El exalcalde de Arona niega la prevaricación: “Solo me interesaba por mis vecinos”

José Alberto González Reverón, el exalcalde de Arona (entonces de CC), vuelve a estar sentado en el banquillo de los acusados. Esta vez se le acusa de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones, delitos por los que la Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años de inhabilitación para cargo público y a dos años de cárcel.

Desde 2011, González Reverón, apodado Berto el Conseguidor, ha pasado por los juzgados en cinco ocasiones, cuatro de ellas como acusado. En noviembre de 2012 tuvo que dejar la Alcaldía del municipio del sur de Tenerife, que ocupaba desde 2003, tras convertirse en firme la sentencia que lo inhabilitaba durante cuatro años y medio por contratar a dedo a dos personas, sin que las plazas salieran a concurso público.

En diciembre pasado, el exalcalde, que llegó a ser uno de los hombres fuerte de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, regidor de uno de los municipios que más turismo recibe en la Isla, fue de nuevo condenado por prevaricación a otros siete años de inhabilitación, aunque se libró del delito de malversación de caudales públicos, por el que se pedía prisión.

Y desde enero de este año hasta abril ha sido enjuiciado junto a otras 12 personas, entre políticos, extécnicos del Ayuntamiento aronero y arquitectos, por prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Es el conocido como caso Arona 1, la pieza principal de la que han emanado las restantes piezas separadas y cuya sentencia se conocerá cuando haya concluido la vista oral de este nuevo juicio, que se ha iniciado este miércoles en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y que se prevé que dure hasta el viernes.

José Alberto González Reverón es juzgado por, presuntamente, intentar amañar una oposición al cuerpo de la Policía Local de Arona en 2007 para “colar” a un policía interino. Fue durante la investigación judicial de la pieza principal del caso Arona cuando se conoció la forma de actuar de Berto el Conseguidor, que siempre se ponía al teléfono y siempre estaba dispuesto a echar una mano a amigos y vecinos para solucionarles sus problemas, incluso al margen de las normas legales.

“Hay que tirar de Nico para arriba”

Así fue como se grabó la llamada que le hizo el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en la que le pedía el favor de lograr una plaza para una sobrina. También le pidieron favores el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que entonces era vicepresidente en el Cabildo de Tenerife.

Las oposiciones para cubrir 10 plazas en el Cuerpo Local de la Policía contaron con cerca de 200 aspirantes, pero finalmente el interino Nicanor Valentín logró el puesto fijo, según la Fiscalía, porque González Reverón habría colocado en el tribunal juzgador a Hortensia García García, que en 2007 era subinspectora y máxima responsable del cuerpo.

Hortensia se sienta en el banquillo junto al exalcalde. Es el único caso que comparten de los seis por los que ahora se juzga a Reverón y para ella se piden 8 años de inhabilitación. Nicanor, Nico, logró la plaza en último lugar y solo por unas décimas de diferencia con el inmediato siguiente en la lista. La clave estuvo en la puntuación del examen de inglés

Sin embargo, tanto Hortensia García como González Reverón negaron conversaciones más allá de la informalidad. Las llamadas intervenidas por la Policía Judicial, en una de las cuales el exalcalde le dice a Hortensia que “hay que tirar de Nico para arriba”, consideran que han sido sacadas de contexto.

Mientras la exjefa de la Policía Local dijo que nunca fue influida por González Reverón y que estuvo en el tribunal juzgador por méritos propios, el exregidor admite que esa llamada existió pero “como una actuación típica de alcalde. Era el único interino, era del municipio y era un caso excepcional (…). Como policía era muy bueno. Hortensia no tenía capacidad para influir en todo el tribunal”.

Hortensia García negó que hubiese intermediado con la examinadora de inglés para elevar la puntuación del aspirante. La profesora de inglés tampoco admitió haber recibido presiones ni influencias, sino que aseguró que entregó las calificaciones al tribunal y por eso Hortensia supo la nota que había puesto “al chico”, un uno.

Un chalet en medio de un plan territorial del Cabildo

El siguiente supuesto por el que se juzga al exalcalde es la supuesta intermediación para lograr legalizar la vivienda de Manuel Reverón, entonces concejal del equipo de Gobierno de González Reverón.

Ese chalet fue construido en una zona rústica no urbanizable en el barrio de Buzanada. El Plan General, entonces pendiente de aprobar, transformaba el terreno en urbanizable, pero no así el Plan Parcial de Ordenación Territorial, que dependía del Cabildo tinerfeño y que acabó suspendido. Sin embargo, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente ordenó la demolición del chalet y el pago de 150.000 euros.

La Fiscalía sostiene que González Reverón intervino ante la consejera del área del Cabildo, María del Pino de León, para que el Plan Parcial diera un salto en el mapa y dejara fuera de la protección la casa del exconcejal, que se libró del expediente sancionador.

Y una vez más el exalcalde defendió que llamó solo para informarse, porque, si algún vecino o, en este caso, compañero de partido, tenía un problema él intentaba solucionarlo. “Pero sin ningún ánimo de influir en nadie. Había una distorsión entre lo que decía el Plan General y lo que proyectaba el Plan Parcial”. “Solo llamé a María del Pino para saber cómo iba el Plan Parcial. Era un tema de justicia”, apostilló.

La exconsejera sostuvo que, aún queriendo, hubiera sido imposible legalizar la vivienda de Manuel Reverón de esa forma. También negó que el exregidor le entregara en mano las alegaciones a la no recalificación del terreno en el que se levanto la vivienda. González Reverón aprovechó para negar que Manuel sea su primo. “No es familiar mío. Era solo compañero en el Ayuntamiento”.

Otro de los supuestos del que se le acusa es de mediar ante la Cámara de Comercio para que se eligiera como representante en la delegación del sur de Tenerife a Carlos Tacoronte. Incluso hay grabadas llamadas al entonces director general de la Cámara, Vicente Dorta. “Tacoronte pasó el proceso selectivo, pasó el examen, y solo llamé a Dorta porque el candidato presentaba muy buen perfil. Es abogado y es joven, pero sin más interés que el de buena vecindad y de interesarme por el proceso”.

Tampoco quiso influir, aseguró, a la directora de una guardería municipal para que se le diera plaza a la hija de un amigo, pese a que hay llamadas en las que se registran frases como, “cuando esté solucionado, me avisas”, y pese a que la niña tuvo plaza aunque la madre no aportó la documentación necesaria.

Los últimos dos supuestos de los que se le acusa son su intermediación para librar de multas de tráfico a un vecino y por influir para la lograr la contratación de seis personas en la empresa de basuras, una de las cuales es hijo de otro excompañero de expartido, Alfonso Barroso.

González Reverón lo negó todo, tanto a preguntas de la fiscal como de su abogado, César Calleja Sánchez (que sustituye a la letrada Olga López, quien se ha negado a representar más al exalcalde, tras una fortísima discusión al final de la vista oral del caso Arona 1). De nuevo, el acusado se ciñó a su buena intención de “ayudar” a vecinos que “lo estaban pasando muy mal. Solo me interesaba por mis vecinos”.

Y si, en efecto, llamaba a unos y a otros, y era solo con afán de informarse de cómo iban los procesos de selección, ya que la empresa concesionaria de basuras, Camilo Álvarez y Clusa, “en ocasiones era la que llamaba al Ayuntamiento para pedir personal”. Añadió que nunca había coaccionado a los responsables de esta con quitarles la concesión.