Denuncia por múltiples irregularidades en la empresa sanitaria del Cabildo de Tenerife, que controla hasta decisiones médicas

Dice el acervo popular, para infundir esperanza a quien ha sufrido un infortunio, que cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. En el caso de la empresa pública Instituto Médico de Tenerife (Imetisa), participada al 90% por el Cabildo de la isla picuda y en un 10% por el Servicio Canario de Salud (SCS), el plano literal y el metafórico de esa frase se entremezclan. Y es que la decisión del gerente de ordenar el cierre de una puerta, la que da acceso a la cámara hiperbárica (el servicio que presta esta sociedad junto a las resonancias magnéticas), en contra del criterio de sanitarios que abogaban por mantenerla abierta para facilitar la ventilación en el edificio y un ambiente de seguridad frente a la COVID-19, ha sido la gota que ha colmado el vaso, el desencadenante de una denuncia que ha aireado problemas y conflictos de mayor trasfondo, larvados desde hace años. A su vez, ha reabierto el debate sobre su futuro y la pertinencia de continuar dejando un servicio sanitario en manos de una corporación que no tiene ninguna competencia en la materia.

Un grupo de trabajadores vinculados con Imetisa ha puesto en manos del Diputado del Común un dossier que señala directamente al gerente de la empresa, Ramón Folgueras. Múltiples son las quejas, reclamaciones y presuntas irregularidades recogidas en el informe. Desde el trato inadecuado de la dirección a los pacientes, “alzando la voz y sin hacer uso de la mascarilla obligatoria”, hasta deficiencias estructurales de la sociedad que siguen sin ser solucionadas, como “la inexistencia de alternativas” en caso de avería del único ascensor del edificio para el acceso de pacientes encamados o con déficit de movilidad que requieran asistencia urgente. A ello se le suman conflictos laborales, incluidas contrataciones irregulares, el despido improcedente de un radiólogo y, al menos, tres demandas por acoso en el seno de la empresa en los últimos tiempos. Una de ellas se resolvió con una condena a Imetisa por no actuar con la diligencia debida y no adoptar decisiones de calado (como la suspensión de empleo y sueldo) ante una situación de mobbing contra una trabajadora. 

La denuncia al Diputado del Común incorpora como “máximo exponente” de estos desencuentros una serie de escritos de especialistas y jefes de servicio del Hospital Universitario de Canarias (HUC) que cuestionan al gerente de la sociedad del Cabildo de Tenerife por sus injerencias a la hora de establecer la prioridad para la realización de resonancias magnéticas o de pedir que se las justifiquen, es decir, por “querer tomar decisiones sobre pacientes, tratamientos o situaciones médicas” sin tener formación sanitaria, destaca uno de los profesionales con los que ha hablado Canarias Ahora. “Por su estatus y porque es gerente, me retrasó una prueba casi dos meses sin importar por qué era”, añade este profesional. “Es él quien decide qué paciente tiene prioridad, pero no es médico, no entiende de prioridades. Todo son números, es una empresa”, comenta una especialista del HUC a la que también le pospuso una resonancia que pidió con carácter urgente para que se realizara, por su gravedad, en el plazo de 24-48 horas. 

Esta sanitaria señala que el conflicto comenzó a fraguarse hace unos cuatro años, con la salida de Imetisa, por conflictos laborales (uno de ellos acabó con una condena por despido improcedente), de radiólogos que atesoraban una amplia experiencia. Estos especialistas médicos son los encargados de leer los resultados de las resonancias magnéticas y elaborar los informes que remiten a los especialistas del HUC que solicitan la prueba. Hasta entonces, señala la médica, el proceso funcionaba. Especialistas y radiólogos comentaban la situación de los pacientes y decidían la prioridad de las pruebas. Sin embargo, “desde hace unos dos años” y a diferencia de lo que ocurría antes, a los radiólogos que prestan servicio en el área de resonancia magnética de Imetisa no se les permite acudir a los comités de valoración de los pacientes del HUC, una decisión que, entiende, va en perjuicio de la calidad asistencial.

Por otra parte, el Colegio de Enfermería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado a este periódico que está “en trámite de presentar una denuncia” contra Imetisa por la ausencia de profesionales de enfermería en el área de resonancias magnéticas de la empresa pública y la aplicación de canalizaciones de accesos vasculares -lo que se conoce como “coger una vía”- para la inyección del material de contraste necesario para realizar estas pruebas por parte de técnicos de radiología, pese a que es una técnica propia de la profesión enfermera que no pueden realizar trabajadores que no ostenten esa titulación. 

