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Es “imposible” rebajar el IGIC, porque es la vía de financiar cabildos, según un experto de la ULPGC

El director de la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Miranda, compareció este lunes en la comisión sobre la revisión del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que se celebra en el Parlamento de Canarias.

EFE

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El director de la Cátedra del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Miranda, ha sostiene que es “imposible” rebajar el IGIC, porque se ha convertido en el “principal sistema de financiación de los cabildos”, y se ha preguntado cuándo los partidos van a preocuparse de racionalizar los gastos de las corporaciones.

Salvador Miranda, que ha comparecido ante la comisión parlamentaria que estudia la revisión del REF, ha indicado que con el IGIC se ha caído “en un hándicap claro” que le preocupa, de que los cabildos “viven prácticamente” de su recaudación y se ha convertido en el elemento principal de su financiación.

“Es imposible rebajar los tipos del IGIC vaya bien o vaya mal. Es una necesidad que hemos creado y un gran problema, porque se incide siempre en la variable ingresos y nunca en la de los gastos, que ningún partido político se atreve a decir que hay que modificar, y por ello en la racionalización”, ha advertido Miranda, para quien cada vez hay mayor volumen de gastos y “ahí hay que aplicar la tijera”.

El especialista también ha expresado su preocupación ante “el peligro” que corre Canarias de “perder en cualquier momento” el hito conseguido en 2018, cuando se acordó que los recursos del REF no computasen dentro del sistema de financiación autonómica y que, actualmente, afronta una corriente de expertos partidarios de cambiar esta situación.

A ello hay que sumar los pactos del Gobierno central con Cataluña y la necesidad de cubrir las necesidades de Valencia, unos planteamientos en lo que el archipiélago “puede perder algo” en cuanto a la financiación autonómica, ha detallado Miranda.

Ha asegurado también que el REF aborda reformas periódicas porque es una institución viva, para subrayar que esta herramienta fiscal “es un iceberg anclado en el Atlántico medio y que lo que reluce son sus incentivos fiscales, que son los que no podemos perder: son la atracción hacia fuera”.

Al respecto, ha considerado adecuado el que se proponga incorporar a los trabajadores al REF con una imposición más baja “siempre y cuando no caigamos en el tópico de aplicar el régimen de Ceuta y Melilla”, cuya realidad no tiene nada que ver con la del archipiélago y, por lo tanto, una bonificación del 60% “sería una utopía en Canarias”.

En cuanto a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), ha apoyado la materialización en vivienda para alquilar ya que, a su juicio, los arrendadores no alquilan porque “sencillamente no hay un régimen jurídico que los proteja”, y los constructores están “asustados de todos los requisitos que deben cumplir para hacer vivienda de protección oficial, un auténtico galimatías”.

“Hay que repensar todo esto y volver a admitir la materialización en la construcción y alquiler de viviendas normales”, ha manifestado Miranda.

En cuanto a la dotación de la RIC, ha explicado que la Agencia Tributaria estatal publicó el 31 de octubre la cifra correspondiente a 2022, que se cifra en 1.700 millones de euros, una cantidad parecida a la que se dotaba antes de la crisis financiera y que es muy superior a la de la pandemia, cuando “se hundió” a 400 millones.

Respecto a quienes cuestionan la RIC y la Zona Especial Canaria, ha reiterado Salvador Miranda que todos los incentivos fiscales del REF deben continuar, puesto que son “un modelo de éxito”, y la prueba es que Baleares también ha introducido un modelo similar “en un copia y pega” por lo que, en todo caso, en Canarias hay que “limar asperezas y seguir” con estos instrumentos.

Además, Salvador Miranda ha advertido acerca de la posibilidad de que la UE reproche a Canarias “el haber pasado olímpicamente de todo” debido a la ausencia de régimen sancionador en relación con el control de ayudas de todos los incentivos fiscales del REF, algo que va a comenzar a investigar de forma inminente la Inspección de Hacienda estatal.

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