El presidente de Canarias declarará como investigado el 15 de marzo por el caso Grúas
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), tendrá que declarar como investigado el próximo 15 de marzo ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna (Tenerife) en relación con el caso Grúas.
Esta citación se produce después de que fracasaran todos los intentos del presidente canario de mantener la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que perdió las competencias el pasado noviembre al entrar en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía, en el que desaparece la figura del aforado para todos lo altos cargos gubernamentales y parlamentarios de la comunidad autónoma.
El caso Grúas nace tras la denuncia de dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna (Unidos Se Puede y Por Tenerife) tras detectar irregularidades en el servicio de retirada de vehículos en la vía pública durante el tiempo en el que Fernando Clavijo fue concejal de Seguridad y, posteriormente, alcalde de la ciudad de La Laguna. Además del presidente del Gobierno, están siendo investigados en la misma causa el actual alcalde, José Alberto Díaz, y el actual portavoz de Coalición Canaria en el consistorio, Antonio Pérez-Godiño.
Los hechos investigados se produjeron a partir del momento en el que el Ayuntamiento de La Laguna decidió privatizar el servicio de retirada de vehículos de la vía pública mediante un concurso que ganó Autogrúas Poli. A partir de esa adjudicación se suceden una serie de acontecimientos según los cuáles Fernando Clavijo colocó a la mayoría de la plantilla de la empresa que se hizo cargo del servicio, con algunos de lo cuales mantenía relación de amistad. Según la versión del empresario, el Ayuntamiento acogotó las finanzas de la empresa retrasando los pagos y le obligó a venderla a lo amigos de Fernando Clavijo. En la operación actuó como asesor de los trabajadores el socio del presidente canario en la gestoría administrativa que abandonó cuando entró en política.
La mala gestión de Autogrúas Poli fue catastrófica a partir de ese momento, lo que motivó una intervención por parte del Ayuntamiento, de un préstamo de 120.000 euros de la arcas municipales y una ampliación de la concesión hasta 2029, a pesar de que la empresa no cumplía con los requisitos legales y había perdido incluso su tarjeta de transporte. Todo ello en contra de los reparos del interventor del Ayuntamiento que fueron levantados por Clavijo. La empresa fue finalmente comprada por un euro por un empresario vinculado a Coalición Canaria, que es quien explota ahora ese servicio.
En agosto de 2018 la jueza de Instrucción de La Laguna Celia Blanco elevó al TSJ de Canarias una exposición razonada apreciando indicios delictivos en el comportamiento de Fernando Clavijo justo cuando en las Cortes se culminaba el proceso de aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que quedó aprobado en noviembre y que acabó con los aforamientos para los altos cargos y los parlamentarios de la comunidad autónoma.
Fernando Clavijo ha intentado en todo momento mantener la causa en el alto tribunal alegando que la supresión de los aforamientos fue sobrevenida. Dos resoluciones del TSJC que han contado con el voto particular contrario del presidente del órgano, Antonio Doreste, han dado al traste con esas pretensiones del investigado. Clavijo ha arremetido muy duramente contra la tramitación de su causa en el TSJC y ha llegado a acusar a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de operar en connivencia con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez oponiéndose a que el caso Grúas se viera en el tribunal que fuera de los aforados hasta noviembre.
