El presidente de RTVC pierde a su directora financiera, repudia a la secretaria del consejo y profundiza en su aislamiento
Otra huida hacia el vacío. El presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, sufrió este martes dos nuevos reveses -uno sobrevenido, el otro provocado- que acrecientan su aislamiento dentro del ente público: mientras la directora financiera, Paloma Martín, abandonaba su puesto a petición propia, la secretaria del consejo rector del ente público, Cristina Duce, era repudiada por él mismo en un comunicado emitido a última hora de la tarde después de que la funcionaria le reprochara formalmente estar actuando en fraude de ley.
El caos se apodera de Radio Televisión Canaria a medida que se acercan las fechas más decisivas del primer mandato emanado de la Ley 13/2014, llamada a pacificar y profesionalizar la gestión de los dos medios de comunicación de titularidad pública de Canarias. En mayo expirará – en teoría- el mandato de Santiago Negrín como presidente y no hay a día de hoy ningún síntoma que permita diagnosticar que los dos meses que restan vayan a ser tranquilos. Nadie le dio importancia a la dimisión simultánea de dos vocales del consejo rector en 2015, a los pocos meses de iniciarse el mandato. Y después de una sucesión de escándalos ninguna autoridad con competencias en la materia parece tener intenciones de poner freno al deterioro imparable que vive el ente. Los trabajadores se confiesan desconcertados, sobre todo por la falta de información en un ente que se dedica precisamente a la información, porque lo que conocen lo conocen por la prensa.
De eso tiene bastante culpa la tendencia a la bunkerización de las decisiones, el cada vez más restringido equipo directivo que forma el núcleo duro de RTVC. La desbandada de ejecutivos ha sido imparable estos tres años de frenética gestión: unos se han marchado en silencio, otros acusando a las presiones externas de haber contaminado el lindo edén que Santiago Negrín prometió a los trabajadores. Los demás han sido sustituidos traumáticamente, como Francisco Martín, persona de la confianza del portavoz parlamentario de CC, José Miguel Ruano, que ejercía como director de cadena pero en realidad actuaba como comisario político en la sombra. No debió gustar. Con la llegada del nuevo Gobierno, su presidente autorizó relevarlo por una persona de la máxima confianza del viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, al que un día sin concretar Fernando Clavijo encomendó controlar la tele y la radio públicas con un poder sin límites.
Méndez eligió a una amiga, a la periodista Daida Rodríguez, hasta entonces redactora de Canarias7, el periódico cuya editora – Inforcasa- participa en la actual concesionaria de los servicios informativos, Videoreport Canarias. Rodríguez no tenía ni idea de televisión cuando desembarcó en la casa, y ahora es la responsable del programa insignia de la cadena, El Foco, un invento de casi 50.000 euros por entrega que se ha convertido en un auténtico cementerio de profesionales, entendiendo como tales a los que han sucumbido ya víctimas del fracaso de audiencia (Jorge Bethencourt y Juan Manuel Bethencourt), y sacando de esa ecuación a la única persona que lo sigue sobreviviendo, Daida Rodríguez.
Esta periodista ha desempeñado un papel fundamental en el hundimiento de RTVC. Es la que en realidad toma todas las decisiones, la que en rigor ejerció la presidencia de la mesa de contratación del concurso de informativos (144 millones de euros) en lugar de la teórica presidenta, la directora de Informativos, Nieves Rocha, la única que en alguna ocasión la acompañó en sus votos solitarios en ese órgano de decisiones tan delicadas. Negrín asiente y se deja llevar, convencido como parece de que cuando esta pesadilla acabe accederá a un cargo de postín en Editorial Leoncio Rodríguez, la empresa editora de El Día, de cuya actual directora, Mercedes Rodríguez, hija del insustituible José Rodríguez Ramírez, es íntimo amigo.
