El presidente Clavijo y su sucesor en La Laguna prorrogaron contratos hasta 80 meses en contra de la Intervención
“Una prórroga sería contraria al ordenamiento jurídico al no ajustarse a lo dispuesto en la legislación de contratos y a lo estipulado por las partes”. Esta fue la frase más repetida por el interventor general del Ayuntamiento de La Laguna en sus informes contrarios a los 118 decretos de prórrogas de contratos de servicios públicos firmados en su gran mayoría por el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y por su sucesor al frente de la alcaldía lagunera, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria. Algunos contratos se prorrogaron por espacio de hasta 80 meses más de lo estipulado en la adjudicación inicial.
Así se recoge en la ampliación de la denuncia del caso Prórrogas entregada este lunes en el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna por el veterano concejal Santiago Pérez, que ya había denunciado una primera tanda de decretos en enero pasado dando lugar a la apertura de las diligencias previas 323/2018. Si en aquel momento Pérez había podido entregar en el juzgado 24 contratos y convenios con empresas que suponían un coste para las arcas municipales de algo más de 18,1 millones de euros, esta ampliación llega a 118 decretos por un importe que se aproxima a los 47 millones de euros. En total hay 81 empresas implicadas.
La información sigue llegando a los concejales de la oposición en La Laguna y alguna de ella ha dado lugar a la ampliación de esta denuncia por un presunto delito de prevaricación continuada de la que podrían ser autores los firmantes de los decretos por los que se levantaban los reparos del interventor general del Ayuntamiento para proceder a la concesión de prórrogas de contratos de servicios públicos ya vencidos y con sus ampliaciones agotadas. Si en la denuncia inicial se aportaron decretos correspondientes al periodo de marzo de 2015 a febrero de 2017, la ampliación abarca ahora los ejercicios 2013 y 2014, dos de los años de mandato de Fernando Clavijo en la alcaldía.
El actual presidente de Canarias firmó un total de 47 decretos contrarios a los criterios del interventor otorgando prórrogas, encomiendas, revisiones de precios y hasta procedimientos de apertura de procesos de contratación que el alto funcionario habilitado estatal consideraba contrarios a la Ley de Contratos del Sector Público. Su sucesor en la alcaldía y actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ha firmado en este periodo 48 decretos.
No son los únicos que aparecen mencionados en la ampliación de la denuncia. También firman decretos Agustín F. Hernández (14), Aymara Calero (1), Mónica Martín (1) y María José Castañeda (1), estas dos últimas concejalas del PSOE compartiendo gobierno con Coalición Canaria. Bajo la denominación de “alcalde accidental” aparecen siete decretos que completarían los 118 aportados al juez por el concejal de Por Tenerife.
El denunciante ha solicitado a la jueza instructora, Ana Serrano, que cite a declarar como testigo al interventor municipal y como investigados a todos los cargos municipales que han firmado decretos ampliando prórrogas.
En el caso de que la jueza apreciara indicios de delito en el comportamiento de Fernando Clavijo durante su etapa como alcalde, deberá remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, competente para investigar a las personas aforadas.
Fernando Clavijo se encuentra en un trance similar por el llamado caso Grúas, también en tramitación en los juzgados de La Laguna al detectarse irregularidades en la gestión del servicio municipal de retirada de vehículos. También en contra del criterio del interventor, Clavijo, el actual alcalde y el actual portavoz de CC en el consistorio prestaron dinero público a la empresa concesionaria del servicio y le ampliaron la concesión a pesar de incumplir con todas las exigencias legales. De la concesionaria se habían hecho cargo previamente siete trabajadores, algunos de los cuales mantenía relaciones personales con el alcalde Clavijo, según han confirmado en la instrucción. El concesionario original había denunciado previamente que el Ayuntamiento le retrasaba los pagos para perjudicar la buena marcha de la empresa.
