Educación denuncia ante la Fiscalía a la Tech Universidad Tecnológica por publicitarse como tal sin estar reconocida

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas. EFE/Miguel Barreto

Jennifer Jiménez

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La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, ha anunciado este miércoles en comisión parlamentaria que ha denunciado ante la Fiscalía a la Tech Universidad Tecnológica. Lo ha hecho ya que se publicita como tal sin contar con el requerido reconocimiento, un expediente que la Consejería debe traer al Parlamento según dicta la ley.

De Armas remarcó a preguntas del diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Juan Manuel García Ramos, que ahora mismo la Tech Universidad Tecnológica no tiene autorización, no ha sido reconocida en este Parlamento aún y por tanto “no es universidad” y se publicita como tal. En la Cámara regional se ha puesto de manifiesto que así lo ha advertido también la rectora de la Universidad de La Laguna ULL, Rosa María Aguilar, quien a su vez ha sido denunciada por realizar estas advertencias, lamentó la consejera de Educación. “Espero que se pueda defender en los juzgados con solvencia porque creo que tiene la razón”, apuntó.

La consejera afirmó que después de recibir varias quejas de personas afectadas por esta empresa, profesores y alumnos que se sienten engañados y por la “publicidad engañosa”, los servicios jurídicos de la Consejería consideraron la conveniencia de llevar el caso a Fiscalía, ya que es Educación la que tiene la capacidad para otorgar la titulación oportuna. “Creíamos que éramos quienes teníamos que dar este paso”, apuntó.

“Esto va a ayudar a clarificar muchas cosas”, insistió de Armas, que añadió que el procedimiento sigue y “próximamente se traerá al Parlamento con la propuesta que tiene el Gobierno con esta universidad”.

TECH asegura que ha puesto en manos de la justicia “la campaña de desprestigio y el bloqueo deliberado de su expediente de reconocimiento”. Desde el grupo educativo subrayan que han iniciado los procedimientos legales para la interposición de querellas contra el director general de Universidades (a quienes acusan de presuntamente bloquear el expediente) y los rectores de las universidades públicas canarias, porque sostiene que han realizado una “campaña de difamación”. Además, considera que la consejera busca con su declaraciones en el Parlamento “enturbiar el expediente” para su reconocimiento como universidad privada.

Requisitos más exigentes

“Estamos preocupados por el auge de estas universidades privadas”, apuntó la consejera y “esperanzados con los nuevos requisitos” que impondrá el Ministerio de Universidades. Ya el director General de Universidades del Gobierno canario, Manuel Ramírez, había explicado a este medio que respalda el decreto que endurecerá los criterios a los centros universitarios. La nueva norma les obligará a dedicar más recursos a la docencia universitaria más básica (los estudios de grado) frente a los posgrados o la formación continua, a realizar una oferta académica variada y a dedicar una parte de su presupuesto a la investigación.

Fue el diputado del grupo Nacionalista Juan Manuel García Ramos quien llevó este asunto al Parlamento este miércoles y recordó que desde hace unos años hay un auge de universidades privadas en Canarias, algo que no considera ni bueno ni malo, pero se refirió al caso de la Tech Universidad Tecnológica, que se publicita como que imparte grados y postgrados y que los rectores de las dos universidades canarias hicieron público un comunicado en febrero del pasado año en el que señalaban que esa universidad privada hacía publicidad al menos equívoca.

Tech Universidad Tecnológica insiste en un comunicado en que la Consejería cuenta con la documentación que le acredita como universidad, remarca que “ostenta el reconocimiento necesario para impartir enseñanza superior universitaria” y que “sus actividades cumplen la normativa española vigente”. Así mismo, subraya que imparte títulos propios, para lo que “no necesita” estar inscrita en dicho registro, y que estableció en 2018 sus servicios centrales en Tenerife, donde emplea actualmente a 168 personas. No obstante, admite que a día de hoy no opera como universidad privada en España, pero porque se encuentra desde 2017 a la espera del reconocimiento y autorización de las autoridades competentes.

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