La pandemia y los conflictos internos dejan sin auditoría a las urgencias del Hospital Universitario de Canarias

La gerencia del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ha renunciado a la contratación del servicio para realizar una auditoría clínica y organizativa de las urgencias del complejo. La dirección del centro había abierto el procedimiento el pasado 16 de marzo, apenas dos días después de que se declarara el estado de alarma en España para contener la propagación del coronavirus, con el objetivo de evaluar y mejorar la gestión integral del servicio. Para ello, licitó un contrato con un presupuesto de cerca de 40.000 euros que debía ejecutarse en un plazo de cuatro meses. Incluso llegó a abrir los sobres con la documentación y las ofertas económicas de las empresas que aspiraban a hacerse con esa adjudicación.

Sin embargo, en una reciente resolución, la gerencia del HUC ha desistido de la contratación. Dos han sido las razones que ha argumentado para anular el proceso. La primera de ellas, la pandemia. La idea de los gestores del hospital tinerfeño de auditar el servicio de urgencias es anterior a la crisis sanitaria producida por la COVID-19. El plan de evaluación contemplaba la realización de un trabajo de campo en el hospital y entrevistas a sus profesionales. Labores que, a juicio de la gerencia, ahora mismo resultan incompatibles con las medidas de prevención impuestas por las autoridades para frenar los contagios, entre las que se encuentran las destinadas a evitar el tránsito de personas en los centros sanitarios. La resolución remarca que las urgencias son la principal vía de entrada de pacientes con coronavirus en los hospitales y que, por ello, cualquier tarea que no sea la meramente asistencial en esta área del complejo entraña riesgos para la salud. 

El segundo motivo alegado tiene que ver con el conflicto laboral generado en el HUC a raíz de la destitución, el pasado 8 de junio, de quien había sido el coordinador de urgencias durante los últimos seis años, el doctor Guillermo Burillo. La decisión de la gerente del complejo, Mercedes Cueto, provocó una cascada de dimisiones en el servicio y la protesta de trabajadores del centro que defendieron el buen hacer del profesional destituido. Ese mismo día renunciaron a sus puestos un jefe de sección y cinco jefes de turno al considerar injustificado y arbitrario un cese que la dirección desligó de la gestión de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y achacó a la necesidad de impulsar el cambio de modelo que ya se había planteado a principios de año, antes de la irrupción de la pandemia. 

Fue el entonces recién nombrado consejero de Sanidad, Blas Trujillo, quien en una comparecencia parlamentaria celebrada a mediados de julio detalló los motivos que habían conducido a la gerente a adoptar esa medida. El dirigente socialista señaló que la gestión del servicio era “manifiestamente mejorable”. Aludió para ello a varios indicadores. Entre ellos, el que situaba al HUC como el centro hospitalario canario que registraba el mayor tiempo de espera para los pacientes en el servicio de urgencias, así como el mayor número de ingresos en planta desde este área, a pesar de que era también en el que, según el consejero, menos había aumentado la actividad desde 2014. Trujillo señaló también que la planificación de los turnos, las guardias y las vacaciones durante esos seis años había ocasionado un aumento del gasto público “más allá de lo razonable” y mencionó el retraso en la implantación del sistema de triaje o en la historia clínica electrónica. 

La destitución de Burillo provocó la airada reacción de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). Su presidente, Juan Jorge González Armengol, llegó a atribuir el cese a una “venganza personal” de la gerente del complejo por cuestiones del pasado. En manifestaciones a los medios de comunicación, el portavoz de esta asociación también cuestionó la pertinencia de realizar una evaluación del servicio de urgencias en plena pandemia. “¿Qué pinta una auditoría en medio de una tragedia?”, preguntó entonces.

A esas declaraciones hace referencia la gerencia del HUC para explicar la segunda razón que le ha llevado a renunciar a la contratación del servicio de auditoría: la “falta de imparcialidad” del equipo de trabajo. Los pliegos de condiciones establecían que este equipo de evaluación debía estar conformado por, al menos, dos profesionales expertos en datos de la empresa adjudicataria y por otros dos especialistas de urgencias designados por la SEMES. La directora de gestión del hospital expone en el informe que da pie a la anulación del proceso que, a raíz del cese del coordinador de urgencias, esta sociedad médica se ha posicionado públicamente en contra “no solo de la gestión del complejo, sino de la propia auditoría”, por lo que entiende que es “imposible” garantizar su imparcialidad. 

La resolución de la dirección del HUC incide en que la Ley de Contratos del Sector Público faculta al órgano contratante a desistir de la adjudicación antes de formalizar el contrato siempre que concurran causas de interés público. En este caso, el riesgo de salud pública (por la necesidad de realizar trabajo de campo en las urgencias del hospital) y esa falta de imparcialidad de dos miembros del equipo justifican, a juicio de la gerencia, la renuncia. 

Los pliegos contemplaban dos fases para la evaluación del servicio. Una primera de exploración, para decidir los entre ocho y diez indicadores que servirían de diagnóstico, y una segunda de evaluación clínica. Una parte del trabajo previsto consistía en la realización de entrevistas “semi-estructuradas” a entre cinco y seis profesionales del servicio, con una duración de entre una hora y una hora y media, así como a los responsables de calidad del hospital, de atención al usuario y de documentación y gestión de la información. 

El contrato de auditoría también preveía la observación directa, por parte del equipo de trabajo, del lugar donde se produce la asistencia, a través de la selección de diversos pacientes para seguir su trayectoria desde la llegada al centro hasta el alta y estudiar cuestiones como las valoraciones iniciales, médicas y de enfermería, la gestión de la medicación, la “identificación inequívoca” de los pacientes o la información proporcionada a la familia. Todo ello, con “breves entrevistas a los profesionales” y respetando tanto el trabajo asistencial como la confidencialidad de los datos de los usuarios. Al final de la evaluación, los auditores debían elaborar un informe con recomendaciones y propuestas de mejora del servicio, unos resultados que, según la programación, tenían que ser presentados en primer lugar a la dirección gerencia y, después, a la plantilla. 

Para realizar estos trabajos de campo, se fijaban tres desplazamientos al centro sanitario. El primero, de entre uno y dos días, para consensuar los indicadores a evaluar y preparar las fuentes de datos (admisiones, documentación clínica, archivo, control de gestión...) El segundo, con una duración estimada de entre tres y cuatro días para los miembros de la empresa adjudicataria y de dos para los representantes del SEMES, para el trabajo de campo y la recepción de información, el mismo propósito que para la tercera de las visitas, ya solo con el personal de la contratista y también durante tres o cuatro días. 

Fuentes oficiales del hospital han asegurado a este periódico que de momento no se contempla una nueva licitación para esta auditoría y que no hay que compensar a las empresas que presentaron ofertas al procedimiento abierto en marzo.