Desahuciada en pleno estado de alarma por una deuda de 17.000 euros con la empresa pública de viviendas de Canarias

Entre lágrimas, Ithaisa Pérez (35 años) se veía obligada a abandonar la vivienda de protección oficial (VPO) en la que residía desde hacía seis años. En pleno estado de alarma, el desahucio fue ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Telde para este 13 de noviembre por una deuda de 17.000 euros con la propietaria y demandante: la empresa pública Visocan.

Durante la mañana, los agentes policiales ejecutaron la orden mediante comunicación verbal, sin notificación. A las 16.00 horas, la que fuera inquilina sigue a las puertas de su casa: “No tengo a dónde ir. Estoy pensando cómo voy a pasar la noche. Aún no me lo creo”.

Ubicada en el barrio Caserones Altos, la vivienda le fue entregada por Visocan. Pérez llegó a esta casa después de haber sido desahuciada por impago de otro inmueble en El Caracol, donde vivía junto a sus cuatro hijos y su pareja. Entonces, plataformas anti desahucios, asociaciones y administraciones públicas hicieron un frente común y lograron que pudiera trasladarse en 2015 a la vivienda que seis años después ha tenido que abandonar, esta vez, sin colectivos que protestaran la decisión, acompañada por un grupo de familiares y amigos.

Después de que el anterior propietario le perdonara la deuda que ascendía a 2.400 euros en El Caracol, Pérez estaba exenta de pagar el alquiler durante el primer mes que residió en Caserones Altos. A partir de 2016 debía abonar 366 euros al mes. Pero durante este tiempo Pérez explica que no ha conseguido encontrar trabajo y se le agotó la prestación por desempleo. Tan solo ha podido acceder a Programa de Formación en Alternancia con el Empleo para aprender a trabajar en la construcción, pero que no era apta por sus “problemas personales”. Sin sus hijos en su vivienda, al no poder mantenerlos, Pérez explica que acudía a Cáritas, instituciones públicas o familiares.

Su situación de vulnerabilidad fue uno de los motivos expuestos por su abogado para demandar un aplazamiento del desahucio hasta después de 31 de enero de 2021, en base a la disposición final cuarta Real Decreto Ley 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo, que recoge que si “la persona arrendataria acredita ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional [...] se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento”. Sin embargo, el Juzgado desestimó estas alegaciones y le dio la razón a Visocan.

Pérez explica que el Ayuntamiento de Telde le ha ofrecido un hostal, “pero solo durante una semana” y, además, tendría que esperar a la tramitación y ahora, su preocupación es encontrar un lugar donde pasar la noche.