Daida Rodríguez ejerce de bombera y de pirómana, de alta ejecutiva y de componedora de las pequeñeces de vestuario de un programa. Actúa como fiel ejecutora de las órdenes que emite el viceconsejero de Comunicación, el enlace que delata al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, enrocado en su letanía de que la televisión y la radio son competencias del Parlamento. Tal falacia ha llegado al extremo de ordenar al presidente del Tribunal de Contratos Públicos, dependiente de la Consejería de Hacienda, que se declarara incompetente ante los recursos de Videoreport contra el famoso contrato, convocado por Negrín desde que se erigió en órgano de contratación unipersonal. Y se mantiene el tribunal sin actuar a pesar de las exigencias que le ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El papel de la directora de Relaciones Institucionales ha invadido incluso la esfera jurídica, para lo que carece de formación y de experiencia. Su nombre aparece recurrentemente en los documentos que se ha intercambiado el ente con el bufete de abogados externo que dirige la estrategia jurídica de RTVC dando su aprobación a cuestiones tan decisivas como el pliego de condiciones del concurso de informativos que, según los informes propios recabados por el ente, se presta a confusión por su oscurantismo y su ambigüedad.
A pesar de haber participado en la elaboración de los pliegos, de cuya validez hubo que discutir muchas veces en su presencia en la mesa de contratación, y a pesar de haber trabajado muchos años en una mercantil interesada en el concurso, nadie la ha considerado incompatible.
Hacia ella se dirigió este martes uno de los misiles lanzados por la secretaria del consejo rector en la reunión de urgencia que Negrín convocó para informar (solo informar) de sus decisiones en torno al concurso de informativos: declararlo desierto por las quejas de los integrantes de la mesa de contratación y, en su defecto, convocar un concurso negociado sin publicidad para adjudicar a dedo precisamente esa licitación tan conflictiva.
La secretaria tira de la anilla
La secretaria estalló y se plantó: esto está casi casi al margen de la ley, “se actúa en fraude de ley”, denunció. Y añadió una protesta más: se hace más caso a los letrados externos, que hacen informes a la carta, y a la directora de Relaciones Institucionales, Daida Rodríguez, que a la letrada de la casa, que para más inri es experta en contratación pública.
En un desafortunado comunicado, emitido la tarde noche del martes, seguramente bajo los efluvios del cabreo, Negrín y Rodríguez se despacharon contra la alta funcionaria. “La secretaria realiza esta manifestación sin explicar las razones por las que entiende que esta decisión es un fraude de ley”, cuando las actas de las reuniones del consejo están plagadas de advertencias que, si bien nunca han llegado a tan tajantes conclusiones, sí vienen previniendo al presidente de RTVC de la alegría con la que tira de procedimientos no recomendables, como el negociado sin publicidad para renovarle el contrato de transporte de señal a la misma concesionaria a la que ya le había renovado el contrato seis meses antes.
Las opiniones jurídicas de la secretaria no le valen al presidente y a la directora de Relaciones Institucionales de RTVC por considerarla incompetente: “La secretaria del consejo rector”, sigue diciendo Negrín en su descargo, “no es competente en esa función tal y como ella misma estableció en reiteradas ocasiones al inicio del procedimiento de licitación, circunscribiendo sus competencias exclusivamente al consejo rector como órgano colegiado y a su presidente. Doña Cristina Duce se negó entonces a asesorar al presidente al entender que el concurso de informativos pertenece (sic) a la sociedad mercantil Televisión Pública de Canarias y no al ente público de cuyo presidente y consejo rector asesora, según la Ley 13/2014”. Un argumento que quedó rebatido en el consejo rector de este martes (del que Duce es secretaria) al exigírsele sin éxito a Negrín que trasladara la decisión del concurso a la junta general de accionistas de Televisión Pública de Canarias, formada por las mismas personas que forman el consejo pero que jamás han sido convocadas bajo ese formato legal. Allí estaría también en minoría.
Fue un martes duro para RTVC. A esas discrepancias con la secretaria que ahora se abren con imprevisibles consecuencias se sumó la marcha de la directora financiera, Paloma Martín, que pidió regresar a su plaza de funcionaria de la Comunidad Autónoma para alejarse al máximo del epicentro de las decisiones con consecuencias económicas que se están tomando en el ente público con procedimientos administrativos montados en despachos de abogados externos. Como si la Comunidad Autónoma no tuviera servicios suficientes para ejercer el control previo de legalidad de todos los actos.
