De los presuntos ‘chanchullos’ de un alcalde o la venganza de un secretario

De un concejal de Hacienda y Personal, luego alcalde, que no conoce a su nuera cuando la contrata el Ayuntamiento. De un abogado externo que gestiona, con un acuerdo verbal y sin contrato, las nóminas del Consistorio y que se empadrona en el mismo edificio que alberga la autoescuela del edil de Recursos Humanos. De un concejal de Urbanismo que no sabe por qué no ha pagado los impuestos municipales de su casa durante dos años ni la licencia urbanística. Y de un funcionario habilitado nacional, el secretario del Ayuntamiento, que decide sumarse al procedimiento judicial como acusación movido, según los investigados, por su sed de venganza tras ser inhabilitado por simultanear su cargo público con el desempeño particular de la profesión de abogado.

De todas esas piezas, y de alguna más, se compone el puzzle que se ha montado este martes durante la primera sesión del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas por una presunta trama de fraude fiscal y contratación de amigos, familiares y trabajadores afines al Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Brígida. En el banquillo de los acusados se sientan Antonio Díaz, alcalde de la villa de 2005 a 2007; Carlos Sánchez, concejal de Urbanismo de 1999 a 2003, y Adolfo Llamas, abogado que, según la Fiscalía, se embolsó cerca de 600.000 euros en cinco años (2002-2007) por prestar servicios al Ayuntamiento valiéndose de su amistad con el mencionado regidor, que anteriormente fue concejal de Hacienda y Personal.

El Ministerio Público pide para el exalcalde 16 años de cárcel por prevaricación, malversación de fondos, exacción de impuestos y falsificación de documento público. A Llamas lo acusa de un delito de malversación y solicita para él una pena de dos años de prisión, mientras que para Sánchez solicita nueve meses de cárcel por exacción ilegal de impuestos.

Aparte de la Fiscalía, ejerce como acción popular el funcionario Diego Suárez, denunciante del caso, y como acusación particular Marcelino López Peraza, que ocupó el cargo de secretario del Ayuntamiento entre 1998 y 2005. Díaz considera que este último es el verdadero urdidor de la denuncia y que actúa por venganza: “Cuando se enteró de que había mandado su expediente disciplinario a Madrid, me dijo que me iba a arruinar la vida, y así ha sido. Primero mandó a un funcionario y a los dos años y medio se personó”.

Asesor por un pacto verbal

Asesor por un pacto verbalTres son los hechos que se enjuician en este procedimiento. En primer lugar, la vinculación del abogado Adolfo Llamas con el Ayuntamiento. Según el fiscal Miguel Pallarés, Llamas ejerció como asesor jurídico del Consistorio de 2002 a 2007 aprovechándose de su amistad con Antonio Díaz. El letrado se encargaba de la gestión de los recursos humanos de la corporación y de su defensa en los procedimientos judiciales. Según reconoció el propio acusado en la vista de este martes, Llamas cerró un pacto verbal con el predecesor de Díaz en la Alcaldía de Santa Brígida, Carmelo Vega, recientemente fallecido, para cobrar 1.890 euros al mes por los servicios en el área de personal, 1.000 euros por cada pleito en el que representara al Ayuntamiento y 500 por recurso.

El Ministerio Público remarca en su escrito de acusación que en ninguno de los casos medió procedimiento administrativo de selección ni expediente de contratación y que el abogado cobró, con el beneplácito de Antonio Díaz, cifras muy superiores a los límites marcados en su acuerdo verbal con el anterior regidor, hasta los 4.185 euros mensuales (251.106 euros en total) por la gestión en materia de personal y 334.120 euros por la asistencia jurídica.

Tanto el exalcalde de Santa Brígida como el abogado han negado que mantuvieran una relación de amistad con carácter previo a la entrada del letrado en la corporación. “En 28 años años en el Ayuntamiento, jamás he contratado ni despedido a nadie”, manifestó Díaz. El regidor ha precisado que Llamas prestaba servicios jurídicos al Ayuntamiento desde 1996, época en la que ostentaba la Alcaldía Manuel Galindo, y que la decisión de contar con él en 2002 para la gestión de los Recursos Humanos se adoptó tras los problemas surgidos en las liquidaciones realizadas por la asesoría Asla, que presentaban un desfase que, según la versión manifestada por el exalcalde, comprometían las subvenciones que recibía el Ayuntamiento.

