Canarias, entre las comunidades que aumentaron el gasto en su renta de inserción pese a la llegada del Ingreso Mínimo Vital

Desde que se implantó el Ingreso Mínimo Vital (auspiciado por la precariedad en la que quedaron numerosas familias durante la pandemia) la mayoría de comunidades redujo su gasto en sus propias rentas de inserción en un 12,8%. Sin embargo, este no fue el caso de Canarias que en los últimos años disparó su inversión en rentas mínimas (antes la Prestación Canaria de Inserción y ahora la Renta Canaria de Ciudadanía) en hasta un 126%. Así se desprende de un último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. 

El dato contrasta con comunidades como Madrid o Aragón donde se redujo ese gasto en un 80%. Esto quiere decir que aprovecharon el impulso del IMV para recortar en sus propias rentas. “La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las Comunidades, supone que en los dos años trascurridos desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011 y suponga una pérdida global de 241 millones de euros”, destaca la asociación, que remarca que ya otras veces ha denunciado el  “ahorro” de algunas comunidades del presupuesto de sus rentas mínimas para otras cuestiones fuera de los servicios sociales. 

Este no fue el caso de Canarias, que incluso se adelantó al Ingreso Mínimo Vital aprobando en abril de 2020 un “ingreso de emergencia” con el que pretendía beneficiar a unas 40.000 familias que había calculado que se encontraba en riesgo de exclusión. El acuerdo además incluía la exoneración del pago de alquiler a los inquilinos de viviendas sociales y otras ayudas en materia de vivienda. 

Después impulsó la Ley de Renta de Ciudadanía, que quedó convalidada a finales de 2022 por el Gobierno liderado por Ángel Víctor Torres (PSOE) y cuya consejera de Derechos Sociales era Noemí Sanatana (Podemos). La norma fue aprobada por unanimidad con todos los grupos parlamentarios del momento, una Cámara que aún no tenía la representación de Vox. 

El informe publicado este viernes por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace hincapié en que en el conjunto estatal, sólo el 7,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas. 

Las cuantías de esas rentas mínimas 

La asociación explica que la cuantía media por persona perceptora de esas rentas en el conjunto de España supone el 13,9% de la renta media por hogar en nuestro país. “Una cuantía extremadamente baja y que se ha reducido dos puntos este último año”, apunta.

También en este aspecto se resalta que las diferencias entre comunidades “son extremas”. Las que otorgan cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (33,6%); Canarias (18,3%); Asturias (17,2%), C. Valenciana (15,5%) y Extremadura (15,4%). Por el contrario, se encuentran Murcia (8,6%), Madrid (8,3%) y el caso más extremo, Aragón, donde la cuantías de sus RMI sólo representan el 2,5% de la renta media de los hogares de su territorio. 

Más pobreza y peores salarios

Cabe recordar que estos datos se producen en un contexto en el que un 36% de la población canaria, es decir casi 780.0000 se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social (a pesar de esta tasa cayó en 1,6 puntos respecto a 2021). La vivienda, la brecha de género y la falta de apoyo a los hogares con menores son factores de mayor riesgo. Así se desprende del XIII Informe ‘El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador europeo (AROPE) de pobreza y la exclusión social en España 2008-2022'.

Además, Canarias concentra los salarios más bajos de España y pese a que fue  la segunda región con aumento del PIB más potente desde 2021, sigue a la cola en reparto de riqueza por persona. Así mismos, las Islas se sitúan en el penúltimo lugar, solo por delante de Extremadura, en la clasificación por comunidades del coste salarial medio en el tercer trimestre; los empresarios locales pagan la hora efectiva de trabajo más barata de toda España.