Gran Canaria pide poder usar el superávit, endeudarse y contratar a más personal para hacer frente a la crisis

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado en Consejo de Gobierno una declaración por la que insta a los gobiernos canario, estatal y europeo a permitir el uso del superávit y los remanentes de tesorería, a endeudarse, a agilizar los procedimientos de contratación y a permitir la contratación de personal como “única fórmula para impulsar una economía de emergencia para afrontar esta crisis sin precedentes que no puede volver a ser cargada sobre la espalda de los más vulnerables.”

El Cabildo dice en un comunicado que “estos cuatro aspectos han supuesto una rémora en el funcionamiento de las administraciones, pero dada la situación socioeconómica aparejada a la crisis sanitaria, son aspectos que deben ser desbloqueados con urgencia.”

La institución insular dice que solicita que se le permita utilizar sus fondos propios para poder “proteger a las familias más vulnerables, atender los servicios públicos esenciales y dinamizar la economía local de manera eficiente y eficaz y con ello proporcionar un marco económico justo y solidario, un fin que con el dinero en los bancos no puede perseguir.”

Según informa el comunicado, el Cabildo de Gran Canaria ha consolidado un ahorro neto de 580 millones, tras restar los gastos pendientes de pago, quedan 350 millones de euros que, asegura “inmovilizados no ayudan a nada.” El Cabildo asegura que “son fondos necesarios para poner a las personas en el centro de las políticas para superar esta crisis y para ello es preciso que Europa y sus gobiernos comprendan que es la hora de las personas, por encima de otros intereses”.

El Cabildo pide también que las instituciones saneadas y con capacidad para ello puedan recurrir al endeudamiento público para paliar el desplome de los ingresos que sufrirá los próximos meses para poder atender el presupuesto vigente y, con ello, sostener prioritariamente los servicios públicos esenciales.

Además el Cabildo considera “absolutamente necesario” que se flexibilicen los procedimientos administrativos y los procedimientos de contratación con el fin de facilitar la ejecución de obra pública y todas las acciones insulares.

Finalmente, el Cabildo pide flexibilizar la contratación de nuevos empleados públicos, más allá de las tasas de reposición vigentes, “con criterios de igualdad, transparencia y publicidad, para afrontar con diligencia la adjudicación de las obras, servicios y suministros acordados y para garantizar los servicios esenciales”.

El Cabildo asegura que en los últimos años ha aumentado el presupuesto sin que el personal haya aumentado acorde al volumen de trabajo que ello lleva aparejado, lo que ha supuesto “un embudo que en esta situación no puede permitirse, pues se traduciría en un estancamiento de las posibilidades de la Administración de actuar de revulsivo de la reactivación socioeconómica.”

“Esta crisis sanitaria tiene un impacto directo en la economía y en la sociedad, en las cadenas productivas y en el día a día de la ciudadanía, por lo que la política económica debe estar orientada a proteger el empleo, ayudar a las personas más vulnerables y a mantener el tejido productivo”, dice el comunicado. 

El Cabildo dice que, aunque las instituciones han tomado medidas, “las circunstancias demandan más decisiones.” Según la institución, “las comunidades autónomas, los cabildos y los ayuntamientos deben impulsar cuanto antes una economía de emergencia y promover la reconstrucción y la recuperación, cada uno en su ámbito de competencias.”

El gobierno liderado por Antonio Morales dice que “la salida de esta crisis no puede volver a cargarse sobre las espaldas de las clases más desfavorecidas como pasó con la de 2008, ya que además las familias más vulnerables, y otras que aún no llegan a serlo, reclamarán ayudas no solo en alimentos, sino también para el pago de suministros e incluso del alquiler.”

Según el comunicado, “es muy importante, evitar la pauperización de las clases medias trabajadoras, no solo porque es injusto, sino porque conlleva el debilitamiento de las estructuras democráticas de la sociedad y favorece el desarrollo de populismos insolidarios y reaccionarios.”

El Cabildo asegura que la pérdida de empresas, la situación de emergencia de los autónomos y el cierre de negocios, la mayoría vinculados al sector turístico, tendrá una recuperación “lenta y precisará acciones exteriores e inversiones para su modernización”, lo cual “obliga a impulsar políticas de ayuda para el cambio del modelo económico a uno sostenible integral alejado de los criterios desarrollistas y no sostenibles actuales”. 

Por ello, el Cabildo asegura que “el uso del superávit y el endeudamiento público es necesario, no solo para mantener los servicios esenciales, sino para reconstruir la economía tras la fase de crisis sanitaria.”

El Cabildo ha aprobado ya un paquete de medidas de más de 140 millones de euros, pero esta situación demandará un mayor número de actuaciones que precisarán recursos financieros para atender las necesidades sociales, empresariales y de la propia administración durante los próximos meses, por lo que considera “imprescindible” la asunción de estas cuatro medidas recogidas en la declaración del Gobierno insular.