La Justicia investiga seis presuntos delitos en la promoción de un parque comercial en el sur de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ha admitido a trámite una querella interpuesta contra el exdirector de Urbanismo del municipio, Victoriano Pérez, y el promotor de un proyecto destinado a construir un parque comercial y 300 viviendas en el sur de Gran Canaria, Carlos Javier Rial, a quienes se les acusa de hasta seis presuntos delitos cometidos a lo largo del procedimiento. La defensa del último de los acusados ha remitido un escrito al juzgado pidiendo que se inadmita la querella alegando abuso de la jurisdicción penal. Tanto el primero como el segundo de los investigados están citados para declarar el próximo viernes 6 de mayo.

Los querellantes, que han declinado hacer manifestación alguna, acusan al empresario Carlos Javier Rial, administrador único de Sonneland Inversiones SL, empresa promotora del Plan Parcial de El Hornillo que pretende levantar, entre otras cosas, un centro comercial (con Mercadona, Decathlon, McDonald’s y otros negocios) y 300 viviendas en una pieza de suelo de 175.000 metros cuadrados en la zona de El Hornillo-Sonneland, San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), de haber orquestado un plan “en connivencia con el Ayuntamiento” para dar luz verde al proyecto “a sabiendas que el expediente incumplía las normas de aplicación, incurriendo en manifiestas irregularidades”.

En la querella se denuncian una serie de hechos que fueron revelados por este periódico el año pasado. Los demandantes aseguran que la trama ha causado un perjuicio a las arcas municipales “por verse privadas del ingreso de 234.203,14 euros, resultandos beneficiarios de dicha falta de ingreso y de los derechos adquiridos, Sonneland Inversiones SL, y a la postre, la Junta de Compensación” del plan. A Carlos Rial y a Victoriano Pérez se les acusa de un delito continuado de prevaricación, de administración desleal, de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento privado, de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

La defensa del empresario ha pedido que la querella se inadmita “al estar conociendo de los mismos hechos el orden jurisdiccional civil y el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”. Consideran que se estaría haciendo un “abuso de la jurisdicción penal” y que los denunciantes “quieren explorar el orden penal con la no disimulada intención de paralizar la actuación administrativa al figurar como querellado el anterior jefe de urbanismo”, Victoriano Pérez.

Qué dice la querella

El documento detalla una serie de sucesos que la Justicia deberá dirimir en los próximos meses si son constitutivos de delito o no. Uno de los más relevantes tiene que ver con la tramitación de iniciación del proyecto, firmada el 28 de abril de 2017, en la que el promotor, Carlos Rial, asegura actuar en nombre y representación de las entidades mercantiles Sonneland Inversiones S.L. y Borneiriña S.L. así como del resto de propietarios incluidos en la unidad de actuación de la iniciativa.

En ese texto, a juicio de los querellantes, Rial falsea la información aportada atribuyéndose la representación del 100% de los propietarios del terreno de la unidad de actuación, “cuando en realidad representaba solo a la mercantil Sonneland Inversiones SL, propietaria única y exclusivamente del 27,4056% del suelo”. Entre esas personas, continúan, habría al menos cinco fallecidos. “A pesar de tales manifiestas irregularidades, Victoriano Pérez (…) admite la documentación, y la tramita y dicta resoluciones a sabiendas que no se ajustan a derecho”.

La defensa de Rial, en un escrito de 93 páginas, defiende que “se encuentran adheridos a la presente iniciativa de compensación propietarios que representan un 79,02% de la unidad reparcelable”, superando así el 70% exigido por ley.

Otro de los presuntos delitos cometidos habría provocado un menoscabo en las arcas públicas municipales al privarla de 234.203,14 euros, según defienden los demandantes. En este sentido, recuerdan que “el presupuesto total de los gastos de gestión y ejecución de la urbanización [de El Hornillo] es de 7.918.987,16 euros”, tal y como figura en la documentación añadida, y que, según dicta la ley, se debe aportar una garantía del 15% del total del coste de las obras, es decir, 1.187.848,07 euros.

Tanto la información facilitada a esta redacción por la defensa de Rial como la que aparece en la querella, revela que el aval presentado ante el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por Sonneland Inversiones asciende a 953.644,92 euros, el 15% de 6.357.632,81 euros, de ahí la “presunta connivencia”, dicen los querellantes, “de Victoriano Pérez con Carlos Rial, propicia en beneficio de los intereses privador de la Junta de Compensación”.

Por último, los querellantes, propietarios de una de las fincas afectadas por el proyecto, estiman que se ha cometido una “flagrante falsedad documental” en el documento Revisión del Proyecto de Expropiación, del Plan El Hornillo, fechado el mes de agosto de 2020, en el que se incluye a los antiguos titulares registrales de la parcela y no a ellos, “a pesar de tener constancia la Junta de Compensación” de una sentencia que les reconoce como legítimos dueños.

“El Ayuntamiento, obviando la sentencia, tramita la Revisión del Proyecto de Expropiación a sabiendas de que en el mismo se ignora a los legítimos propietarios, pues dispone de la sentencia, ya firme (…), desde el día 21 de noviembre de 2019”, expone la querella. Según la defensa de Rial, las pretensiones de los querellantes, estas son, “adherirse a la iniciativa urbanística” y “la nulidad de las asambleas de la Junta de Compensación”, ya han sido “satisfechas”, en virtud de un auto del 2 de febrero de 2022.