Los edificios que Coalición Canaria protegió para no reclamar el dinero de Las Teresitas al constructor condenado
A los dos edificios sobre los que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el embargo preventivo para recuperar el dinero malversado en la operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas les une, además de su titularidad, la del condenado constructor Antonio Plasencia, un historial de protección por parte de administraciones con el sello de Coalición Canaria (CC), con operaciones en ocasiones consumadas, en ocasiones frustradas a tiempo.
El primero de ellos está situado en la Avenida Tres de Mayo de la capital tinerfeña y alberga la sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El contrato de alquiler, firmado en 2005 por el entonces consejero de Hacienda José Carlos Mauricio, uno de los fundadores de CC, incluía una opción de compra por importe de 46 millones de euros. Esta opción se podía ejecutar desde 2010, una vez transcurrido el periodo fijado para que el empresario pudiera venderlo sin tener que renunciar a los beneficios fiscales de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), a la que se había acogido. Los sucesivos gobiernos presididos por Adán Martín, Paulino Rivero y Fernando Clavijo nunca llegaron a materializar la compra del inmueble, que mientras tanto seguía reportando ingentes ingresos a su titular, la empresa Carlacand, vinculada a Plasencia.
En los últimos 14 años el constructor se ha embolsado más de 40 millones de euros por el alquiler de una sede que desde 2010 pudo comprar por 46. O lo que es lo mismo, ha abonado más del 90% de su valor de tasación. El contrato firmado en la época de Mauricio estipula que, en caso de que se ejecute la opción de compra, de ese precio se descontará el 30% de lo pagado en concepto de arrendamiento. De materializarse en los próximos meses, el coste de esta operación para las arcas públicas ascenderá a unos 75 millones de euros, según estos cálculos.
En el año 2012, el Gobierno de Canarias ejecutó la opción de compra que se había reservado, con la misma fórmula, sobre otros dos edificios: el de Usos Múltiples III de Las Palmas de Gran Canaria y el Prodamer, sede de la Consejería de Hacienda en Santa Cruz de Tenerife. No hizo lo propio con el inmueble de Plasencia, que siguió alquilando hasta que, en 2015, finalizados los diez años de arrendamiento que constaban en el contrato, se planteó la disyuntiva de renovarlo otra década o no hacerlo. El entonces director general de Patrimonio, Abel Morales, optó por una solución intermedia, la de extender el alquiler dos años con vistas a una compra en cuanto finalizase ese periodo. Un informe técnico alertaba entonces de que mantener el acuerdo de 2005 otros diez años suponía “un gasto enorme en alquileres”, de manera la administración acabaría gastando “más del doble del valor del edificio” en caso de ejecutar la opción de compra. El contrato volvería a ser prorrogado posteriormente por el Gobierno liderado por CC.
Ahora ha sido precisamente el partido denominado nacionalista quien ha puesto el grito en el cielo ante el anuncio del cuatripartito encabezado por el PSOE de consignar una partida presupuestaria de cerca de nueve millones de euros para la adquisición del edificio. Una decisión que, según aseguran fuentes oficiales de la Consejería de Hacienda, aún no está tomada. Desde este departamento afirman que se trata de una cantidad reservada en las cuentas regionales para el próximo ejercicio que se ejecutará en caso de que, dentro del plan de reformas de sedes de la administración acometido por el gobierno, se concluya que la opción más beneficiosa sea la compra de un edificio por el que, en la actualidad, se están abonando 3,5 millones al año.
Hacienda asegura que el auto de embargo preventivo dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no afecta, en principio, a los más de 600 trabajadores que prestan servicio en la sede de la Consejería de Educación de la capital tinerfeña. Las mismas fuentes aseguran que el alquiler se seguirá pagando y que lo único que puede variar es su destinatario: la empresa del constructor Antonio Plasencia, doblemente condenado a penas de cárcel por el caso de Las Teresitas y por la extracción ilegal de áridos del Valle de Güímar, o los juzgados.
Una adjudicación a dedo
CC ha querido equiparar esta consignación presupuestaria de 9 millones de euros con el revuelo que generó a finales del pasado mandato el polémico expediente del Cabildo de Tenerife para la adquisición, por una cifra cercana a los 30 millones de euros, del otro edificio que acaba de ser embargado por la Audiencia Provincial en el proceso de ejecución de sentencia del caso de Las Teresitas. La corporación insular presidida por Carlos Alonso (CC) impulsó la compra de este inmueble, situado en el barrio de Cabo Llanos, para destinarlo a un centro sociosanitario al que derivar a las personas mayores que estaban alojadas en el obsoleto Hospital Febles Campos.
El edificio, de 13 plantas, estaba inicialmente destinado a oficinas y se sitúa enfrente del Auditorio Adán Martín. El consejo rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de Tenerife llegó a aprobar en diciembre de 2018 la compra con un único voto discrepante, la abstención del representante de Podemos en la corporación insular. A pesar de que el inmueble se ubica en suelo de uso administrativo, no sociosanitario, el Cabildo de Tenerife gobernado por CC decidió aceptar la oferta del constructor, que le traspasaba el edificio a cambio de 29,1 millones de euros. La corporación insular renunció al concurso público y adjudicó a dedo.
El servicio de Intervención del IASS dio el visto bueno al inicio de la tramitación del expediente para la compra, pero ya advirtió en su informe de que ese beneplácito no se refería al pago concreto, puesto que, a su juicio, era necesario disponer de más documentación y tiempo. Además, expresaba sus dudas con respecto a la fórmula de adjudicación directa y consideraba que las razones para justificar la renuncia al concurso público debían estar “mejor explicitadas”.
El expediente para la compra del edificio de Plasencia tensó las relaciones entre CC y su entonces socio de gobierno, el PSOE, a quien Carlos Alonso llegó a amenazar con romper el pacto tan solo tres días después de que, ante el torbellino generado, decidiera recular y anunciar la apertura de una oferta pública a la que pudieran concurrir diferentes empresas. El presidente del Cabildo admitió entonces que había dado marcha atrás “como respuesta a la controversia” e instó a la familia Plasencia a “mantener viva” la oferta de venta del inmueble ubicado en Cabo Llanos.
Finalmente, a finales de enero, el pleno de la corporación insular acabó frustrando la compra al desistir de la adjudicación a dedo. CC aceptó entonces una enmienda presentada por el PP que no cerraba la puerta a que el empresario condenado en Las Teresitas y en el caso Áridos se pudiera presentar en un futuro concurso. El PSOE, aún socio de los nacionalistas en el Cabildo, y Podemos habían presentado sendas mociones para dejar sin ninguna opción al constructor y promover la construcción de un nuevo edificio para realojar a los usuarios del Febles Campos.
Antonio Plasencia fue condenado, al igual que el recientemente fallecido Ignacio González, a cinco años y tres meses de cárcel por malversación de caudales públicos en la operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, un ‘pelotazo’ por el que se embolsaron más de 50 millones de euros. La sentencia obligaba también a los condenados a asumir la responsabilidad civil y, por tanto, a devolver lo malversado, una cantidad que, contando intereses, se sitúa ya en una cifra cercana a los 100 millones de euros. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha dicho este miércoles en rueda de prensa que el Consistorio capitalino gobernado por CC solo recuperó “100 euros” de esa cantidad desde que la sentencia devino firme y que los esfuerzos de los servicios jurídicos en estos últimos meses han logrado que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife dé un paso importante para recuperar los fondos.
