UGT denuncia la situación de los profesores de la educación concertada

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado la situación que los profesores de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional llevan arrastrando durante años en la educación concertada, y es que a pesar de que en 2008 se firmó un acuerdo de homologación entre ambos modelos educativos financiados por la Administración, hay puntos que siguen causando estragos entre estos docentes.

Así, Araceli Bravo, responsable regional de Enseñanza Concertada en UGT y profesora de Matemáticas de la concertada desde hace 25 años, considera que hay un punto especialmente “injusto” en el planteamiento actual de la docencia, que a su juicio pasa por la jornada lectiva.

Según explica, la jornada de los docentes se reparte en varios tipos de horas de trabajo: las horas lectivas, que son aquellas que imparten en un grupo, es decir, las horas de clase; la segunda, las horas complementarias, que van asociadas a esas lectivas y que incluyen la preparación de las clases, la corrección de exámenes, la atención de los alumnos, la coordinación o las reuniones con los padres y madres; y la tercera parte es la única que no requiere de presencia en el centro, y es aquella que el docente desarrolla en su casa porque se entiende que con las horas complementarias no es capaz de llegar a todo.

Por tanto, tal y como explican desde el sindicato, el problema actual de la docencia de la concertada radica en esas horas lectivas, que “superan en un 40% a las que se desarrollan en los institutos públicos”. La cuestión, según señalan, es que son precisamente esas horas las que generan que el trabajo aumente, ya que obligan a trabajar con cerca del doble de clases y de alumnos, sin contemplar más horas complementarias. 

“Además, los profesores de los centros concertados no cobran lo mismo que los de la pública, sino que obtienen un 90% del sueldo de los segundos a pesar de que trabajan dentro de la Ley como enseñanza pública”, aunque unos de titularidad directamente pública, y otros de titularidad privada pero con conciertos educativos.

“El salario tampoco es algo que nos preocupe en exceso, pero claro, si en la pública hay 18 horas lectivas y nosotros tenemos 25, al final estamos cargando con más jornada y sin tener equiparado el salario”, señala, asegurando en todo momento “que no se trata de enfrentar a la concertada y a la pública, sino de dignificar las condiciones de los primeros”.

Por otro lado, Bravo cuenta cómo uno de los problemas que se están encontrando estos docentes es no llegar a cumplir con esas 25 horas lectivas en ningún centro debido a que imparten asignaturas no troncales como Música, Plástica, Educación Física o Francés: “Estamos viendo casos de profesores que tienen que ir a tres centros diferentes para dar clase porque no llegan a esa jornada completa, e imagínate la carga que supone posteriormente tener multiplicada todavía más esa sesión de evaluación o esas correcciones de exámenes”, asevera.

De igual forma, la docente y sindicalista recuerda que desde la Consejería de Educación se ha establecido un marco regulatorio en el que los docentes de la pública tienen que cumplir con 18 horas lectivas como máximo “porque es lo correcto e imprescindible para asegurar la calidad y lo que avala que todo funcione”. “Entonces, ¿qué es lo que cambia en la concertada? Los alumnos son los mismos, en número y en cualidades”, recalca.

Respecto a esta cuestión, la docente advierte de que la imagen que se tiene de la concertada en muchos casos sigue siendo equivocada ya que, por un lado, no es una educación privada y “debería ser gratuita”“, y, por otro, que el tipo de familia que va suele tener recursos y eligen esos centros concertados por algún motivo. ”Hay colegios concertados de obra social y colegios concertados con las mayores tasas de inmigración o de necesidades especiales de Cantabria. Hay alumnos con una situación económica alta y alumnos con una situación económica baja“, especifica.

Asimismo, destaca que la preparación de los profesores es idéntica, ya que sigue habiendo muchos docentes en la pública que tampoco han sacado su plaza y simplemente se encuentran en la bolsa de empleo: “Yo también he podido irme a la pública, claro. He estado arriba de las listas en varias ocasiones pero estoy contenta en mi colegio y alguien tendrá que dar clase también a estos alumnos, ¿no?”, señala. Por otro lado, afirma que la solución “no puede pasar” porque todos los docentes acudan a la educación pública: “No es una solución, pero entiendo a los compañeros que optan por eso”.

Precisamente, sobre ello reconoce que ha visto decenas de casos de trabajadores con “muchísima carga de estrés” que terminan renunciando a sus puestos incluso por entrar a lo público con un contrato de media jornada debido a que, aun así, “las condiciones mejoran muchísimo”: “No dejamos de ser trabajadores, y trabajadores pagados con el dinero de la Consejería, o sea, con el dinero de todos, así que teniendo en cuenta que realizamos un trabajo igual, se nos debe tratar de la forma más similar posible”, sentencia.

Por último, Bravo recuerda que UGT es la segunda fuerza sindical dentro de la concertada y que fue este sindicato el que promovió el pago delegado, el acuerdo de 2008 que consiguió la homologación: “Queremos aumentar la representatividad porque solo con quejarse no vale. Se pueden cambiar las cosas, pero si ya se sabe que desde la UGT se está pidiendo esto, y como trabajador sigues apoyando a quien no lo exige, estás reforzando que no te lo den”, asevera, antes de enfatizar que la defensa de la educación pública“no es incompatible” con querer mejorar la situación de “unos compañeros que también son trabajadores y representan aproximadamente un tercio de los docentes de Cantabria”.