La violencia económica que sufre Teresa con su agresor en prisión por intentar matarla: “Sigo viviendo el maltrato”

El maltrato que sufría Teresa no terminó el día que su pareja la intentó matar. El 8 de febrero de 2007, José Ramón Rodríguez, un conocido constructor de Lanzarote, irrumpió en su casa por la mañana: “Vine a matarte”, le dijo. Le golpeó en la cabeza con una botella verde de champán, la agredió durante horas, la dejó inconsciente y tirada en el suelo de la cocina. Después, huyó. Teresa tuvo que ser trasladada al Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, donde estuvo en coma inducido. 17 años después, Teresa arrastra importantes secuelas físicas y psicológicas. Entre ellas, la ceguera. El agresor fue condenado en 2009 a 14 años y diez meses de prisión. En menos de un año quedará en libertad sin haber cumplido aún otra parte de su pena: el pago de la responsabilidad civil por daños morales y personales. 

 

Como consecuencia de la agresión, Teresa tiene una incapacidad del 89% y no puede trabajar. La Audiencia Provincial de Las Palmas impuso a José Ramón el pago de una indemnización que asciende a 458.775 euros más los intereses legales: 200.000 euros por daños morales y 258.775 por daños personales y secuelas. Hasta el mes de abril de 2021, el agresor había abonado 3.360,35 euros, ni un 1% del total, confirman fuentes próximas al caso. Los ingresos han llegado a cuentagotas. “A veces son 20 euros, otras diez… Es dinero que la propia Audiencia le embarga cuando le pagan por hacer algún trabajo dentro de la cárcel”, cuenta la víctima. 

 

El maltratador se ha valido de diferentes trampas para eludir el pago de la indemnización. De esta manera, después de haber estado a punto de morir, Teresa sigue sufriendo violencia económica por parte de su expareja. Este tipo de violencia es la que ejercen los agresores sobre sus víctimas afectando a su supervivencia económica, con el objetivo de convertirlas en dependientes económicamente, controlando o limitando sus ingresos. 

 

En noviembre de 2022, la Justicia anuló mediante una sentencia un contrato de arrendamiento de una vivienda firmado entre José Ramón y su hijo José Miguel. El magistrado concluyó que se trató de una operación “torticera” maquinada por el agresor para intentar esquivar el pago de la responsabilidad civil. La vivienda objeto de este contrato fraudulento es la casona de Tao. Levantada en medio de un paraje natural de importante valor, esta casa rural es muy reconocida en la isla como lugar para celebrar grandes eventos. 

 

La casona es desde 2005 propiedad de Juan Ramón y de Teresa. Él tiene un 67% de la propiedad a través de la empresa Hotelitos Rurales de Lanzarote, de la que es administrador único. Ella tiene el 33% restante. Sin embargo, en mayo de 2007, tres meses después de la agresión, Hotelitos Rurales firmó el arrendamiento de la vivienda a una sociedad recién creada por su hijo José Miguel, la mercantil Celebraciones Lanzarote. Esta operación se realizó a espaldas de la víctima, también propietaria. 

 

El contrato bloqueaba la posibilidad de que la víctima cobrara la indemnización a través de un embargo o venta de la propiedad. Esto se debe a que, al inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad en 2018, el arrendamiento figuraba como una carga durante los 14 años de vigencia del contrato. La sentencia anuló el contrato por esconder un motivo “espurio y dañino” contra los derechos de la víctima. 

 

En estos 17 años, José Ramón no ha dejado de poner “obstáculos judiciales, tropiezos e impedimentos” para recibir la indemnización, explica María Dolores Santana, abogada de Teresa. Sin embargo, esta novedosa sentencia con perspectiva de género supuso un logro para eliminar obstáculos para el embargo.

 

Padre e hijo también fueron condenados por alzamiento de bienes después de que José Miguel comprase a su progenitor 2.500 participaciones de Hotelitos Rurales de Lanzarote en 2007. La operación se produjo el mismo día que la Justicia requirió al agresor una fianza de 350.000 euros para cubrir la responsabilidad civil de la previsible condena por intentar matar a Teresa. En ese momento, se acordó también el embargo de las participaciones de su empresa. 

 

No hay arrepentimiento

 

José Ramón saldrá de la cárcel en 2024 y tendrá una orden de alejamiento hasta 2029. Sin embargo, para Teresa es imposible rehacer su vida con tranquilidad. “Tengo miedo. Todavía tengo miedo. Él no ha mostrado arrepentimiento ninguno”, cuenta. La víctima sostiene que a la violencia económica que sigue sufriendo se suman las veces que el agresor ha intentado contactar con ella desde la cárcel.

 

Hasta hace unos meses, el agresor disfrutaba de un tercer grado, que le fue revocado por quebrantamiento de medidas cautelares. “Las fuerzas de seguridad me informaban de cuándo salía los fines de semana, pero yo no sabía si salía algún día entre semana. Me lo iban advirtiendo algunos conocidos”, dice.

 

“Varias veces, cuando yo tenía el dispositivo de vigilancia, yo iba en un coche y eso me empezaba a pitar. Era porque él estaba detrás”, recuerda Teresa. Su letrada, en algunos casos, no ha sido informada de las veces que él ha pisado la calle, con las consecuentes dificultades para exigir medidas de protección para la víctima. 

 

 

Violencia del entorno

 

Teresa también denuncia que ha sufrido violencia psicológica por parte de familiares y personas del entorno de José Ramón. “A pesar de que hoy salimos y nos manifestamos, parte de la sociedad no entiende a las mujeres maltratadas y te hace muchísimo daño. No a todo el mundo se le puede pedir ayuda. Es importante tener a alguien que te crea, que te diga que no tienes que sentir vergüenza por lo que has vivido”, lamenta Teresa. En un territorio pequeño, el infierno es aún mayor. “He tenido que escuchar en mi propio pueblo cómo ponían en duda mi ceguera y lo justificaban a él”, recuerda. 

 

Para ella, ha sido clave el apoyo de sus tres hijas, de sus abogadas, de sus psicólogas, de la Justicia y de los cuerpos de seguridad. “A mí la Guardia Civil me llama cada 15 días. Yo solo tengo que pulsar un botón y ya están pendientes de mí. En estos 17 años me he sentido protegida por ellos”, agradece. 

 

Antes de intentar matarla, José Ramón le asestó once puñaladas, por lo que también fue condenado a ocho años de prisión. “Yo sabía cuándo me iba a pegar solo con mirarle a los ojos. Proteger a mis hijas, que en ese momento eran pequeñas, era mi única misión”, recuerda. 

 

La violencia psicológica que también sufría hizo que, durante muchos años, Teresa dejara de ser ella misma, cuenta. Después de estar al borde de la muerte, el Cabildo de Lanzarote la ayudó a encontrar una psicóloga que pudiera atenderla. “Gracias a ella pude ir recordando todo lo que me había pasado. A veces la mente bloquea recuerdos para protegerte”, cuenta. Teresa sigue luchando por rehacer su vida junto a su familia y por que se haga justicia. “Ya no tengo nada que perder. Yo no viví un maltrato. Lo sigo viviendo”.