Una diputada regional del PP, cazada estudiando oposiciones en un Pleno: “Como solo voy a votar, pues aprovecho”
“Tema 52: Salud y actividad física. Contraindicaciones de la actividad física en la salud y calidad de vida”. A este apasionante capítulo de las oposiciones para profesores de Educación Física de Enseñanza Secundaria dedicó la mañana de este viernes la diputada regional del Partido Popular Águeda Montelongo. Pero no en un pleno del Parlamento de Canarias, de la que es integrante desde 2007, sino en la sesión mensual del Cabildo de Fuerteventura, donde también ejerce en nombre de su partido.
“Es que como en el Cabildo no me dejan intervenir y solo voy a votar, pues aprovecho”, explicó a este periódico. “Yo soy funcionaria interina de Educación, y siempre que se convocan oposiciones me tengo que presentar para no perder mi plaza”, concretó sin perder el buen humor.
Como consejera del grupo popular en el Cabildo de Fuerteventura, Águeda Montelongo percibe 200 euros por su asistencia a cada pleno de la Corporación, donde comparte representación del PP con Claudio Gutiérrez, que actúa como portavoz del partido una vez Montelongo fue desposeída de todo poder orgánico tras la renovación que sufrió la cúpula. Ella no es de la cuerda de Asier Antona, el presidente del PP canario que sustituyó en 2016 a José Manuel Soria cuando este sucumbió víctima de los papeles de Panamá y sus cuatro delirantes ruedas de prensa.
Por eso tiene que asegurarse un futuro fuera de la política como Licenciada en Ciencias de la Actividad Física, que lo es por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, título complementado con un máster en Dirección y Gestión Deportiva por la Universidad de Málaga, según su ficha en el Parlamento.
No corren ahora tiempos esperanzadores para alguien que se convirtió en uno de los valores más prometedores de los conservadores en las Islas. De concejala de Puerto del Rosario, la capital majorera (1995), saltó directamente a las Cortes Generales en 1999, donde estuvo de diputada hasta 2003, año en el que José Manuel Soria la designó consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias. Su gestión en este campo se vio marcada por la falta de sensibilidad que le achacó con dureza la oposición por su actuación al morir en las costas de Fuerteventura quince inmigrantes tras embarrancar su patera. Ella jugaba al golf muy cerca y no se interesó por lo ocurrido hasta que contestó a las preguntas parlamentarias, eso sí, culpando al Gobierno de Zapatero de la demora de los servicios de rescate en llegar a la zona del siniestro.
Desde 2007 es diputada regional, cargo que ha compatibilizado en varias legislaturas con el de portavoz del PP en el Cabildo de su isla, Fuerteventura, donde protagonizó uno de los escándalos más sonados de la historia reciente de la política isleña, el llamado caso Patronato.
Montelongo era la consejera de Turismo del Cabildo y vicepresidenta del Patronato de Turismo en un pacto con Coalición Canaria. A través del presupuesto de ese organismo se pagaron en varias ocasiones viajes y cuchipandas a altos cargos nacionales y regionales del PP haciéndolos pasar en las memorias y en las facturas como reputados periodistas o rutilantes actrices de culebrones latinoamericanos. Fue el caso, por ejemplo, del actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, soltero, que dejó de ser médico y cirujano al estallar el síndrome de los títulos inventados y los másteres regalados a altos cargos del PP.
Águeda Montelongo, para quien la fiscalía pedía cinco años de prisión, fue absuelta no sin polémica porque el tribunal que la juzgó, del que formaba parte el magistrado Salvador Alba (para quien la Fiscalía pide ahora 15 años de prisión), consideró que era normal que firmara sin darse cuenta la autorización para el pago de esas facturas, dado el volumen de documentos que pasaban por su portafirmas cada día.
No conforme con esa absolución, Montelongo reclamó al Cabildo de Fuerteventura que se hiciera cargo de los 15.640 euros de la factura de su abogado, nada menos que el exfiscal general del Estado con el PSOE, Eligio Hernández. La Corporación se negó entonces, pero el mes pasado un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria resolvió que la consejera tenía derecho a percibir los emolumentos de su abogado y así ha sido.
Ahora aprovecha cualquier momento para prepararse sus oposiciones a profesora de secundaria. Las horas que dedica a ello también se las pagan los ciudadanos.
