El PSOE aplaza la destitución del presidente de RTVC en un nuevo guiño a Coalición Canaria
La nueva dirección regional del Partido Socialista canario ha roto con sus últimas decisiones con respecto a la inestabilidad que vive la Radiotelevisión Canaria (RTVC). Si en julio pasado su grupo parlamentario abandonaba la última sesión de control en la que comparecía el presidente del ente y en la que acaba de ser nombrada portavoz, Loli Corujo, exigía su dimisión, la postura ahora es otra bien distinta. Cualquier decisión relativa al futuro del presidente del consejo rector estará condicionada a tres informes distintos que el PSOE va a pedir a partir de la semana que viene.
Esta decisión y la de remover de la dirección del grupo parlamentario a Patricia Hernández y a Iñaki Álvaro Lavandera es reconocida dentro de la Ejecutiva del PSOE como un acercamiento prudente a Coalición Canaria, con quien el nuevo secretario general, Ángel Víctor Torres, “no quiere dar por rotos todos los puentes”, como resumió este sábado un miembro de la dirección regional.
Un informe encargado al exdiputado regional Manuel Fajardo abordado en la Ejecutiva de este sábado recomendaba la exigencia de esos tres informes y, entre otros extremos, la destitución inmediata de Santiago Negrín. Pero esa recomendación es la única que no se ha aceptado de momento.
El futuro de Santiago Negrín al frente de RTVC va a depender a partir de ahora de tres informes que va a solicitar el PSOE. El primero de ellos a la secretaria del consejo rector de la corporación pública sobre la legalidad de los actos que ha promovido Negrín, particularmente la convocatoria de un concurso para la contratación de servicios informativos por importe de 144 millones de euros en ocho años. La secretaria del consejo rector, que acaba de reincorporarse a su puesto tras varios meses de baja, es experta en contratación pública y de su informe los socialistas esperan resultados clarificadores.
Del segundo informe que está previsto solicitar el PSOE no es tan optimista porque lo habría de promover el jefe de los servicios jurídicos del Parlamento de Canarias, Salvador Iglesias, un jurista muy vinculado a Coalición Canaria, partido con el que ocupó varios cargos de importancia en pasadas legislaturas. Iglesias tendrá que informar, a petición de los socialistas, sobre la legalidad de las actuaciones de Santiago Negrín teniendo en cuenta que el Parlamento es responsable de la fiscalización política de RTVC y que fue a la Cámara a quien Negrín se dirigió por carta para anunciar que acometía el concurso constituyéndose en órgano contratante unipersonal, a espaldas del consejo rector de RTVC, donde se encuentra en minoría.
Este informe es vital porque, entre otros aspectos, tendrá que aclarar las competencias respecto a la gestión de RTVC, de la que el Gobierno se desentiende hasta el punto de ordenar al responsable del tribunal fiscalizador de los contratos públicos, Pedro Gómez, inadmitir de plano un recurso interpuesto contra la legalidad del concurso por el actual concesionario, Videoreport Canarias.
Finalmente, un tercer informe “de fiscalización y de legalidad sobre los actos administrativos” respecto al concurso para los servicios informativos, será requerido por el PSOE, a través del Parlamento, a la Audiencia de Cuentas de Canarias. Se trataría de un informe igual al que se reclamó en 2011 sobre la gestión del anterior director general de RTVC, Guillermo García, actualmente investigado penalmente a resultas precisamente de algunas irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas.
Paralelamente a estos informes, el PSOE trabajará en la reforma de la ley de radiotelevisión pública de Canarias para incrementar de cinco a siete el número de consejeros y consejeras de esa corporación pública y sobre los mecanismos de destitución de su presidente. Necesitará para eso contar con el Partido Popular ya que la ley exige para estas modificaciones un mínimo de 35 diputados.
Cuando todos estos pasos acordados por el PSOE hayan dado sus frutos es más que probable que el concurso de informativos ya esté adjudicado y solo se puedan ejercer acciones judiciales en el caso de detectarse ilícitos penales.
