El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumba la petición de una asociación para suspender el certificado COVID
LaSección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, ha denegado la medida cautelar provisionalísima reclamada por una asociación contra la resolución de la Consejería de Sanidad que el pasado 22 de diciembre estableció la exigencia del certificado COVID para entrar algunos establecimientos de las islas.
La Asociación Eleuteria pedía que se suspendiera la norma “inaudita parte” (es decir, por razones de máxima urgencia y supuesta vulneración de derechos fundamentales, sin dar trámite de la audiencia a la administración) de la solicitud del certificado COVID en espacios abiertos y en gimnasios (o en todo caso, en centros de entrenamiento personal). Sin embargo, la Sala no aprecia “en modo alguno la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que justifiquen la adopción de la medida cautelar solicitada”, es decir, no hay razones para suspender la exigencia del certificado COVID.
Según fuentes judiciales, la Sala se ha pronunciado de idéntica manera en respuesta a la misma petición por parte de un particular.
La administración autonómica demandada tiene ahora un plazo de diez días para formular alegaciones sobre la falta de legitimación activa de la asociación recurrente. Sobre este auto del TSJC no cabe recurso.
La Asociación Eleuteria está vinculada a la Asociación Liberum, que pidió también el pasado verano medidas cautelarísimas contra el certificado COVID y los aforos limitados en la hostelería y locales de apuestas en los niveles de alerta 3 y 4 en Canarias y a quien el TSJC (la Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife) dio la razón.
La Asociación Liberum, tal y como aparece recogido en su página web, “nace con el propósito de restaurar los derechos y libertades que nos han sido usurpados en el transcurso de la pandemia de la COVID-19, y lo hace con vocación de perpetuar su labor por los derechos humanos”. Según los datos disponibles en esa página, tiene delegaciones en País Vasco, Galicia, Cantabria y “próximamente” en Madrid. Nada aparece respecto a las Islas Canarias.
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