La ley de Dependencia cumple 18 años: más de 23.000 personas han muerto en Canarias en la lista de espera

Un total de 23.351 personas han fallecido en Canarias esperando a recibir una prestación de dependencia en los 18 años que lleva vigente la ley que regula ese servicio, entre ellas 9.150 que ya tenían reconocido el derecho, según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En estos momentos, Canarias es la comunidad con mayor lista de espera, con un 41,78% de los demandantes de un servicio de dependencia pendientes de recibirlo, cuando la media es del 13,37%.

Este informe pronostica la lista de espera crecerá este año en Canarias un 42,03%, una tasa sólo superada por el alza que se atribuye a Madrid (70,62%), lo que a su vez hará que aumenten un 18,77% los demandantes que se queden en el “limbo”; es decir, con el derecho formalmente reconocido, pero sin prestación en vigor aún.

Canarias es además la segunda comunidad donde más tardan los trámites de reconocimiento de la dependencia, que por ley no deberían durar más de 180 días. Sin embargo, de media, en España se prolongan 330 días (once meses) y en Canarias, 574 (un año y casi siete meses).

Por encima de esa cifra solo se sitúa Andalucía, con 618 días, aunque el informe destaca que en 2024 Canarias ha vuelto a conseguir reducir sus plazos de espera, recortándolos esta vez en 74 días.

La ley de dependencia cumple 18 años con 3,7 millones de personas atendidas, mientras que 900.000 han fallecido en las listas de espera. Casi un año es el tiempo de tramitación de un expediente, aunque en cuatro comunidades ese plazo es incluso superior, a lo que hay que sumar los meses para recibir la prestación o servicio.

El número de personas demandantes, el de dependientes reconocidos en el sistema de dependencia y el de atendidos han registrado un incremento sostenido año a año, con dos excepciones: el periodo 2012 a 2014, años de recortes en su financiación, y 2020, por el impacto de la pandemia.

En torno al 3,4% de la población española requiere apoyos para realizar sus necesidades básicas de la vida diaria, detalla el informe realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales con los datos oficiales facilitados por el Portal de Transparencia.

“La lista de espera se ha reducido y se han incrementado las personas atendidas en estos 18 años a costa de reducir las cuantías de las prestaciones y de apostar por servicios de bajo coste”, explica a EFE el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Plantea la necesidad de simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad de la prestación o del servicio sin tener que realizar cada vez un nuevo procedimiento.

Los datos de la mayoría de edad de la ley

- 3.699.078 personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos 18 años.

- En 2024 serán 1.644.518 personas las que tienen reconocida su situación de dependencia y otras 136.954 estarán pendientes de valoración.

- 291.649 personas estarán desatendidas cuando se acabe el año sumando las que esperan los servicios (131.083), las pendientes de valoración (136.954 expedientes) y aquellas con un PIA (Plan de Atención) aprobado pero que aún no es efectivo (23.6122). A ese ritmo, se tardarían cinco años en lograr la plena atención.

- En los 18 años, 900.000 personas han fallecido en las listas de espera: 318.000 personas esperando que se les reconociera el grado y 541.000 esperando recibir un servicio y/o prestación a la que tenían derecho. En 2024 han sido 33.096 los fallecidos esperando.

- Casi un año (330 días) es el tiempo de tramitación de un expediente de la dependencia, aunque en cuatro comunidades (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia) este plazo es superior. A ello hay que añadir el tiempo que se tarda en hacer efectiva la prestación o servicio concedido.

- Listas de espera: se reducen desde 2015, aunque aún supera el 13 % en el conjunto del Estado, con más de 131.000 personas.

- Financiación: en los tres últimos años (2021, 2022 y 2023) ha aumentado la aportación de la administración general del Estado con el plan de choque, pero aún no se ha alcanzado el objetivo de igualar al 50 % la financiación Estado-comunidades.

- El gasto por persona atendida se ha reducido: en 2010 era 8.145 euros y en 2024 esta cuantía es de 5.982 (el 26,6 %).

- Genera 40 empleos por cada millón de euros invertidos y la tasa de retorno -dinero que revierte a las administraciones a través de impuestos o cotizaciones de la Seguridad Social- supera el 40 %.