Anticorrupción investiga si hubo cohecho en el concurso de hemodiálisis
La Fiscalía Anticorrupción investiga desde Madrid hasta cinco presuntos delitos cometidos en la Consejería de Sanidad durante la etapa de Mercedes Roldós (PP), en la adjudicación provisional a la mercantil Lifeblood del concurso del servicio de hemodiálisis para los hospitales Doctor Negrín, de Gran Canaria, y Doctor José Molina Orosa, de Lanzarote.
Admitida a trámite la denuncia presentada en diciembre pasado, en la misma se detallan la mayoría de hechos conocidos del caso y se considera que podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de cohecho, revelación de información reservada, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Anticorrupción ha decidido que las pesquisas las asuma un fiscal de Madrid para evitar contaminaciones desde Gran Canaria, como interesaba en la denuncia los firmantes dada la relación de una de las personas implicadas, Lourdes Quesada, secretaria general del Servicio Canario de Salud y esposa del Fiscal Jefe Provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco.
Además de a Lourdes Quesada, el escrito a la Fiscalía Anticorrupción señala al abogado y empresario Francisco Javier Artiles Camacho -ex asesor de Mercedes Roldós y presunto socio de Lifeblood-, al empresario Francisco Javier Jorcano -administrador único de Lifeblood, relacionado con el caso Canódromo-, a la jefa del Servicio de Nefrología, Leocadia Palop y al empresario, consejero de La Caja y destacado militante del PP, Mario Romero Mur, como las personas presuntamente implicadas en la trama.
La información aportada a la Fiscalía centra el caso en la modificación del borrador de las bases administrativas del concurso suprimiendo la exigencia de experiencia y reduciendo al máximo la de solvencia económica y la existencia de un borrador previo eleborado por técnicos que presuntamente modifica la secretaria general técnica de la Consejería.
Además, se detalla la mínima incidencia en las bases aprobadas por la Mesa de Contratación de la propuesta económica -10 puntos sobre 100-, un “porcentaje inusual que hace que gane la oferta que pujaba por el precio total de la licitación”, y el hecho de que existiera una valoración esencial a favor de Lifeblood de la propuesta de apertura de un tercer centro de hemodiálisis en las cercanías del Hospital Doctor Negrín, que sin embargo no aparecía en las bases del concurso.
Esta presunta información privilegiada a favor de Lifeblood se une también en el escrito a la Fiscalía al hecho de otorgarse una máxima puntuación posible a los criterios subjetivos frente a los objetivos -49 en el primer caso y 51 en el segundo- y entienden los denunciantes que si hubiese sido al revés, la ley obligaba a la convocatoria de un Comité de Expertos con tres miembros ajenos a la Consejería y a la Mesa de Contratación para realizar un informe motivando las decisiones a tomar, por ser criterios sujetos a juicios de valor y mucho más proclives a la arbitrariedad.
La denuncia centra la trama en la presencia en la misma del abogado Javier Artiles, asesor jurídico de una empresa pública vinculada a la Consejería de Sanidad, al negociar presuntamente Artiles todo en nombre de Lifeblood, tanto en su relación a la hora de negociar con La Caja, a través de su concuño Mario Romero Mur, el aval necesario para la adjudicación definitiva del concurso, como su relación con el gerente de Inprocansa, Francisco Javier Jorcano, a la sazón administrador único de Lifeblood, que enlaza directamente con el caso Canódromo.