En relación con el servicio de oxigenoterapia hiperbárica, el dossier entregado al Diputado del Común incluye quejas de los pacientes por el “trato inadecuado” del gerente; escritos sobre el conflicto por el cierre de la puerta de acceso a la cámara, que precisó incluso de la mediación de la gerente del HUC y que se resolvió con un acuerdo de horarios de apertura que no satisfizo a los trabajadores, o alusiones a los problemas con las averías del ascensor y de la falta de alternativas de acceso, la “inexistencia” de un servicio de limpieza fuera del horario de 8 a 14 horas de lunes a viernes (ni siquiera disponible para los trabajadores, ya que el material se guarda en un cuarto bajo llave) o la “nula respuesta” a la solicitud de instalación de una línea de aire medicinal necesaria para cumplir con las recomendaciones internacionales en los tratamientos de cámara hiperbárica durante la pandemia de COVID. 

En el plano laboral, los trabajadores también denuncian las carencias en la cobertura del personal técnico necesario para el funcionamiento de la cámara hiperbárica. Y es que solo hay dos camaristas en plantilla, por lo que, según relatan, al menos en dos ocasiones se ha visto comprometida la adecuada prestación de este servicio por la confluencia de bajas o permisos. En la última, en 2018, Imetisa llegó a comunicar la inoperatividad del servicio. Y es que se trata de una labor que exige una formación específica y avanzada.  

Integración en el Servicio Canario de Salud 

Imetisa es la única empresa sanitaria que está en manos de un cabildo. Se creó en 1998 para prestar el servicio público de resonancia magnética nuclear. En la actualidad las instalaciones se encuentran en la base de la torre del helipuerto del HUC, un hospital que perteneció al Cabildo hasta enero de 2009, cuando se integró en el SCS. A finales de ese año se instaló en Imetisa una cámara hiperbárica multiplaza, en la que se puede tratar de forma simultánea hasta a una decena de pacientes a los que se les suministra oxígeno puro en un ambiente presurizado, una terapia que contribuye a la reparación de tejidos afectados por diversas patologías. Es la única instalación pública de esta características en el Archipiélago, de manera que todas las urgencias que requieran oxigenoterapia hiperbárica (un accidente de buceo, una intoxicación por monóxido de carbono, infecciones necrotizantes...), se atienden en estas instalaciones, que permanecen de guardia las 24 horas todos los días. 

La empresa pública factura las resonancias magnéticas al SCS, pero no los tratamientos de oxigenoterapia hiperbárica. En este segundo servicio, el personal técnico y administrativo, así como el material necesario para el funcionamiento de la cámara y la atención de los pacientes durante los tratamientos corren a cargo de la empresa, mientras que el SCS aporta el personal sanitario (dos enfermeros y dos médicos) y el material de las curas. 

Ramón Folgueras es gerente desde mayo de 2004. Fue propuesto por la entonces presidenta de Imetisa, Cristina Valido (Coalición Canaria), que manifestó en esa sesión que no se trataba de un cargo “vitalicio”, sino de un puesto de libre designación, “funcional”, y que podía ser cesado por el Consejo de Administración en cualquier momento. Otro nacionalista, José Manuel Bermúdez, a la sazón consejero de Turismo del Cabildo, defendió el nombramiento y lo justificó en la necesidad de contar con una persona “en exclusiva” para asumir las responsabilidades que hasta esa fecha desempeñaba la consejera delegada, como un cargo intermedio entre la gerencia del hospital y la presidencia de Imetisa. 

Ya entonces se puso de manifiesto la desconfianza de los profesionales médicos del Consorcio Sanitario de Tenerife en el perfil de Folgueras, personal laboral fijo de la sociedad, por su “nula experiencia” en sanidad o en gestión sanitaria. Además, los jefes médicos presentes en ese Consejo de Administración recordaron que desde la creación de Imetisa hubo recelos por el hecho de que el servicio de resonancia magnética no estuviera integrado en el HUC y que entonces se argumentó que, en la práctica, actuaría como un departamento más del hospital y que, de hecho, el jefe de la empresa pública sería el mismo que el jefe del hospital, según consta en el acta de la sesión del nombramiento. 

Uno de los partidos de la oposición en la institución insular, Podemos, ha defendido recientemente la integración de Imetisa en el SCS. Para su portavoz, María José Belda, “no tiene sentido” que los dos servicios que presta esta empresa pública sigan en manos del Cabildo. No es la primera vez que se plantea. Intersindical Canaria, el sindicato mayoritario en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), ya se ha manifestado en varias ocasiones en esta línea. Y aunque en este momento el grupo de gobierno ha optado por el silencio, por no hacer declaraciones públicas al respecto, el presidente Pedro Martín (PSOE) también aludió al principio del mandato a Imetisa como una de las sociedades que podría desaparecer del extenso listado de empresas públicas del Cabildo para que esas funciones fueran asumidas directamente por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 

La consejera de Podemos también ha pedido explicaciones sobre un incidente ocurrido el pasado viernes 28 de mayo, cuando una furgoneta dedicada a la custodia de información, la gestión documental y la “destrucción confidencial” de documentos se personó en la sede de la empresa y, según los trabajadores, accedió al despacho de su gerente. 

Este periódico se ha intentado poner en contacto por distintas vías con el gerente de Imetisa (teléfono, correo electrónico y gabinete de prensa del Cabildo) para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.