Casi 9.000 personas con discapacidad buscan empleo en Canarias

La integración en el empleo de las personas con discapacidad se ha convertido en una batalla entre los colectivos, la empresa privada y la Administración pública. Si ya de por sí el acceso al mundo laboral se ha visto complicado en los últimos años, para este grupo de hombres y mujeres, aún más. Para demostrar que están tan cualificados como cualquier trabajador y aspirar a un puesto digno, deben sortear multitud de barreras.

Las cifras no mienten y la realidad es que en la actualidad en Canarias hay 8.789 personas con discapacidad en busca de empleo. A pesar de que en estos últimos años se observa una tendencia ascendente, en 2017 solo un 0,56% del total de las nuevas altas en la Seguridad Social eran para este colectivo. Desde los sindicatos consideran que el problema radica en la falta de concienciación de las empresas. “La mayoría de las empresas cumplen la ley, pero la ley no está para poner unos mínimos y unos máximos, la ley está para insertar a esas personas al mercado laboral y romper el estigma”, señala José Ángel Ramírez, responsable de Empleo y Asuntos Sociales de UGT en Canarias.

La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, dice que las empresas, ya sean públicas o privadas, con más de 50 trabajadores, están obligadas a disponer de una cuota de reserva de personas con discapacidad del 2% del total de sus trabajadores. Sin embargo, el 2 de junio de 2015 se regularon ciertos aspectos en los que las empresas pueden quedar excepcionalmente exentas de contratar personal con discapacidad siguiendo unas medidas alternativas.

Algunas de esas excepciones serían a través de la realización de un contrato con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad para el suministro de materias necesarias para la empresa o, de la misma forma, la elaboración de un acuerdo para la prestación de servicios ajenos y accesorios para la actividad de la empresa. Desde CCOO recalcan que las políticas tienen que ir orientadas a la integración laboral ya que en la mayoría de los casos se incide más en los centros especiales de empleo. El sindicato defiende que existan estos espacios, pero considera que “debe fomentarse la inclusión en las empresas”.  

De la misma forma, Ramírez ampara el uso de esas políticas para la capacitación de estas personas, para que se abra la puerta a un primer empleo e insiste en que hay que seguir haciéndolo, pero recuerda que estas medidas no tienen un repercusión directa en la empleabilidad global por lo que cree que hay tomar acciones muy directas. “Tener un cupo mayor y hacer programas efectivos que lleguen a las empresas del sector privado para que se den cuenta de que son trabajadores con una valía igual que cualquier persona”, recalca.

Según el informe sobre el mercado laboral de las personas con discapacidad elaborado por el Gobierno de Canarias durante el año 2017, de los nuevos contratos que se crearon, 4.701 eran para personas con discapacidad. Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria fueron las que más altas a la Seguridad Social crearon, con un 0,84%; 0,63% y 0,61% respectivamente, superando la medida de Canarias, y se hicieron un 20% más de contratos a hombres que a mujeres, 60,84 y 39,16%. Si se analizan los contratos generales no se observa esta diferencia tan grande, 52% los hombres y 48% las mujeres.

El dossier, publicado en el Observatorio Canario de Empleo, también segrega a las personas con discapacidad por edades y nivel formativo. En este apartado se puede observar que este grupo entra a una edad más tardía al mercado. La mayor proporción se encuentra en 25 y 45 años, el 53% y sólo el 7,5% tiene menos de 25.

En cuanto a la formación, el 46% de la población solo tiene estudios de Primaria mientras que el 44% llega a Secundaria. El 10% restante tiene una formación profesional o estudios universitarios. Los obstáculos que tienen que superar en muchas ocasiones las personas con discapacidad para llegar a una formación superior es uno de los motivos por los que muchos de ellos ni siquiera intentan acceder a ella. La falta de centros o aulas con profesores adaptados a ellos, con un seguimiento que les haga tener un progreso constante e incluso la falta de sensibilidad son algunas de las barreras que les hace no seguir intentándolo. El responsable de estos ámbitos en UGT asegura que “sigue habiendo un gran estigma social por estas personas, sobre todo en el ámbito laboral”.

En las islas, el 95% de las personas con discapacidad que están contratadas por una empresa se encuentran trabajando para el sector servicios y el 83,6% de los contratos son temporales, una tendencia que no ha variado en los últimos años. El 0,6% trabaja en agricultura; el 2,4% en industria, el 1,9 en la construcción; el 7% en comercios; el 7,1% en la hostelería y el 80,9% en el resto de servicios. Desde UGT consideran que muchas veces no se le da la oportunidad a esos trabajadores de demostrar lo capaces que son y el beneficio que pueden aportar a las empresas.

Así, estos trabajadores cuentan con salarios muy por debajo de la media, ya que los empleos a los que acceden están por debajo de su cualificación real. Ramírez asegura que se crean categorías ‘ad hoc’ con el fin de cumplir con la ley sin valorar que estas personas están capacitadas para tener cargos de mayor responsabilidad y eso se refleja en sus nóminas que, por lo general, son muy bajas.

Desde febrero pasado la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, dirigida por Cristina Válido, se está haciendo un plan de atención a la discapacidad que se espera tener antes de que finalice el año. En CCOO se pide que se haga un diagnóstico de la realidad en Canarias; que se lleven a cabo medidas de concienciación empresarial; que se dé una vuelta de tuerca a las políticas de la administración y que se le dé importancia a las políticas de trabajo ya que tienen un papel fundamental para evitar la explotación.

Asimismo, insisten en que las empresas deben tener un plan para la discapacidad sobrevenida, que se trata de la reorientación vital y profesional de las personas a las que se le ha sobrevenido una discapacidad siendo adultos.

Desde UGT se demanda que se aumente el porcentaje que está en la ley con respecto a la plantilla que actualmente tienen las empresas y que se hagan políticas de concienciación. “Exigimos que se llegue a un 10% y nos dicen que es descabellado, pero creemos que es un porcentaje adecuado para la cantidad de población que existe y que está desempleada o que tienen gran dificultad para la empleabilidad”.

Solicitan que no se delegue a empresas terceras que se dedican a la inserción laboral de esas personas, ya que creen que la contratación directa “es mucho mejor”. Además, el sindicato propone que durante los primeros cinco años haya una bonificación del 100%, ya que eso podría ser un aliciente en motivar para contratar a esas personas.

Hasta ahora se desconoce el número de contratos que se han hecho durante 2018, lo que sí se sabe es que en la actualidad hay 363 más demandantes de empleo que en diciembre de 2017. Los esfuerzos se centran en que las empresas cuenten con personas con discapacidad en su plantilla no por cumplir con la ley, sino porque verdaderamente están concienciados de que son “trabajadores muy productivos”.