Los tribunales dan carpetazo al puerto deportivo de Tacoronte
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el carpetazo al proyecto del puerto deportivo de Tacoronte al rechazar el recurso presentado por el empresario José Ana Pérez Labajos, por el que solicitaba que se le indemnizara con un millón de euros. A través de su empresa, Parque Marítimo Guayonge, el promotor pedía que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario resolviera sobre la concesión del dominio público o si no que se le compensara.
El TSJC recuerda que no sólo el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Tacoronte se pronunciaron en contra del proyecto, sino que además se produjo una amplia oposición popular, por lo que finalmente el Ejecutivo autónomo se posicionó en contra de la iniciativa. El TSJC ratifica que el proyecto se sitúa en el Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo, tal y como viene determinado en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
El Ayuntamiento informó negativamente a la ejecución de la prevista red de infraestructuras viarias en cuanto que afectaría a la conservación de la Playa de la Arena y a la ejecución del refugio pesquero del Pris, actuación considerada prioritaria. La Corporación local estima que el nuevo trazado no está contemplado en el Plan General de Ordenación (PGO). El TSJC coincide con el empresario en que aunque los informes no son vinculantes, “tampoco existe ninguna obligación por parte de la administración de efectuar la concesión frente a informes disconformes de las demás administraciones implicadas”.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) a finales de 2006 publicó un anuncio de la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias donde se informó del inicio del periodo de exposición pública del proyecto y estudio de impacto ambiental de la concesión administrativa para la construcción y explotación del puerto deportivo y parque marítimo. Durante este período se llegaron a recibir más de dos mil alegaciones en contra de la iniciativa.
En aquel entonces el promotor aseguró que la playa de La Arena no se iba a ver afectada ya que toda la infraestructura se situaría en unos 60.000 metros cuadrados ganados al mar. También descartó que el puerto privado se planteara como un club para millonarios, sino que sería una instalación dirigida a la clase media.
Labajos planteó luego en los tribunales la quiebra de la confianza legítima, lo que dio lugar a que tuviera que hacer frente a numerosos y cuantiosos gastos. La negativa se basó en la campaña de oposición al puerto, lo que produjo un giro “diametral e inesperado” sobre la decisión de conceder la concesión. El TSJC, no obstante, a través de un fallo recurrible ante el Supremo, plantea que nunca existieron derechos consolidados y que tan sólo se dieron los pasos sucesivos.
Por lo tanto, los gastos se produjeron “a cuenta y riesgo” del promotor sin que el procedimiento garantizara el éxito. “Resulta imposible predecir desde el principio el éxito o el fracaso de la solicitud concesionada, con un estudio previo de todas las posibilidades de instrucción, que en cualquier caso le corresponderían también explorar al solicitante, pues estaban igualmente a su alcance”.
Los informes favorables sólo eran parciales y se descarta el argumento del empresario de que las administraciones ya conocían la ausencia de planeamiento territorial y que por lo tanto no se tendría que haber permitido la redacción del estudio de impacto ambiental en 2006. “La administración obró conforme a derecho, en tanto fue pidiendo a la actora todos los documentos ordenados como requisitos necesarios según el Reglamento y valoró finalmente en orden a todos los elementos en juego dentro de un marco de cierta potestad discrecional, sin infringir el ordenamiento jurídico”.
La construcción del puerto deportivo surgió hace ya casi una década y desde un principio se dio de frente con la oposición ciudadana, que se organizó a través del colectivo Tacorontesemueve, y las instituciones, aunque en este último caso en un primer momento apoyaron el proyecto. El Parque Marítimo en la Playa de El Camello, cerca de Mesa del Mar y Playa La Arena, fue presentado ante la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias en el año 2006 con el fin de conseguir una concesión.
El proyecto consistía en una instalación con capacidad para 500 atraques de embarcaciones deportivas, un parque marítimo con balneario, club náutico, piscina natural de 30.000 metros cuadrados y diversas modificaciones en los accesos a la zona, como la excavación de un túnel en el acantilado que forma parte del Paisaje Protegido Costa de Tacoronte y Barranco de Guayonge.
La movilización ciudadana realizó una campaña de recogida de firmas y logró presentar más de 5.000 alegaciones en las que se pedía al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Tacoronte y al Gobierno de Canarias que no se aprobara dicho proyecto por el grave impacto que supondría en la costa de Tacoronte, en un tramo protegido por sus valores ambientales. También otros colectivos como ATAN o Ben Magec y algunos partidos políticos, presentaron alegaciones. En 2008 finalmente se rechazó la solicitud de forma definitiva y cuando parecía que había sido descartada del todo el empresario retomó su intención de construir el puerto o en caso contrario recibir una indemnización.
De hecho, los colectivos ecologistas de Tacoronte sospechan que en un primer momento existió connivencia entre las instituciones públicas y el empresario para sacar adelante este macro proyecto. Sin embargo, luego el promotor se quedaría solo una vez que surgió la oposición ciudadana.
