El TSJ de Canarias abre juicio oral al juez Alba, le añade un quinto delito y le impone una fianza de 85.000 euros
Un juez en el banquillo de los acusados. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decretado la apertura de juicio oral contra Salvador Alba, acusado de cinco delitos por una serie de actuaciones encaminadas a perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell y a favorecer la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria, exministro de Industria, expresidente del PP canario y rival político de la jueza en las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015.
La instructora, Margarita Varona, añade un delito, el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, a los cuatro que figuraban en el auto de transformación en procedimiento abreviado: prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho y revelación de secretos. Además impone una fianza de 85.000 euros al juez, que deberá pagar en un plazo de 24 horas, para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que pudiera incurrir. Rosell, que ejerce de acusación particular en la causa en calidad de víctima, pide una indemnización de 80.000 euros.
Las diligencias contra Alba se abrieron en mayo de 2016 a raíz de unas grabaciones aportadas por el empresario Miguel Ángel Ramírez, al que investigaba por fraude fiscal. Esos audios desvelaron que el juez preparó en esa reunión, celebrada en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, una declaración judicial del presidente de Seguridad Integral Canaria que nada tenía que ver con la causa que instruía contra él. El objetivo de esta conspiración era incriminar a la jueza por las supuestas relaciones comerciales entre Ramírez y la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora.
El TSJC envía a juicio a Salvador Alba sin que el magistrado haya dictado la sentencia de una de las mayores tramas de corrupción de las islas, el caso Faycán, con un total de 28 acusados (21 de ellos arrepentidos), entre los que se encuentran dos exalcaldes del municipio de Telde, Francisco Valido y María del Carmen Castellano, ambos del PP. El TSJC había eximido al juez del reparto de asuntos en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas hasta el pasado 1 de mayo para que se pudiera dedicar en exclusiva a redactar la resolución de ese procedimiento.
Fuentes oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han informado este miércoles a Canarias Ahora que el auto de apertura de juicio oral no ha llegado aún al órgano de gobierno de los jueces. El TSJC debe remitir esta resolución para que un órgano técnico del CGPJ elabore la propuesta para suspender en sus funciones al juez, una decisión que, en último término, corresponde a la Comisión Permanente. Este órgano, compuesto por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y por otros siete magistrados, se reúne cada jueves, pero la situación de Salvador Alba no figura en el orden del día de la sesión de esta semana.
Si Alba es suspendido antes de dictar la sentencia del caso Faycán, el TSJC, según ha explicado en una nota de prensa, “adoptará la resolución que proceda” e intentará evitar la repetición del juicio.
Como informó Canarias Ahora un día antes del inicio del juicio del caso Faycán, la designación de Alba como presidente del tribunal y ponente de la sentencia había generado numerosas incertidumbres en el procedimiento, ante la posibilidad de que fuera apartado en medio de la vista (estaba previsto que las sesiones se prolongaran hasta el 31 de mayo, aunque finalmente concluyó en marzo) o antes de que dictara la resolución.
Hasta trece años y medio de cárcel
La Fiscalía pide para el juez ya procesado una pena de diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el cargo, además de una multa de 40.500 euros y una indemnización, aún sin cuantificar, para Victoria Rosell por los daños morales ocasionados. La jueza, acusación particular, reclama para Alba trece años y medio de prisión, 41 de inhabilitación, 118.000 euros de multa y 80.000 de indemnización. También figuran como acción popular en la causa Podemos, partido con el que se presentó Rosell como independiente en las listas a las generales de 2015, y el periodista Carlos Sosa, pareja de la jueza, que piden penas que oscilan entre los doce años y trece años y tres meses de cárcel, 39 años y medio de inhabilitación y multas que van desde los 103.000 a los 135.000 euros.
El auto decreta el archivo provisional del delito electoral, del que le acusaba Podemos. Rosell se vio obligada a renunciar a presentarse de nuevo a las elecciones generales de junio de 2016 después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella -finalmente archivada- que contra ella había presentado José Manuel Soria. En esa decisión del alto tribunal español fue clave la remisión por parte de Alba de un informe que, según las acusaciones, contenía numerosas falsedades. Sin embargo, la instructora no aprecia ninguna conducta imputable al juez en relación a este delito.
