Ascan dará batalla contra la resolución del contrato de basuras y anuncia querellas y una reclamación de tres millones

Si alguien pensaba que Ascan-Geaser iba a quedarse de brazos cruzados mientras el Ayuntamiento de Santander le quitaba la gestión del servicio de recogida de residuos de la capital y se lo daba transitoriamente a Cespa estaba equivocado. Ahora de forma oficial, después de guardar silencio durante meses, el ya exadjudicatario del servicio anuncia que dará batalla en todos los frentes para defender sus derechos contactuales, indicando que, en todo caso, la situación de suciedad de las calles de la capital cántabra es imputable a la Corporación santanderina que redactó en 2012 un pliego de condiciones que contemplaba una sustancial reducción del personal adscrito, lo que ha acabado haciéndose sentir con el paso de los años.

Santiago Díaz Zavala, presidente del Grupo Sadisa, y Rubén Varela, director de Servicios del mismo grupo en el que están inscritas las empresas Ascan y Geaser, han comparecido públicamente este viernes para anunciar la interposición de dos querellas a sendos altos funcionarios municipales (el interventor general y la responsable del departamento de Desarrollo Sostenible), y una tercera a un cargo de confianza, en este caso, la directora general de Medio Ambiente.

También han anunciado recursos por vía administrativa a la decisión de la Junta de Gobierno de otorgar por procedimiento de emergencia la recogida de basura a Cespa a partir del 11 de noviembre, la posible ampliación de la querella criminal a todos los integrantes de dicha Junta por un presunto delito de prevaricación y la demanda de tres millones de euros al Consistorio si este quiere que Cespa reciba el material que se usa para la recogida de residuos.

Díaz Zavala ha querido expresar la “indignación” por el trato que ha recibido Ascan-Geaser tomándose una decisión que pone en delicada situación a las empresas y que se arrastra desde 2019. A su juicio y a juicio del responsable de Servicios del grupo, hay una intencionalidad política que subyace a las decisiones técnicas; una decisión política que se remontaría a las elecciones municipales de ese año en que se inicia la interposición de sanciones a la empresa por el nuevo equipo de gobierno PP-Ciudadanos.

Para el presidente del grupo, la pérdida de mayoría absoluta del Partido Popular es el detonante de la situación; el hecho de que la concesión expire después y no antes de las elecciones de 2023 habría llevado a tomar la decisión, aunque no la imputa a nadie en concreto, de apartar a Ascan de la concesionaria para controlar quién sería el nuevo adjudicatario antes y no después de las próximas elecciones.

Díaz Zavala ha hecho hincapié en que Ascan es una empresa “española y cántabra”, lo que a su juicio contrasta con el trato que el Ayuntamiento ha dispensado a dos concesionarios de servicios que son multinacionales: el de Parques y Jardines y el de Aguas. Al primero, el Ayuntamiento está prorrogando mes a mes el servicio una vez expiró la concesión y con Aqualia estudia el reequilibrio financiero ante el potencial perjuicio derivado de la gestión. “Es increíble el trato vejatorio que hemos recibido en contraste con otras empresas que son de capital extranjero”, ha comentado Díaz Zavala. “Nos defenderemos dentro de la legalidad”, ha añadido.

Querellas, recursos, reclamaciones

Rubén Varela ha detallado esos movimientos dentro de la legalidad. Por de pronto, y antes de que se otorgara a Cespa el servicio de manera provisional hasta que haya un nuevo adjudicatario, se ha presentado querella contra dos técnicos y un cargo de confianza municipales por los informes que han llevado a la resolución de la contrata y sobre todo por el informe de la Intervención que evaluaba en siete millones de euros el quebranto para las arcas municipales de los incumplimientos del contratista en sus obligaciones. Dicho informe Ascan entiende que sale de la mano de la directora de Medio Ambiente y lo firma el interventor.

El Ayuntamiento de Santander lleva descontando 7.000 euros diarios desde hace 16 meses de las liquidaciones que le gira Ascan por la prestación del servicio. Son ya más de tres millones de euros que, aunque se recurra judicialmente mes a mes el descuento, compromete las cuentas de la contrata en un 20% aproximadamente. Asimismo, y según el relato de Varela, es considerado un acto “delictivo” la resolución de la contrata por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 11 de este mes. Como la querella a los técnicos data de cuatro días antes, los servicios jurídicos de Ascan evalúan ahora si ampliarla incluyendo por esta decisión a todos los miembros de la Junta de Gobierno, tanto de PP como de Cs.

También está bajo la lupa de la empresa la adjudicación con carácter de emergencia del servicio de recogida a Cespa. Ascan no tiene el expediente por el cual se procedió a este encargo pero sí considera que la declaración del procedimiento de emergencia no está justificado, ya que ni corre riesgo la seguridad nacional, ni hay una catástrofe, ni el requisito de situación de peligro se cumple. Al tramitarse con carácter de emergencia se adjudica a dedo, lo que implica que los miembros de la Junta de Gobierno pudieran haber incurrido en un delito de prevaricación. Esta adjudicación por 16,5 millones de euros conllevará un recurso de Ascan por la vía de lo contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares para que el relevo en el servicio no se produzca el 11 de noviembre; así como la potencial ampliación de la querella antes mencionada.

Según Ascan, Cespa finalmente acabaría asumiendo el servicio hasta el 31 de agosto de 2023 que es cuando expira la contrata y debiera entrar en juego un nuevo adjudicatario debidamente elegido. Ello hará que el dinero que finalmente ingrese Cespa se eleve a 30 millones de euros hasta 2023. Echando cuentas, según Ascan “la decisión le va a salir cara al Ayuntamiento”, pese a que en teoría se ahorre con Cespa 900.000 euros anuales. Para Varela, el cálculo no incluye la parte proporcional de la inversión en maquinaria y en dispositivos como Smart City, 1,5 millones de euros prorrateados anualmente “por lo que ayuntamiento va a acabar pagando 600.000 euros más al año”.

La cuestión de fondo, la deficiente limpieza de la ciudad, es para Ascan resultado de una decisión del Ayuntamiento de Santander cuando ofertó el servicio. Cespa, la empresa que no resultó ganadora del concurso pero que presentó oferta, planteaba la rescisión del contrato de 65 trabajadores desde el primer momento. La opción de Ascan, según Varela, ha sido la amortización de plazas por jubilación: 10 anuales que a los 6 años redujo la plantilla en 60 trabajadores. De ahí el deterioro del servicio. “Echan la culpa a la empresa de una situación que han ocasionado ellos”, ha valorado el director de Servicios.

“Esto al Ayuntamiento le va a costar varios millones”, concluye Rubén Varela, quien considera que su empresa puede reclamar los perjuicios por la interrupción del contrato, por no poder recuperar los sobrecostes que tuvieron al inicio de la contrata. Por de pronto, la batalla va a continuar con el relevo en la entrega de maquinaria. Si no hay medida cautelar previa que pare la concesión temporal a Cespa, Ascan ya reclama al Ayuntamiento tres millones de euros, la parte proporcional de la inversión en maquinaria, “para quedarse con el material”.