Ocho exconcejales votaron sí a la compra de la playa sin leerse siquiera el expediente

La décima sesión de la vista oral por el caso Las Teresitas ha sido un desfile de “fieles” a Miguel Zerolo, exalcalde y exsenador en Cortes, principal y más sonoro acusado por el posible fraude en la compraventa de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife, regidor de la capital tinerfeña desde 1995 hasta 2011 y uno de los hombres fuertes de Coalición Canaria desde su creación hasta su renuncia a la militancia en 2015.

Los ocho testigos llamados a declarar este lunes, todos ellos concejales o concejalas de Coalición Canaria cuando se llevó a cabo esa compraventa, han coincidido en poner la pelota en el tejado de los funcionarios que se sientan en el banquillo por prevaricación para responsabilizarlos de su voto a favor en el pleno municipal de julio de 2001, en el que se dio vía libre a la operación por la que se adquirieron a dos empresarios, también acusados, las 11 parcelas que conforman el frente de la playa de Las Teresitas por el triple de su valor, de acuerdo con la estimación de una arquitecta municipal, la extécnico del Ayuntamiento Pía Oramas.

Los ocho, citados por la Fiscalía Anticorrupción (siete de CC y uno del Grupo Mixto) han alegado falta de memoria para justificar no conocer asuntos esenciales, como quién fijó el precio a pagar por esas 11 parcelas (52,2 millones de euros, cerca de 9.000 millones de pesetas, frente a los 19,2 millones fijados por Oramas ), además de reconocer que no estudiaron a fondo el expediente por el que se llevaba a cabo esa operación, y que únicamente se fijaron en los informes favorables del secretario general (el acusado José Eugenio de Zárate) y el interventor (el acusado Antonio Messía Yraola) para votar a favor.

El primer testigo de la jornada, Norberto Plasencia, exnacionalista que fue “codo con codo” con Miguel Zerolo, sostuvo que “el expediente venía informado favorablemente por el secretario y el interventor”, y que con eso le bastó, ya que “lo vi por encima”. No se acordaba si le hablaron de tasaciones y dijo creer que nunca le mencionaron el peritaje elaborado por la técnico municipal.

Plasencia, que ya ha sido condenado en firme por el caso Mamotreto (pieza desgajada del caso Las Teresitas pero ligada a éste) a dos años y tres meses de prisión, y que está a la espera de otro juicio (caso Siliuto) por la compra con dinero público de un inmueble por el doble de lo tasado, insistió en que se actuó en “bien del interés público”, una frase que se ha repetido a lo largo de la sesión de este lunes.

Igual que Plasencia, la testigo Ilda Romana aseveró que “el expediente estaba limpio, todo perfecto. No llegué a preguntarme más ni tenía dudas”. Ilda Romana fue en 2001 concejala de Movimiento Vecinal. Votó a favor de la compra pero no recordaba si fue informada o no lo fue de las diferentes tasaciones realizadas sobre el valor de los terrenos. “Me pareció un precio razonable”, añadió. “Entre los compañeros (de grupo municipal) pensábamos que era bueno”. “No recuerdo valoraciones ni tasaciones. No sé cómo se llegó al precio que se pagó”.

La tercera testigo fue Rosario del Pino Capote, que se ocupaba de Asuntos Sociales en 2001. “Miré el expediente, vi que tenía los informes favorables del secretario general y el interventor municipal y que la playa pasaba a manos públicas. Para mí era una buena noticia”.

Del Pino Capote manifestó que “no entiendo de precios. No sabía si era una cantidad elevada o no”. Según aclaró, el precio a pagar por la playa era “un detalle”, al igual que las tasaciones y valoraciones. Detalles para los que dijo no tener memoria. “Bastante trabajo tenía con mi área”. “Se nos explicó que la compra de la playa era adecuada. Además, iba en nuestro programa electoral. Eso me bastó”, zanjó.

El testimonio del exconcejal Emilio Atienzar, que llegó a ser primer teniente de alcalde con Zerolo, fue similar a los anteriores. Atienzar tampoco recordaba este lunes quién informó a favor de la compra, y solo vio “por encima” el expediente, sin fijarse en tasaciones ni preguntar por la cuantiosa cifra que se iba a pagar a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de Inversiones Las Teresitas, por las parcelas. “No sé si era caro o barato, no tengo criterio”.

“El expediente era impoluto”, declaró rotundo. “Con los informes favorables del secretario general y del interventor”. “Lo vi por encima (el expediente) porque ya se había explicado en una comisión previa”. “¿Quién lo explicó?”, preguntó la fiscal, pero Atienzar no lo recordaba.

Tasaciones privadas en Viviendas Municipales

Los demás testigos se mantuvieron en la misma línea. Hilario Rodríguez, que llegó a CC de la mano del Centro Canario Nacionalista, tampoco se preocupó en estudiarse el expediente para la compra de la playa, pese a que, como sus predecesores, le bastó lo que le comentaron sus compañeros de filas en reuniones previas a la votación. “Lo ojeé el mismo día del pleno”, dijo.

Hilario Rodríguez, con algo más de memoria, sí matizó las reuniones del grupo municipal de Coalición Canaria previas al pleno, que a ellas asistían todos los integrantes del partido, incluido Miguel Zerolo, y que “en la información que se nos dio no se habló de la peritación de Pía Oramas ni de una empresa externa (la Universidad Carlos III).

“Yo no podía cuestionar a los técnicos que habían dado el visto bueno. Se me dijo que había tres tasaciones y que se había dado el visto bueno a una”. Lo curioso, y a lo que no supo qué responder, es que el precio finalmente pagado no estaba marcado en ninguna de esas periciales.

Otros dos exconcejales de la etapa más vistosa del “zerolismo”, Adrián García Rojas y María José Gutiérrez Pajarón, ambos del PP, coincidieron en afirmar que fue el excompañero de filas y en 2001 portavoz del grupo municipal popular, Emilio García Gómez, quien les informó de los pormenores del expediente, pero ninguno de los dos recordó si había tasaciones en él, qué tasaciones, ni que hubiera una tasación no incorporada de la arquitecta municipal Pía Oramas.

El último testigo, David Saénz Cortés, era el único integrante del Grupo Mixto cuando se llevó a cabo la votación que permitió la compra de la playa. Antes de llegar al Grupo Mixto militaba en PP y acabó en las filas del Centro Canario Nacionalista, cuyo líder era hijo y hermano de los acusados Ignacio González y Pedro González. La amistad con esta familia, manifestó, le viene “de toda la vida. Desde el colegio”. Asimismo dejó clara su amistad con el otro empresario acusado, Antonio Plasencia, del que era y es socio.

“No vi el expediente ni las tasaciones”, pero votó a favor “porque era bueno para la sociedad”. En cuanto al precio pagado, no titubeó al afirmar “que no es una labor política saber de precios”.

Llamó la atención esta declaración, pero mucho más al ser inquirido por la acusación popular acerca de las tasaciones que figuraban en el expediente y en las que, al parecer, nadie reparó, que no sabe de tasaciones municipales, pese a que desde hace 35 años es el director financiero de Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife. “Estamos acostumbrados a tasaciones privadas, nunca públicas. Así es como compramos”.