Los técnicos estudian la habitabilidad de la casa de Josefa Hernández y barajan derribar sólo una parte

Josefa Fernández junto a la vivienda en la que vive con su familia, construida en un espacio protegido en el Parque Rural de Betancuria, en Fuerteventura (EFE/CARLOS DE SAÁ)

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

Josefa Hernández, la conocida como abuela de Fuerteventura obtendrá una solución para su casa en las próximas semanas. Un comité técnico baraja la posibilidad de derribar tan sólo la parte de la vivienda que se encuentra edificada sobre el paraje natural protegido de Betancuria y que el resto se mantenga en pie. Además, valoran que la familia pueda continuar viviendo en la zona que quede sin demoler, siempre y cuando concluyan que es habitable para los seis miembros.

El presidente del Cabildo de esta isla, Marcial Morales, apunta que el proyecto aún no está del todo elaborado, pues los técnicos están considerando varias posibilidades antes de que quede finalizado. No obstante, prevé que en unas dos semanas esté listo y se le pueda dar una solución formal a esta familia. 

Cabe recordar que tras la puesta en libertad de Josefa Hernández, quien fue condenada por edificar en un espacio natural protegido a seis meses de prisión, una multa de 720 euros y a derribar su casa, el Gobierno de Canarias le ofreció una vivienda de renta libre en Puerto del Rosario para que ella y las cinco personas que tiene a su cargo - tres nietos, una hija con discapacidad y un hijo desempleado - pudieran vivir hasta que se solucionara su situación. 

Y es que, la Audiencia de Las Palmas, que se adelantó a la petición de indulto para Josefa Hernández, condicionó el pasado mes de agosto la decisión de ponerla en libertad a la orden de derribo de la casa. Además, en el indulto publicado en el BOE el día 28 de agosto se expresa que este se concede siempre y cuando no vuelva a cometer un delito en el período de dos años. 

En cualquier caso, como ha señalado a Canarias Ahora el abogado de la abuela de Fuerteventura, José De León, esta mujer se encuentra obligada a demoler la parte de la casa que se encuentra en el paraje natural protegido. Por ello, espera que los resultados del proyecto lleguen pronto para cumplir con esta condición.

Josefa Hernández llegó a explicar que no había podido derribar su casa por carecer de otro lugar donde vivir y por no tener posibilidades de pagar un alquiler. La familia vive con un total de 740 euros al mes; la pensión de esta anciana que es de 320 euros y la prestación por desempleo de su uno de sus hijos, que suponen 420 euros. 

Josefa volverá a declarar en los juzgados

El abogado José de León ha asegurado que el próximo 14 de octubre Josefa Hernández tendrá que comparecer en el Juzgado de Instrucción número 6 de Puerto del Rosario por un presunto delito de quebrantamiento de condena y de otro contra la ordenación del territorio.

Según explica, esto se debe a la providencia de la juez de 28 de julio donde se señala que esta mujer no sólo no ha derribado su casa sino que la ha ampliado, construyendo una habitación de madera y se basa, para ello, en informes del Seprona. 

El abogado apunta que en estos momentos se encuentran en una fase de investigación, recopilando los hechos, ya que pretenden demostrar que el cuarto de madera estaba edificado antes de que se dictaminara la sentencia. Asimismo, Josefa Hernández llegó a explicar que esta habitación se realizó porque el invierno de 2007 causó desperfectos en el techo de su casa y no tenía recursos económicos para hacerlo de otra forma. 

La vida de esta sexagenaria no ha sido “nada fácil”, según sus propias palabras. Hace 30 años se divorció y tuvo que sacar adelante a sus siete hijos y dos hermanos pequeños sola. Por este motivo, decidió edificar sobre unos terrenos que había heredado de sus padres. Su economía nunca mejoró para buscar otro sitio donde vivir o acondicionar esta vivienda. 

Tras la inminente entrada en prisión de Josefa Hernández, efectuó una huelga de hambre, que tuvo que suspender por problemas de salud. A su reivindicación se unieron miles de personas a través de la plataforma change.org y por medio de diferentes manifestaciones que se convocaron en la isla. El caso, de gran repercusión mediática, también movilizó a distintos sectores de la política. 

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