El exalcalde de Arico elude responsabilidades de las supuestas adjudicaciones irregulares del exconcejal de Obras Álvaro Arbelo

Eladio Morales, exalcalde de Arico, ha eludido cualquier tipo de responsabilidad en las supuestas adjudicaciones irregulares que han sentado al exconcejal Álvaro Arbelo y dos empresarios en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de los delitos de cohecho y fraude.

Morales ha dicho este lunes en el juicio que acoge la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que siempre las obras fueron adjudicadas por el exconcejal y que él se limitaba a firmarlas basándose en los informes que le hacía llegar la secretaria del Ayuntamiento y los técnicos responsables.

Las adjudicaciones, además, eran aprobadas en Comisión de Gobierno.

Morales fue alcalde durante el mandato 2007-2011, junto con Arbelo, y compareció como testigo aunque en su momento llegó a estar imputado pero finalmente se concluyó que ni él ni el resto de miembros del grupo de gobierno municipal tenían conocimiento ni eran responsables de las supuestas irregularidades.

El exalcalde no recordaba ni siquiera los grandes contratos dado el tiempo transcurrido y aseguró que tampoco conocía a los empresarios acusados.

“Confiaba plenamente en la secretaria, que era la encargada de tramitar los expedientes que a su vez venían de la Oficina Técnica. Yo me limitaba a firmarlos”, afirmó.

Además, negó que participara en la redacción de los pliegos y dijo que desconocía cómo el exconcejal elegía a las empresas. “No intervine en nada y nunca vi nada anómalo. Los informes siempre eran favorables y lo lógico entonces es que se lleve a cabo la adjudicación”, esgrimió.

En la sesión del juicio, que seguirá durante los próximos dos días, intervinieron técnicos, funcionarios y empresarios.

Un técnico aseguró que la oficina donde se tramitaban estos expedientes era “un caos” y que la nueva normativa no permitía subcontratar las obras, pese a que así se había hecho en el caso de las empresas que estaban bajo sospecha.

Otro funcionario admitió que “en alguna ocasión comprobó que no cuadraban los números”.

Negó que diera instrucciones sobre el pago y que se hablaba con más empresas a la hora de decidir la adjudicación.

En cualquier, caso aseguró que los documentos podían ser firmados por otros funcionarios. Las obras a veces se fraccionaban y señaló que en general a las grandes empresas no les interesaban las de pequeño presupuesto.

De resto, un promotor dijo que los técnicos podían intervenir en estos procesos y que era posible que se cambiaran las condiciones según las empresas.

Empleados de la asesoría con la que trabajaban los empresarios acusados aseguraron que no recuerdan nada particular de las empresas bajo sospecha.

En un documento aparece mal escrito el nombre, apellidos y DNI de uno de los trabajadores, pero lo atribuyen a un error.

Uno de esos empleados dijo que nunca nadie le pidió que hiciera algo ilegal y negó que en su declaración ante la policía asegurara que los negocios de los empresarios “le daban mala espina”.