Más cara, más turística, más desregulada: Santander suma un nuevo año mirando a otro lado para no intervenir en el mercado del ocio y la vivienda

Al Partido Popular de Santander no es que la mayoría absoluta no le siente bien, es que parece que es suya. Gema Igual, alcaldesa de la ciudad, concluye en 2024 su segundo año de legislatura sin quebraderos políticos dada su mayoría holgada de concejales y ha podido devolver, sin los compañeros de viaje de otras legislaturas, a la senda de la normalidad presupuestaria, con unas cuentas aprobadas en plazo y en las que el PP ha hecho y deshecho a su antojo.

Con 234 millones a su disposición en 2025, según las cuentas aprobadas estos días, el PP dará continuidad a un proyecto que año tras año da muestras de agotamiento -repetición de buenos propósitos, ausencia de grandes proyectos estratégicos-, pero que se ve apuntalado por un Gobierno de Cantabria con el que está en sintonía para sacar adelante los grandes museos en esta suerte de 'Santander a la malagueña' que supone la decisión tomada de vincular el futuro de la ciudad con la oferta de turismo cultural, que tan buenos resultados económicos ha dado a la ciudad andaluza. El Museo de Prehistoria de Cantabria (Mupac), Faro Santander (museo de la entidad financiera) y el Centro Asociado del Reina Sofía son tres gigantes de la museística que abrirán sus puertas coincidiendo con el cierre de legislatura y la próxima cita electoral.

En esta dinámica de imprimir año tras año más vueltas de tuerca para convertir la capital de Cantabria en una 'ciudad de oportunidades' vinculada con el ocio y las inversiones, este año termina sin pena ni gloria, huérfano de un debate político real con una oposición impotente para forzar la situación y una falta de transparencia real en las tripas de la maquinaria administrativa, más allá del marketing político de las visitas diarias y las ruedas de prensa inanes de los gobernantes.

En connivencia con el Gobierno de Cantabria, férreo defensor de la lógica del beneficio y, en este contexto, de la subordinación de lo público a los intereses privados, Santander no ha dado respuesta en el último año al gravísimo problema de la vivienda, que ha hecho eclosión entre las clases menos favorecidas y las generaciones más jóvenes. Tampoco al de la movilidad, en donde el Consistorio se muestra, si no insumiso, sí muy perezoso en acatar la ley; ni el del empleo, que poco más allá va del sector servicios.

Si hay un problema urbanístico, la apertura de vivienda turística es la mejor fórmula -la regidora Gema Igual dixit- para regenerar los barrios; si el metro cuadrado de vivienda, de compra o alquiler, se ha disparado, la respuesta es construir un par de centenares de pisos protegidos y no regular más en una confianza ciega en que el mercado se regula a sí mismo. Por supuesto, nada de reparar la memoria de las víctimas del franquismo para así “no reabrir heridas” que nunca cicatrizaron y de paso comprarle el relato a la extrema derecha.

El Ayuntamiento de Santander se ha instalado en el laissez faire, en dejar que las cosas sigan su curso y, si salen mal, echarle la culpa a otra Administración de diferente color político, caso del Gobierno de España. Ello no quita para que en ocasiones el error sea clamoroso, como ha ocurrido con el aparcamiento disuasorio de El Sardinero, que finalmente no se hará al no aceptar el Ministerio de Transportes la reforma del proyecto que lo cambiaba por completo y, por lo tanto, provoca la pérdida de la financiación europea.

La vivienda como inversión

Santander, como otras capitales españolas, puede morir de éxito, dada la demanda constante de pisos tanto para segunda residencia como para alquiler temporal en temporada turística. Es el boom del alquiler el que genera el efecto perverso de dificultar el acceso a una vivienda de los residentes con poder adquisitivo a escala cántabra.

La demanda de vivienda de segunda mano por las inmobiliarias, ante la falta de vivienda nueva para sacar al mercado, revela ya el carácter netamente turístico de la oferta santanderina, una especie de parque temático del ocio, un resort vacacional con hoja de precios adaptada al poder adquisitivo de las autonomías más ricas, panacea de inversores, en especial grandes tenedores atraídos por la alta rentabilidad del negocio del alquiler en todas sus facetas.

Ello produce un efecto de arrastre en el conjunto de la sociedad, que se incorpora al boom del alquiler como arrendadores con entusiasmo, mientras los potenciales arrendatarios se las ven y se las desean, lo que generan tensiones, aunque la alcaldesa del PP no quiera ni oír hablar de declarar a la ciudad 'zona tensionada', lo que permitiría regular los precios.

La vivienda como bien rentabilizable o máquina de hacer dinero sin crear nada a cambio es una política impulsada directamente desde el Gobierno de Cantabria, que ha repetido hasta la sociedad que toda vivienda cerrada es una oportunidad de negocio perdida y si hay 50.000 cerradas en Cantabria es por la sencilla razón del temor de los propietarios a que sean okupadas (léase: inquilinos que dejen de pagar por los motivos que fueren).

El propio Ejecutivo autonómico ya ha declarado que convertirá en viviendas locales de su propiedad en bajos y promociona la construcción en medio rural y la reconversión de usos comerciales en residenciales por los ayuntamientos. Como ha dicho el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP): “La propiedad privada es sagrada”. El resultado es que la ciudad ni está interesada en topar los alquileres con la nueva Ley de la Vivienda en la mano, ni en declarar zonas tensionadas ni en aplicar medidas correctoras.

A ello hay habrá que añadir, aunque aún no hay datos elocuentes todavía, la consecuencia que acarreará el efecto llamada de la reforma fiscal del PP para 2025 que incentiva la radicación en Cantabria de inversores, un clonaje del dumping fiscal con el que Madrid lleva atrayendo a grandes fortunas e inversores a su Comunidad en los últimos 20 años. En Cantabria, como en Madrid, uno de los condicionantes para acogerse a los beneficios fiscales es radicar el domicilio durante un determinado tiempo, bajar impuestos, lo que beneficia más a quien más tiene, a cambio de empadronarse. De ahí la contradicción que pueda darse de una ciudad como Santander cada vez con más ricos y al tiempo con amplias capas de población que llegan a trancas y barrancas a final de mes.