Guillermo Reyes y José Luis Mena, investigados por amenazas a una empresaria de Telde
La jueza María Cecilia López, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, ha citado a declarar en calidad de investigados a Guillermo Reyes, concejal de Urbanismo de la Ciudad de los Faycanes entre 2003 y 2007 y edil en la oposición en la actualidad en las filas de Unidos por Gran Canaria; a José Luis Mena, exjefe de servicio de Urbanismo del Ayuntamiento en diferentes periodos, en prisión por otra causa, y a los funcionarios Gilberto Martínez y Miguel Lozano.
Según informa el digital Teldeactualidad, los cuatro investigados deberán comparecer en los juzgados de Telde el próximo 7 de septiembre a las 9.30 horas para responder a una denuncia formulada por una vecina de Lomo Magullo, María Pérez Martel, que los acusa de amenazas para cerrar la empresa familiar que regentaba durante el periodo en el que Reyes ejerció como máximo responsable de Urbanismo del municipio (2003-2007).
En la denuncia inicial, publicada en 2007 en Canarias Ahora, Pérez Martel señalaba directamente a Reyes y Mena como “los presuntos autores” del acoso que decía sufrir junto a su familia y afirmaba que estas personas estaban interesadas en sus propiedades. Según un escrito presentado en el Ayuntamiento de Telde el 26 de junio de 2006, Reyes -entonces concejal de Urbanismo- modificó en 2004 el Plan de Ordenación Urbanística aprobado en 2001, dejando fuera de ordenación la vivienda de María Pérez.
El Ayuntamiento de Telde defendió entonces que dos autos judiciales avalaban su decisión de clausurar la actividad de la empresa porque solo se podía desarrollar en áreas industriales y no en suelo rústico, situación en la que se encontraba, según el área de Urbanismo.
Hace ya diez años, en 2007, Pérez Martel explicaba que, aunque finalmente consiguió reabrir su negocio “tras muchos trámites y dinero”, “las amenazas y la extorsión” continuaron, llegando a aparecer pintadas en la fachada de su casa y las ruedas del camión de la empresa pinchadas.
Los cuatro investigados deberán responder por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsificación de documento público, estafa procesal y no custodia de documento público.
La causa ha sido reabierta tras una reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según la denunciante.
