La Ley de las Islas Verdes se 'acopla' a la Ley del Suelo
Si hace un año los entonces socios del Pacto de Gobierno (CC y PSOE) colaron la no nata Ley del Suelo en la Ley de ordenación territorial y turística de El Hierro, La Gomera y La Palma (las llamadas islas verdes) en tres enmiendas que daban todo el poder a los cabildos para reclasificar directamente suelo rústico a urbanizable si se consideraba que los proyectos son de trascendencia insular, este jueves los nuevos sostenedores del Ejecutivo que preside el nacionalista Fernando Clavijo (PP y ASG) se han sumado a las modificaciones nacionalistas y socialistas por las que el texto legal de las islas verdes queda perfectamente acoplado a la Ley del Suelo que previsiblemente se apruebe en el mes de junio.
Así, y cerrando el círculo, la “ley especial con aplicación preferente”, como ha denominado a la Ley de las Islas Verdes el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ya tiene “reguladas” en la futura Ley del Suelo “cuestiones no contempladas” en su propio texto legislativo y que en septiembre no pudieron ser incluidas como modificaciones in voce.
De nada han servido las protestas de Podemos y Nueva Canarias (NC), pues incluso la formación morada requirió que el Consejo Consultivo emitiera un informe sobre estas enmiendas a las disposiciones finales del proyecto de Ley del Suelo que modifican sustancialmente no solo la referida a las Islas Verdes, sino también a las legislaciones de Patrimonio Histórico, Renovación y Modernización Turística y Puertos de Canarias sin que pasen por un período de exposición pública.
“Lo importante es que en La Palma, La Gomera y El Hierro sea posible la compatibilidad de los valores paisajísticos excepcionales con el uso turístico limitado en el entorno rural. Es urgente dar solución a la pérdida de población y al insuficiente desarrollo económico, a pesar de que estamos dentro de la política agraria comunitaria”, justificó Ruano al término de la ponencia.
Parque agrario
El consenso en la penúltima reunión de la ponencia lo protagonizó un acuerdo para prever que las directrices del suelo agrario “introduzcan la figura del Parque Agrario, pero como norma reglamentaria a criterio del Gobierno dentro de la regulación que haga sobre las dIrectrices”.
Según Ruano, esta nueva figura, distinta al Parque Rural, podría crear en aquellos sitios en los que sea posible la recuperación de los valores etnográficos y paisajísticos de ecosistemas agrarios actualmente abandonados.
A falta de una reunión para que se culmine el informe de la ponencia que deberá ser dictaminado en la Comisión, la polémica Ley del Suelo mantiene el disenso con el que se inició su tramitación parlamentaria.
Pese a las mejoras que todos los grupos insisten que se han introducido en el texto, también el bloque de la oposición al mismo (PSOE, Podemos y NC) afirman que las mismas son insuficientes.
Por tanto, la ley estrella del presidente Clavijo saldrá adelante como un Frankestein legal, toda vez que algunos de sus 408 artículos y 50 disposiciones saldrán adelante con 33 votos, algunos con 48 y pocos con el refrendo de los 60 diputados de la Cámara regional, todo lo contrario a los amplios consensos que cosecharon en su momento la Ley de Espacios Naturales de 1994, la de Ordenación del Territorio de 1999 y la Ley de Directrices de 2003, que quedarán derogadas.
