Cuando la suciedad de la carretera sale a flote

Una historia con tres décadas de antigüedad dio un nuevo giro en la mañana del 2 de julio de 2013, cuando varios agentes de la Policía precintaron y registraron dos cooperativas de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria y realizaron siete detenciones, en el marco de una operación contra los denominados floteros.

La operación, orquestada por Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda y el Juzgado de Instrucción 8 de la capital, era el resultado de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por el presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, contra la actuación de una serie de personas que acumulaban licencias de forma desorbitada.

A los siete detenidos,que acudieron a declarar recientemente al Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, aunque se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez María Victoria Rosell, se les acusa de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, falsedad documental y blanqueo de capitales. De momento, todos se encuentran en libertad con cargos.

La tensión ante el proceso que ya ha comenzado es palpable en las calles y según ha podido saber este medio, se ha solicitado a la jueza que declare como protegidos a unos 14 testigos que están dispuestos a declarar, pero que temen por su integridad.

Suárez asegura haber recibido amenazas por denunciar una situación que mantiene a padres de familia “con la soga al cuello”

Pese a que la figura del flotero es ilegal, porque la Ley prohíbe el arrendamiento y la sesión de licencias, ésta ha proliferado, llegando a controlar una sola persona más de 60 licencias, con las que puede ganar una media de 6.500 euros al día. Unos beneficios supuestamente ilegales a los que hay que sumar las estimaciones de la Atlatc, que cifra en 700 el número de permisos que son gestionados irregularmente en la capital grancanaria, de una flota de 1.640 vehículos.

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, afirmó que el Ayuntamiento bloqueará el traspaso de todas las licencias hasta que concluya la investigación en torno a los imputados. Según publicó el diario La Provincia, Sabroso explicó que de este modo se impide a los titulares de taxis investigados a traspasar sus licencias, antes de que la Administración local se las revoque.

La de Suárez no ha sido la única denuncia elevada ante la Justicia. La primera la interpuso María Eugenia García, presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, que componen el sector más afectado por los tejemanejes de los conocidos en otros países como administradores de licencias. Sin embargo, posteriormente ésta quedó en saco roto por un error judicial que invalidó las pruebas obtenidas hasta el momento.

García ha reivindicado en diversas ocasiones la mafia organizada en torno a los floteros y sus ramificaciones, llegando a señalar incluso al seno del Ayuntamiento por su “permisividad”, a algunos miembros de la Policía Local y a la propia Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), que califica como “el brazo político que maneja al ignorante”, en referencia a los asalariados. Respecto a la relación con parte de los agentes municipales, recuerda que en la época en que trabajó para un flotero, “la policía llamaba y te decía que no pasaras por determinadas calles”.

Aunque se muestra dispuesta a hablar, reconoce tener miedo, especialmente después de haber sido recientemente objeto de dos actuaciones policiales el mismo día, por las que fue multada y cacheada a grito, según afirma, de “danos la droga que llevas”. A pesar de que se desconoce la versión del Cuerpo, el jefe de la Policía Local, Francisco Javier Henríquez, admitió a CANARIAS AHORA mantener amistad con el presidente de la ATAT, José Luzardo, considerado el más influyente defensor del actual status quo del sector. Aunque a su vez recalcó que “lo veo un par de veces al año, pero nada más”.

Henríquez dijo ser consciente de que muchos agentes compaginan su actividad profesional con la de conductores de taxis y, aunque restó importancia a esa evidencia, dijo incluso conocer la existencia de policías que son a su vez titulares de licencias, algunos de los cuales ya las han vendido, lo que vulneraría el reglamento del sector.

Pinchazos telefónicos

Las escuchas autorizadas en la investigación a los floteros no sólo desvelan que se ha cometido fraude, sino también irregularidades en los contratos de los conductores. Según una información publicada por Canarias 7, por transferir la licencia de un jubilado se llega a pedir 75.000 euros en efectivo. Además, señala un sistema de comisiones ligado al traspaso de los permisos, mediante el que se ingresaban 5.000 euros en negro.

El negocio del flotero

El principal cometido del flotero es conseguir el “arrendamiento”, por unos 600 euros al mes, de las licencias de taxis de personas que han cesado su actividad, como los jubilados, que a día de hoy pueden estar percibiendo su prestación y seguir manteniendo el permiso sin encontrarse en activo. Este es uno de los motivos por los que la ciudad es consciente de que existe una “sobreoferta”, que cuenta con unos 3.000 trabajadores.

Los conductores, algunos de los cuales están obligados a cambiar constantemente de vehículo, tienen que pagar 50 euros al mediador, que les propone quedarse lo que ganen durante la jornada, a cambio de que devuelvan el vehículo con el tanque de combustible lleno. La presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, rememora cómo en 2005 llegó por primera vez a la cooperativa de taxi y “me remitieron directamente a un señor que se ocupaba de decirte en qué determinada licencia debías trabajar”. En este punto, resume que el flotero “te decía que le dieras una cantidad, trabajaras doce horas y volvieras con el gasoil completo que tenías que repostar en donde él te dijera, ese era el 'modus operandi'”.

Para el presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, las cooperativas son “cómplices de todo esto”, y relata cómo “les guardan las llaves y les ponen buzones para que ellos cojan el dinero”. Motivos por los que dice entender que las intervenciones policiales se realizaran en el interior de las dos instalaciones ubicadas en Miller Bajo.

