Las siempre polémicas vacaciones de José Manuel Soria

Las vacaciones de José Manuel Soria en el hotel de Punta Cana propiedad del empresario canario Enrique Martinón, en compañía de su esposa y del matrimonio formado por José Ignacio Wert y Monserrat Gomendio, no son las primeras (y seguramente no serán las últimas) rodeadas de polémica.

De su etapa como presidente del Cabildo de Gran Canaria (2003-2007) data el primer viaje con ribetes de trato de favor: corría el verano de 2005 cuando el empresario noruego Björn Lyng (ya fallecido) lo invitó, junto a su esposa y el mayor de sus dos hijos, a un viaje en su jet privado con dos escalas en otras tantas ciudades europeas, Salzburgo (Austria) y Trodheim (Noruega). El primer destino tenía como intención asistir a un concierto en el afamado festival de música de la ciudad austriaca, y el segundo, conocer de cerca la pesca del salmón en uno de los lugares con más tradición del país nórdico.

Justo en las fechas en que se celebró este viaje, el Cabildo de Gran Canaria tramitaba a favor de Björn Lyng la declaración de interés general de la urbanización que pretendía levantar en el barranco de La Verga, en el municipio de Mogán, un trámite imprescindible para que posteriormente el Parlamento y el Gobierno de Canarias pudieran otorgar la oportuna autorización como excepción a la moratoria turística por entonces vigente.

La declaración resultó positiva en el Cabildo y, acto seguido en el Parlamento, siempre gracias al impulso y los votos del Partido Popular, si bien en el primer caso con la ausencia de Soria en la Junta de Gobierno en la que se celebró la votación definitiva. El vídeo oficial del Parlamento de Canarias recoge fielmente el momento en el que el diputado José Manuel Soria vota a favor de la urbanización a pesar de haberlo negado reiteradamente, incluso ante la juez que lo mantuvo imputado durante nueve meses.

Efectivamente, aquel famoso viaje a Austria y a Noruega le supuso a Soria su primera y hasta ahora única imputación judicial por un caso de presunta corrupción. Fue una instrucción rápida gracias a que la causa recayó en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por su condición de aforado (era diputado regional y, en esos momentos, vicepresidente del Gobierno de Canarias).

La magistrada instructora, Margarita Varona, archivó la causa al considerar que el viaje se iba a celebrar de cualquier modo, fuera o no fuera en aquel jet privado el matrimonio Soria en compañía de su hijo mayor. La Fiscalía Anticorrupción de Canarias se adhirió al archivo, pero con un matiz importante: por prescripción del presunto delito que se investigaba, el cohecho impropio, ya que aunque la denuncia se presentó dentro de los plazos legales, la tardanza del TSJC en abrir procedimiento (dos meses) operó a favor del denunciado.

Este del caso salmón es el que Soria y muchos dirigentes del PP arguyen frecuentemente como ejemplo de cacería política “que acaba en nada”.

El viaje se programó desde las fabulosas instalaciones turísticas que la familia Lyng posee en el barranco de Vargas, el municipio de Mogán, el complejo de tiempo compartido Anfi del Mar, en el que Soria veraneó durante muchos años gracias a su relación con el empresario Björn Lyng, al que conoció a través del que fuera uno de sus hombres de confianza, Manuel Fernández, un herreño que compatibilizó durante décadas su condición de consejero delegado y asesor urbanístico de la compañía con el de diputado regional e incluso consejero del Gobierno de Canarias. Hasta 2012 fue secretario general del PP canario.

Después de Anfi del Mar, José Manuel Soria prefirió cambiar de isla y, por lo tanto, de establecimiento hotelero de referencia. Desde 2012, ya siendo ministro de Industria, Energía y Turismo, se hospeda varias semanas de agosto en el lujoso hotel Volcán, en el municipio lanzaroteño de Yaiza.

El Volcán, propiedad del Grupo Martinón, se encuentra desde hace casi una década sumido en graves problemas legales junto a casi una veintena de establecimientos de la isla denunciados ante los tribunales por el Cabildo de la isla al incumplir –en algunos casos de modo flagrante- las prescripciones del Plan Insular de Ordenación del Territorio.

En estos momentos se ha acogido a una modalidad de legalización tras la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que le obligará, no obstante, a hacer cesiones urbanísticas y a derribar una parte de lo construido.

A Soria la ilegalidad urbanística del Volcán le ha importado bien poco. A las críticas por avalar con su presencia los comportamientos corruptos del exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, actualmente en prisión cumpliendo la segunda de sus condenas, el ministro siempre ha respondido con sorna: “No acostumbro pedir la licencia de apertura de los hoteles donde me hospedo”.

Gratis en el chalet de otro empresario

Pero no sólo han sido vacaciones los momentos en los que José Manuel Soria ha disfrutado sin hacer un desembolso económico. Durante al menos 21 meses entre los años 2004 y 2006, el hoy ministro y su familia habitaron de modo gratuito en un chalet de lujo propiedad del empresario portuario Javier Esquivel.

Soria necesitaba una casa de transición en lo que le edificaban la fabulosa mansión que ahora habita en el lujoso barrio de Tafira Alta (Las Palmas de Gran Canaria), y Esquivel estuvo encantado de prestarse a resolverle la emergencia. Los libros de contabilidad de la empresa tenedora del chalet certificaban claramente que la deuda atribuible a la familia Soria había sido satisfecha en su integridad por el generoso empresario.

Soria arremetió contra los periodistas de Canarias Ahora que se hicieron eco del asunto y tras interponer una querella, presentó unos recibos de justificación de las rentas que jamás fueron contabilizados por la empresa propietaria del inmueble, Atlantic Buildings, y un contrato de alquiler a los que ningún juez dio visos de credibilidad.

En aquel momento, José Manuel Soria, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y su hermano Luis, consejero de Industria del Gobierno de Canarias, operaron para que la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en cuyo consejo de administración se sentaban, otorgara a Esquivel una concesión en el muelle de Arinaga para la instalación de unas turbinas de energía eólica.

La idea ni siquiera había sido de Esquivel sino de una empresa pública, participada tanto por el Cabildo como por el Gobierno regional, Megaturbinas de Arinaga, que quería experimentar con molinos de gran porte en la zona de vientos más privilegiada de Europa. La concesión no se llegó a otorgar al descubrirse el pastel.