Canarias registra más de 24.000 ERTE que afectan a casi 187.000 trabajadores

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 3 de abril un total de 24.337 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 186.754 trabajadores y trabajadoras afectadas, de los que ya ha tramitado 12.488, el 51% del total.

El 98% de las solicitudes, que son presentadas por centros de trabajo, corresponden a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 23.848 expedientes y solo las empresas de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 18.074 solicitudes (el 74,27% del total).

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, insistió en la importancia de los ERTE para “mitigar el impacto social y económico de la emergencia sanitaria de la COVID-19”, pues permiten “proteger el empleo, garantizar las prestaciones y evitar el cierre de empresas”.

Además, reivindicó que el Estado “reconozca el impacto diferencial” que esta crisis tiene en el archipiélago debido al “parón en el sector turístico” y afirmó que Canarias “precisará de un plan específico, un apoyo singular y diferenciado para relanzar la actividad económica y atender con garantías el impacto social” de la emergencia.

Asimismo, la consejera ha reiterado por escrito a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que el Estado “debe respetar los fondos comprometidos en el marco del Plan Integral de Empleo de Canarias”. Los sectores de hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 32,91% y el 25,93% del total, respectivamente, mientras que las pequeñas y medianas empresas concentran el grueso de las solicitudes con 23.848 expedientes presentados.

De los ERTE registrados, que se presentan por centro de trabajo y no por empresa, 23.732 son de suspensión temporal de empleo (el 93,1%), mientras que hay 1.725 de reducción de jornada laboral (el 6,9%).

Sectores económicos

Por grupos de actividad económica, los que mayor número de expedientes acumulan son el de hostelería, con un 32,91% de las solicitudes; seguido por comercio, con un 25,93%; otros servicios, con un 7,89%; transporte y almacenamiento, con un 6,34%; actividades artísticas recreativas y de entretenimiento, con un 4,06%; actividades sanitarias y de servicios sociales, con un 4,02%; actividades administrativas y servicios auxiliares, con un 3,9% y construcción, con un 3,46%.

Las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo en actividades económicas vinculadas al turismo representan el 46,05% del total, con 11.208 expedientes y 109.091 personas trabajadoras afectadas.

La consejera explicó que los ERTE se están tramitando “dentro del plazo establecido de 5 días y remitiéndose al SEPE, dando garantías jurídicas a las personas afectadas y a las empresas”, algo que es posible gracias al “enorme esfuerzo” de los trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Trabajo.

Además, agradeció el papel del Observatorio Canario de empleo (Obecan) a la hora de procesar “la ingente información relativa a estos expedientes que ha entrado en menos de un mes, superando con mucho cualquier expectativa anterior a esta crisis”.

Máñez explicó también que comprende que el Ejecutivo nacional necesita liquidez para atender las prestaciones de las personas afectadas por ERTE, pero reclamó que los fondos públicos de formación para el empleo “sean repuestos a Canarias al término de la emergencia sanitaria, ya que son fundamentales para la comunidad autónoma en la que más cayeron las afiliaciones a la Seguridad Social en marzo, con una bajada del 2,44%”.

La Consejería ha puesto en marcha una serie de acciones para agilizar la tramitación de los ERTE, siempre en coordinación con los agentes sociales y económicos, así como con los colegios profesionales, entre ellas la actualización del sitio web de la Dirección General de Trabajo para adaptarla a la realidad derivada del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; la elaboración de guías prácticas y preguntas frecuentes sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo; el refuerzo de las plantillas de la Dirección General para la tramitación de estos expedientes o la implantación de una herramienta digital para el tratamiento masivo de datos.