“Por acción u omisión”

Pocos días antes de que la mencionada actuación policial explotara en la cara del Ayuntamiento capitalino, responsable de expedir las licencias y controlar las irregularidades del sector, Suárez se presentó ante el Pleno del Consistorio y aseguró haber recibido amenazas por sacar a la luz pública la actividad de una figura que “está cometiendo un delito de fraude contra la Seguridad Social, la Hacienda pública, los propios asalariados y los autónomos”.

Por otro lado, se mostró tajante al acusar a todos los concejales presentes en la sala y al propio alcalde, Juan José Cardona, de ser los responsables “por acción u omisión”, de la situación actual. Es decir, padres de familia “con la soga al cuello”, por culpa de los que calificó como una serie de delincuentes que han conseguido dividir al sector, centrándose únicamente en sus propios intereses. “Quedará en la conciencia de todos ustedes [?] estaré ahí mientras ustedes no hagan nada”,aseguró.

Tras escuchar estas contundentes palabras, el Pleno aprobó por unanimidad “estudiar la viabilidad legal” de que el nuevo reglamento municipal del taxi, que todavía se encontraba en fase de redacción, estipulara la adjudicación de una licencia por persona física, con dedicación plena y dada de alta como autónomo, lo que prevendría la explotación por parte de floteros. Finalmente, las buenas intenciones mostradas por el concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, entre otros, no parecen haber dado sus frutos.

Otro de los compromisos que, de momento, queda en entredicho es el referente al incremento de las inspecciones. Sabroso asegura que se han realizado “como nunca antes” y especifica que en el año 2008 se tramitaron 15 expedientes sancionadores en el sector del taxi, al año siguiente, 65 y en 2010, 89. Una cifra que en 2011 se incrementó hasta los 140 y en 2012, hasta los 188.

Sin embargo, la presidenta de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, denunció que la administración capitalina no ha llevado a cabo “nunca” la revisión anual del sector que se elabora en colaboración con la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y se encuentra fijada en el Reglamento. Una reivindicación que, según dijo, parte de las conversaciones mantenidas con los trabajadores del sector.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Mena, habla de unos 70 expedientes administrativos abiertos por el Ayuntamiento en 2010 que “han estado paralizados dos años”.

Nuevo Reglamento

Lejos de pronunciarse al respecto, el Consistorio ha adaptado el nuevo Reglamento Municipal del Taxi a la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera, con lo que deja en manos del Gobierno de Canarias el procedimiento de concesión de licencias; la titularidad de las mismas, apartado que engloba su mantenimiento en situación de jubilación o viudedad; su transmisión; el número máximo de licencias de la que ser titular y el régimen tarifario.

Lejos de pronunciarse, el Ayuntamiento deja en manos del Reglamento regional el número máximo de licencias de las que ser titular

El Reglamento Regional del Taxi estipula que una persona física no podrá ser titular de más de una licencia, sin embargo, en los municipios de más de 200.000 habitantes y con más de 1.000 autorizaciones para explotar taxis, como es el caso de la capital grancanaria, los permisos podrán aumentar “hasta cinco”.

A pesar de la insistencia de Sabroso en recalcar que se trata de cuestiones que fija la Ley y que el reglamento no puede regular, para lo que dice basarse en un informe jurídico de la Asesoría Municipal, la oposición asegura que sí existen herramientas. Más puntilloso en este aspecto se muestra el concejal de Nueva Canarias (NC), Eduardo Ramírez, que señala que el mencionado texto “se puede contrastar con otros que nos dicen lo contrario”.

Las dificultades para detectar a los 'floteros' reconocidas por Sabroso en diversas ocasiones y la falta de medidas contundentes emprendidas por el Consistorio capitalino, contrastan con la acción llevada a cabo recientemente por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que revocó 36 licencias por faltas consideradas como muy graves por la ordenanza municipal, como los casos en los que los titulares llevaban años dados de baja como autónomos en la Seguridad Social. Con esta actuación, la capital tinerfeña se sitúa por debajo de las 1.000 autorizaciones y se asegura la licencia por persona.

Preguntado sobre las competencias municipales, el abogado de la Asociación Tele Taxi Isla de Tenerife (ATTIT), José Miguel Morín, afirma que hay artículos contradictorios dentro de la regulación regional y “tendremos que ver qué sopesa más”. En ese sentido, cuestiona la forma de encajar que un único titular posea cinco licencias con el que deba tener dedicación plena. Esto significa, según un informe emitido por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, que “su presencia física en el vehículo es esencial”, apunta.

Por otro lado, Morín señala que hay una serie de principios fundamentales en el Reglamento que desarrolla la Ley regional, que hacen referencia al equilibrio económico de la actividad y contradicen que el Gobierno municipal diga que el Ayuntamiento no tiene potestad para pronunciarse sobre el número total de licencias.

Asimismo, recuerda que la Tesorería General de la Seguridad Social en Madrid comunicó a la Inspección de Trabajo que los titulares tienen que estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), porque la Ley exige que deben tener dedicación plena, lo que difiere de la situación de los jubilados.

Morín afirma que si la Inspección de Trabajo descubre que un taxista no está dado de alta, se le da al día siguiente con la correspondiente sanción, que puede llegar a ascender a los 5.000 euros. La única excepción se da cuando la renta del afectado no supera el salario mínimo interprofesional, que se sitúa en los 650 euros anuales.