La jueza archiva la investigación sobre los asesores de la alcaldesa de Mogán, cerrada antes de tiempo por un error

El Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé ha archivado la última pieza separada de las cuatro en las que se dividió la investigación original contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán– Coalición Canaria), por la presunta trama de compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019 en el municipio. La jueza no ve indicios de delito en los contratos menores adjudicados a dos asesores de la regidora. 

Esa investigación había sido cerrada en junio de forma prematura, después de que la jueza instructora admitiera que, a pesar de que había sido solictado en tiempo y forma, había dictado el auto de prórroga del procedimiento fuera de plazo y que, por lo tanto, no podía practicar las diligencias ya acordadas, que consistían en cuatro declaraciones testificales y la incorporación de documentación requerida.

Ha sido el propio Ayuntamiento de Mogán, a través de un comunicado, quien ha informado del archivo de una causa que atribuye a una “denuncia por prevaricación administrativa y tráfico de influencias” de la exconcejala de Nueva Canarias (NC) Isabel Santiago, aunque lo cierto es que esa pieza separada, al igual que las otras tres, se abrió a raíz de los informes elaborados por la Guardia Civil a partir de la documentación intervenida en un registro a las dependencias municipales en septiembre de 2020. 

La causa de los asesores se había abierto en mayo de 2022 e investigaba varias adjudicaciones. Por un lado, las concedidas a Rayco Guerra, contratista único de servicios veterinarios y de salud pública del Ayuntamiento entre 2015 y 2020, bien de forma directa o bien a través de su empresa familiar, Arpiplan. En ese lustro, percibió 276.000 euros, según la investigación policial. Guerra concurrió a las elecciones de 2019 en las listas de Ciuca (el partido en aquel momento de Bueno) y, al no obtener acta de concejal, fue nombrado meses después como asesor municipal, entre otras áreas, de Urbanismo. La Guardia Civil sostenía que había una “intencionalidad manifiesta” para beneficiarlo a través de contratos municipales, incluso fraccionándolos.

En el informe que dio origen a esta pieza separada, los investigadores también aludían a los contratos menores y sucesivos de asesoramiento urbanística adjudicados a Jesús Romero Espeja, quien fuera director general de Urbanismo o viceconsejero de Política Territorial en gobiernos de CC.

Según señala el Ayuntamiento de Mogán en el comunicado, la jueza concluye que en esas adjudicaciones no se vulneró la Ley de Contratos del Sector Público, que los motivos para contratar a los dos asesores “fueron criterios de mercado y cualificación técnica” y que esos procedimientos fueron revisados y comprobados “por técnicos del Consistorio”. Para llegar a esas conclusiones, la instructora tuvo que basarse en las diligencias que pudo practicar hasta enero, esto es, la declaración de los investigados, junto al informe remitido por la Guardia Civil.

En el auto de esa prórroga dictada fuera de plazo, la jueza señalaba que la prueba que quedaba por practicar era necesaria para “el total esclarecimiento” de los hechos denunciados por la Guardia Civil. Además de cuatro declaraciones testificales, se había solicitado la copia íntegra de los expedientes de contratación de los dos asesores y de la designación de Romero Espeja como miembro de la comisión de evaluación ambiental del municipio, así como en la sentencia que declaró improcedente el despido del anterior veterinario del municipio o la relación de trabajadores dados de alta y baja en la empresa familiar de Rayco Guerra.

Bueno celebra el último archivo

“Con esta quinta y última resolución se cierra la puerta a los reiterados intentos de Isabel Santiago de ganar en los juzgados lo que nunca ha logrado en las urnas”, señala Onalia Bueno en ese comunicado.

De esos cinco archivos, de momento dos son firmes. El primero es el que investigó la presunta trama de compra de votos, a la que se dio carpetazo por la prescripción de los hechos de 2015 y la falta de pruebas en la de 2019.

De las cuatro piezas separadas en las que se desgajó la trama original, ya es definitivo el archivo de la causa sobre la orden de desconectar el acceso remoto de la policía judicial a la documentación digital intervenida durante el mencionado registro de septiembre de 2020. Aparte de este último archivo del caso de los asesores, otros dos procedimientos han sido sobreseídos de manera provisional y se encuentran recurridos por la acusación popular que ejerce Isabel Santiago, exconcejala de Nueva Canarias. Uno de ellos, el de los sobresueldos a funcionarios afines al partido de la alcaldesa, está recurrido en reforma, ante el propio juez, por “falta de motivación” del archivo. El otro, que investigaba el presunto amaño de un proceso de mediación judicial para favorecer a un empresario con intereses en el municipio, está recurrido a la Audiencia Provincial entre otras cosas porque durante la instrucción no puedo prestar declaración la testigo principal, imputada por un error nunca enmendado.