha seguido su trámite con el voto favorable del grupo gobernante, Ciuca. El PSOE, su antiguo aliado y responsable del plan de ajuste 2019-2020, se ha abstenido. A la comisión informativa no asistió NC.