Llamas ha asegurado que conoció a Antonio Díaz cuando firmó el primer contrato con la administración local, en 1996, que siempre percibió lo que había pactado con el Ayuntamiento y que estas retribuciones figuran en un informe de la Agencia Tributaria fechado en mayo. “A veces pasaba juntas las facturas de dos o tres meses, por eso figuran pagos de 4.000 euros, es falso que haya cobrado eso mensualmente, una equivocación”, aseveró el abogado, que reconoció que tras el contrato de 1996, que expiraba al cabo de un año, no volvió a firmar otro. “Además de abogado, soy graduado social, era todo correcto”, ha insistido.

El asesor jurídico admitió que fue Antonio Díaz quien le puso en contacto con el propietario del piso donde acabaría empadronándose, situado en la planta superior de la autoescuela que administraba el exalcalde de Santa Brígida.

Contrataciones 'a dedo'

La Fiscalía también acusa a Díaz de haber influido, siendo concejal de Hacienda y Personal, en la contratación “arbitraria” por parte del alcalde Carmelo Vega de amigos y familiares suyos, entre los que se encontraba Encarnación Sierra, su cuñada. “En aquel momento no la conocía. Sabía que tenía tres nietos, pero no sabía quién era la madre. Hoy felizmente es mi nuera y lo asumo”, ha aseverado el exregidor, que ha explicado que en aquellos momentos estaba distanciado y no tenía contacto con su familia. “No tengo nada que ver con esas contrataciones, entraron no 3 (las que figuran en el escrito de la Fiscalía), sino 16 personas a trabajar en el Ayuntamiento porque se construyó un edificio nuevo, pero no las conocía de nada”, ha agregado.

Díaz formó parte de la mesa de contratación que adjudicó a Antonio Hernández, “amigo del alcalde” según la Fiscalía, el contrato de suministro de material informático por valor de 150.000 euros, una cantidad a la que sumó otros 136.531 euros que se corresponden a mandamientos de pagos efectuados por el Ayuntamiento mediante la expedición de talón y al margen del concurso. “Antonio Hernández nunca trabajó para la autoescuela. Sólo le compré un programa, pero diez años antes de llegar al Ayuntamiento”, ha asegurado el exalcalde, que descarga toda la responsabilidad sobre ese dinero adicional en los técnicos y en el área de Intervención del Consistorio, aunque reconoce que el adjudicatario facturaba aparte los consumibles.

Libres de impuestos

Por último, la acusación señala que Antonio Díaz actuó en connivencia con Carlos Sánchez para ordenar a la empresa que se encargaba de la recaudación municipal de tributos en la villa satauteña, Mungest, que no reclamara el pago de impuestos ni al alcalde, ni a su empresa, ni al concejal de Urbanismo. “Mungest retenía los expedientes referidos a estas personas en vía ejecutiva”, sostiene la Fiscalía, que subraya que el Ayuntamiento “no ha podido cobrar nunca” el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un solar en el que Díaz figura como titular ni el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la autoescuela, salvo en los ejercicios 2001 y 2002.

Sánchez tampoco pagó los tributos municipales (IVTM, IBI y licencia urbanística) entre 2002 y 2004, aunque saldó su deuda entre 2005 y 2007. La orden verbal dictada a la empresa municipal para retener los expedientes fue revocada en junio de 2004 por la tesorera del Ayuntamiento, Ana María Ortega.

“No soy un analfabeto, tampoco un lumbreras, pero sabía que no lo podía hacer. ¿Cómo voy a estar por encima de la ley? Lo único que hice fue negociar el cobro, dosificarlo, que se pagara a plazos. Nunca me beneficié ni traté de ayudar a nadie”, ha aseverado Díaz, que ha añadido que el solar era de su suegro.

“Jamás hablé con ningún compañero para que no se pagaran los tributos. Es materialmente imposible”, ha defendido el exconcejal de Urbanismo Carlos Sánchez, que ha recordado que durante la instrucción se demostró que esos cobros se tramitaron por la vía ejecutiva, lo que, a su juicio, contradice la versión de la orden. El también exportavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria ha remarcado que el Ayuntamiento de Santa Brígida le adeuda más de 30.000 euros por procedimientos judiciales que fueron archivados: “Parece absurdo que supuestamente urdiera una trama para evadir impuestos cuando me deben diez veces más de lo que me reclaman”.