La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha reiterado su respaldo a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, y “al periodismo libre” tras conocerse que el periodista deberá sentarse finalmente en el banquillo para responder a los delitos que le atribuye desde la cárcel el exjuez corrupto, condenado y encarcelado Salvador Alba Mesa.
Así lo ha decidido la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid que, en un auto notificado el pasado 24 de julio, da por buenos los argumentos de la jueza de Instrucción 27, de esa misma ciudad, que tramitó una querella de Alba y de su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, por algunas informaciones publicadas por Sosa en Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es que él dirige. El Ministerio Fiscal, por su parte, que desde el inicio del procedimiento ha pedido su sobreseimiento, ha pedido la absolución del acusado.
“Como ya manifestara la FAPE el pasado 12 de febrero en un comunicado conjunto con la Asociación de Periodistas de Investigación (API), esta decisión judicial genera una profunda preocupación en la Federación por el riesgo que supone para la libertad de información la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso”, explica la organización en un comunicado difundido este lunes.
Además considera el hecho de que la jueza impusiera una fianza tan elevada a Carlos Sosa (422.500 euros), en contra del criterio de la Fiscalía, “una manera de asfixiar económicamente a un medio y a un periodista que han desarrollado de forma legítima y veraz su labor periodística, tal y como marca la Constitución Española”.
La FAPE recuerda que Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión. La Justicia condenó al exmagistrado por utilizar su posición en la judicatura para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política en Podemos. Además, según el propio Tribunal Supremo, Alba intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y a Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública, explica la FAPE.
La Federación de Periodistas recuerda que, en su momento logró que la Ley de Enjuiciamiento Civil contemplara la no ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Ello, para evitar que una sentencia no firme pudiera impedir el libre ejercicio de la libertad de información.
“Desde la FAPE exigimos que se respete el derecho a la libertad de información y rechazamos que se intente asfixiar el periodismo libre”, concluye la organización.